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¿ES POSIBLE TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EXISTENTE A TRAVÉS DEL ESTADO?

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Por largo tiempo se ha planteado la interrogante de si existe la posibilidad de transformar efectivamente el modelo de sociedad existente a través del Estado liberal burgués. En esto han coincidido quienes -sin desdeñar por completo el pasado- aspiran a que el tipo de sociedad en que viven evolucione de alguna forma a un estadio superior de convivencia, garantizándoseles a todos las mismas oportunidades de progresar; mientras otros, más revolucionarios, tienen como objetivo central de su pensamiento y de sus acciones la erradicación del orden establecido, sustituyéndolo por uno donde existan mayores niveles de equidad, de democracia y de autogestión económica.

En la práctica, entre finales del siglo pasado e inicios del presente, muchos de los gobernantes progresistas y/o izquierdistas de nuestra América apostaron a que se abría en el horizonte un nuevo grado de madurez de la democracia, unido a la posibilidad de alcanzar un desarrollo económico compartido mediante la implementación de acuerdos y la creación de organismos de integración regionales. Gran parte de los mismos comenzaron a divulgar la tesis gracias a la cual habría una mayor inclusión social, elevando los niveles de bienestar material de vastos sectores de la sociedad que hasta entonces permanecieron largamente excluidos, al mismo tiempo que se les garantizaba una participación más efectiva en el ámbito político; lo que les estimuló a constituir estructuras de carácter comunitario con alguna incidencia de importancia en el orden económico (buscando crear alternativas al capitalismo), pero más -básicamente- en lo político (adquiriendo así un papel más activo y protagónico) y en lo social (organizándose de forma suficientemente autónoma).

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos posteriormente en Ecuador, Brasil y Bolivia (tres de las naciones, cuyos gobiernos marcaron huella en esta dirección, a las que se suma Argentina con el paréntesis del régimen derechista último) obligaron a muchos teóricos y analistas a hacer un alto en sus reflexiones acerca de lo que sería en nuestra América una revolución de carácter altamente democrático, inclusiva, anticapitalista y antiimperialista; dada la nueva situación creada por los gobiernos de estas naciones al actuar en estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos para desmantelar de forma absoluta lo logrado por los sectores populares durante esta etapa histórica. En estas reflexiones, pocos han admitido el limitado o nulo avance en cuanto a los cambios estructurales que debió sufrir el Estado, lo que facilitara que se produjera el golpe de Estado contra Evo Morales y, bajo una modalidad legalista ya aplicada en Honduras y Paraguay, contra Dilma Vana Rousseff en Brasil; sin excluir los procedimientos judiciales aplicados a Luiz Inácio Lula Da Silva, en el mismo Brasil, y a Rafael Correa, en Ecuador, con la finalidad de excluirlos definitivamente del ámbito político. Otro tanto podría decirse respecto a Venezuela donde, a pesar del control del estamento gubernamental e institucional ejercido consecutivamente por el chavismo desde hace veinte años, aún se mantienen intactas las viejas prácticas clientelares y la corrupción administrativa en diversos niveles, afectando significativamente lo referente a la constitución de un verdadero poder popular, cuyas decisiones y acciones sean plenamente soberanas frente a los cinco poderes públicos constituidos. En este último caso, los sectores de la derecha, tanto la tradicional como la emergente -apadrinados por el imperialismo gringo junto con regímenes de la región y de Europa occidental- han tratado de aprovecharse, sin mucho éxito, de los desaciertos, del descontento y de las fisuras dentro del chavismo, creando falsas o ilusorias expectativas en relación con la inminente caída de Nicolás Maduro; evidenciando de este modo un vasto desconocimiento de la idiosincrasia y de la historia de luchas del pueblo venezolano al aplicar las estrategias y las tácticas diseñadas por Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de este país.

En todos los casos que puedan evaluarse no ha bastado con arrebatar a los sectores dominantes la maquinaria del Estado y tratar de servirse de ella para cumplir los objetivos trazados en beneficio de los pueblos si la justicia social y la democracia participativa no se hacen elementos sustantivos de la mano del pueblo, lo necesario para producir y protagonizar las transformaciones estructurales que aseguren su emancipación integral en una sociedad de nuevo tipo, más equitativa que la presente. La transformación de la sociedad tendría que producirse al mismo tiempo que la total transformación del Estado, de otro modo se repetirá el ciclo de experiencias fracasadas que registra la historia. - 

 

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