EL CHAVISMO Y EL «SUEÑO DE LA REVOLUCIÓN» DE LOS 60

 

Homar Garcés

El sistema democrático representativo surgido del pacto interpartidista de Punto Fijo mantuvo entre la población venezolana -por espacio de cuarenta años ininterrumpidos, valga recordarlo- la ilusión de la democracia, de la igualdad y del progreso hasta que, en 1999, con la aprobación de una nueva Constitución y un nuevo gobierno, presidido por Hugo Rafael Chávez Frías, se comenzaron a producir los cambios institucionales que -desde los mismos estamentos dominantes puntofijistas- venían planteándose como fórmula para impedir el desgaste creciente y definitivo de las estructuras hasta esos momentos vigentes. Presionadas a adoptar las medidas de ajuste económico presentadas por el Fondo Monetario Internacional y a abandonar cualquier esbozo de políticas que supusiera el ejercicio de la soberanía del país ante las exigencias de los acreedores internacionales, las clases dominantes echaron por la borda la exigüa confianza que le tenían los sectores populares, lo que se manifiesta con su reacción violenta y espontánea en las calles el 27 de febrero de 1989 y que fue reprimida indiscriminadamente, a sangre y fuego, por las Fuerzas Armadas Nacionales; acusando a las principales organizaciones de la izquierda subversiva de alterar el orden establecido, lo que hizo revivir las aspiraciones derrotadas de muchos de los participantes en la guerra de guerrillas de los lejanos años sesenta y setenta.

Alrededor del mundo, como se ha hecho visible a través de la historia, las alternativas para una vida plena y sin exclusión de ningún tipo son constantemente frenadas y reprimidas por las cúpulas políticas y económicas hegemónicas, lo que provoca tumultos, sublevaciones y protestas populares de diversas intensidades. De todo esto han formado parte las grandes mayorías populares de Venezuela. Algunas veces sin disponer de un programa concreto de lucha, apelando al ideario republicano del Libertador Simón Bolívar, y en otras con un criterio justiciero simple que apunta al logro de sus reivindicaciones inmediatas. Entre el conjunto de acontecimientos que, en este sentido, marcaron la historia nacional destaca -por el periodo que abarca y su identidad ideológica- la guerra de guerrillas emprendida por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en contra del sistema democrático burgués representativo, el cual se regiría bajo los preceptos del pacto de Punto Fijo y la aprobación imperial de los gobiernos de Estados Unidos.

Una racionalización a posteriori, extraida de documentos, testimonios y reseñas periodísticas del momento, podría servir de base para lograr que este importante episodio de la historia contemporánea venezolana no se banalice, convirtiéndose nada más que en un anecdotario que escasamente nos permite indagar en las verdaderas razones que motivaron su surgimiento, su apogeo y su declive. En sus «Notas políticas», Alfredo Maneiro, quien fuera uno de los comandantes de las guerrillas en el oriente de Venezuela, acusa «la escasa discusión, la renuencia a desarrollar la lucha ideológica, la mezcla de desprecio y temor que la mayoría de los cuadros de la época sentíamos por la práctica teórica, los esquemas organizativos rígidos y sacralizados que, concebidos o no para eso, limitaban las búsquedas, confrontaciones, constataciones y ajustes insuperables de una elaboración política rica y creadora; todo esto ha venido acompañando en mayor o menor grado, pero siempre en alta medida, a los movimientos políticos venezolanos de cualquier signo. Pero este mal crónico que provoca esa referencia constante y ritual a ’nuestro bajo nivel ideológico’, presente en todas las autocríticas, se mantuvo en un período y ante una situación compleja y exigente».  Lo que explica, en palabras de Maneiro, la «multiplicación de comandancias,  jefaturas, organizaciones y siglas» guerrilleras y que, más tarde, también se reflejará en el campo electoral, sin una unidad asentada en una ideología y una organización únicas de los partidos políticos conceptuados como izquierda. De ese modo, las situaciones insurreccionales que pudieron crearse y aprovecharse para la toma del poder estaban sujetas al subjetivismo, al sectarismo y al vanguardismo de muchos de aquellos que estaban comandando los frentes guerrilleros de entonces. Si esto ocurrió hace más de cincuenta años, mostrando una diversidad de criterios sobre unos mismos puntos, pero sin concluir en la adopción de una estrategia y de unas tácticas comunes (que fueran, además, efectivas) para proponerse la toma del poder, ¿cómo podrá concebirse la idea de que aquella diversidad de criterios tengan su concreción en lo hecho y pregonado por Hugo Chávez, aunque se esgrime que se trata de otra clase de socialismo?.

El idealismo ingenuo que alguna vez impulsara las acciones y las emociones de mucha gente revolucionaria en el pasado no puede enlazarse con la realidad política que caracteriza al mundo contemporáneo, donde las mismas concepciones de izquierda y derecha han sufrido alteraciones e interpretaciones profundas que desdibujan sus objetivos y sus resultados. Esto no ha sido obstáculo para que algunos combatientes de la guerrilla venezolana se sientan reivindicados e identificados con el proyecto de cambios revolucionarios fomentado desde su gobierno por Hugo Chávez Frías. Como Nancy Zambrano, guerrillera urbana de la Unidad Táctica de Combate Livia Gouverneur y ex presidenta de la Fundación Infocentro, para quien «la diferencia la hacía Chávez, eran reencuentros donde había renacido la esperanza, era sentir que se había vivido para algo, que valió la pena, a los caídos los veíamos sonreídos con nosotros, era todo distinto». Al hacer referencia al libro escrito por Nancy Zambrano, «Escritos de una combatiente de la guerrilla urbana en Caracas», el historiador y profesor de la Universidad de Los Andes Isaac López califica a estos combatientes de «capital simbólico y legitimador ideológico a la ’Revolución Socialista’ que comenzó a ser el proyecto cívico-militar a partir de 2007»; en lo cual tiene razón aunque la nueva dirigencia chavista no lo perciba del mismo modo, evitándose la incomodidad de sentirse ligados a un pasado que desconocen ampliamente. 

El hecho que al líder del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR -200) lo acompañaran Victor Hugo Morales, Juan Vicente Cabezas, Guillermo García Ponce, María León, Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, Alí Rodríguez Araque, Diego Salazar,  Carlos Lanz Rodríguez, Clodovaldo Russian, Lino Martínez, Ángela Zago (quien se distanció de Chávez Frías por completo, luego de formar parte de su primer mandato), entre otros participantes de la lucha guerrillera de los años 60, 70 y 80, no podría ser prueba de que haya un nexo ideológico directo entre las propuestas de unos y otro. Hay, evidentemente, diferencias de distintos signos que pocos se atreven a señalar. En cambio, otros participantes de esta lucha insurreccional, como Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y  Gabriel Puerta Aponte (sin ser los únicos), prefirieron confrontar al gobierno de Chávez desde una posición política indudablemente de derecha; lo que comprueba las acusaciones de que fueran objeto antes de abandonar la vía armada. Algo diferente a esa posición, pero coincidente con el enfrentamiento a Chávez, fue la asumida por Douglas Bravo y Francisco Prada, quienes hicieron público su señalamiento respecto a que el gobierno chavista era de corte neoliberal y constituía una burocracia corporizada autoritaria y nada socialista ni revolucionaria. Otro destino sufrió Alcedo Mora, desaparecidos aparentemente por los cuerpos de seguridad «bolivarianos», siendo casos emblemáticos en relación al modo como se entiende y se contiene la disidencia y la denuncia sobre hechos de corrupción. En medio de todos estos elementos, vale mencionar el Proyecto Dignidad, la primera propuesta de amnistía para combatientes revolucionarios de los años 60, 70, 80 y 90 e insurgentes militares de 1992, promulgada como ley por el presidente Hugo Chávez en 2000; no obstante, de vez en cuando se publica la noticia de la detención de algún combatiente, solicitado por los tribunales castrenses por el delito de rebelión militar, lo que representa una gran incongruencia, dada la prescripción de tal delito luego de más de tres décadas. Hay, por consiguiente, ciertas inconsistencias y contradicciones entre una y otra posición, realzadas por el hecho innegable de la existencia de un Estado aún liberal burgués que arropa y coopta toda expresión de poder popular, a pesar de la vigencia de algunas leyes importantes que realzan su organización y sus acciones autónomas. Éste sería, entonces, el factor sobre el cual incidiría la diferencia que existiría, fundamentalmente, entre el chavismo y la revolución arcádica que insurgió en Venezuela en la década de los sesenta del siglo pasado; una cuestión que, de hurgarse con un sentido crítico y autocrítico, objetivo, por demás, arrojaría conclusiones que asombrarán (y decepcionarán) a muchos

 

LA RELIGIÓN Y LA AMENAZA A LA LIBERTAD HUMANA

 

Homar Garcés

La religión es, sin lugar a dudas, la forma más extendida de superstición alrededor de todo nuestro planeta. La causa primera de todas las guerras de conquista. Incluso, de aquellas que son justificadas bajo argumentos más «plausibles», como la defensa del «mundo libre» frente a las acechanzas del comunismo. Para muchos, el significado de la religión se traduce en consuelo, bienestar, reducción de estrés y de culpas (ciertas o inducidas), además de la identidad particular que proporciona a cada individuo o comunidad respecto al resto de sus congéneres, diferenciándolos en muchos aspectos y ubicándolos, generalmente, en una posición de primacía al proclamar que su «Dios» es el único verdadero y, frente al cual, no hay otros dioses que adorar. En su libro «El espejismo de Dios», el biólogo británico Richard Dawkins plantea que «las personas devotas han muerto por sus dioses y han matado por ellos; han azotado sus espaldas hasta sangrar, se han jurado así mismas una vida de celibato o de silencio, todo al servicio de la religión. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el beneficio de la religión?». Aparte de esta descripción, la religión está ahíta de creencias que contradicen categóricamente la razón y los hechos científicos que la sustentan; incluso sostenidas por personas que, por su profesión o grado académico, debieran ser las primeras en mostrarse escépticas ante las mismas. Esto hace que la credulidad humana (creer sin evidencias) normalmente se halle saturada de fantasías religiosas que desafían cualquier noción de racionalidad y bordee los límites del fanatismo y de la locura. A tal efecto, es conocida la tradición de los presidentes de Estados Unidos que han recibido mensajes de «Dios», ordenándoles, por ejemplo, la invasión de Irak, en el caso de George W. Bush. Esto produce una credulidad servil que es aprovechada, en muchas ocasiones, en términos de nacionalismo o patriotismo (estimado como virtud absoluta), por quienes están al frente del Estado y de la política en su propio beneficio; una cuestión que se ha hecho común en las últimas décadas, en busca de capital electoral.

Las masacres genocidas perpetradas en nombre de la religión son los episodios de las acciones humanas que más resalta la historia. Principalmente en lo que se conoce como civilización occidental y cristiana. Sobre este punto, John Hartung señala que «la Biblia es una guía para la moralidad de grupo, completada con instrucciones para el genocidio, para la esclavización de los grupos ajenos y para la dominación del mundo». La religión amplifica y exacerba la división histórica entre muchas naciones, como ha ocurrido en Bharat (India), Medio Oriente y Kosovo, por citar aquellos escenarios donde la violencia ha sido extrema. Para aquellas personas (religiosas o no) que ven en este cuestionamiento a la influencia de la religión en la realidad diaria del mundo un ataque desconsiderado y, por tanto, inaceptable, habrá que citarles lo escrito en «Por qué no podemos ser cristianos (Y menos aún católicos)» por Piergiorgio Odifreddi: «el anticlericalismo constituye más una defensa de la laicidad del Estado que un ataque a la religión de la Iglesia». Todo ciudadano puede profesar el credo que mejor se avenga con sus gustos e inteligencia. Lo que no puede, ni debe, admitirse es que, en nombre de sus dioses y de la libertad religiosa, omitan y coaccionen el derecho de los demás a tener su fe o, en sentido contrario, a proclamarse ateos o agnósticos, sin que esto suponga la justificación para impedírselo o, en el caso extremo, para decretar su eliminación física, como podría ocurrir en los países de raigambre islámica.

Karl Marx, en su obra «Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel», ataca los efectos perniciosos y alienantes de la religión como institución entre los sectores populares. En ella expone: «La miseria religiosa es, a la vez, la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica a la religión es, por tanto, en germen, la crítica del valle de lágrimas, cuyo halo lo constituye la religión». Para muchos, es prueba fehaciente del ateísmo que carcomería el alma de Marx y de aquellos que lo secundan en el propósito de abolir la división de clases sociales y la explotación del proletariado por los dueños de los medios de producción; reflejada en la acusación de ser la religión «el opio del pueblo», pasando por alto todo lo referente a que ésta es «la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real». No hay más que releer en los Evangelios lo dicho, supuestamente, por Jesús de Nazareth para darse cuenta de que hay una profunda diferencia o contradicción entre lo que representa su mensaje de redención y el predicado por los representantes de la cristiandad (católicos, protestantes y demás derivados), sirviendo éstos de soporte al modelo civilizatorio creado según los intereses y la ideología burguesa capitalista.

Como lo expone Gore Vidal, ensayista y periodista estadounidense, «el gran mal inmencionable del centro de nuestra cultura es el monoteísmo. Surgidas de la bárbara Edad de Bronce, conocida como Antiguo Testamento, han evolucionado tres religiones antihumanas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son religiones con dioses en el cielo. Son, literalmente, patriarcales —Dios es el Padre omnipotente— , y de ahí el aborrecimiento de las mujeres durante dos mil años en aquellos países afligidos por el Dios celestial y sus terrestres delegados masculinos». Aparte de su dosis de superstición, la religión genera intolerancia y persecución, siendo estos dos de sus rasgos más evidentes que se tratan de imponer  en nombre de la libertad religiosa, aún cuando muchos Estados se proclaman laicos constitucionalmente. La explotación política del celo religioso mostrado por alguna gente ha conducido a los gobernantes más recientes de Estados Unidos, Brasil y Perú, entre otros, a actuar de una manera intolerante e irracional, desconociendo los principios que sostienen la democracia; predisponiendo a las masas crédulas o fanatizadas a aceptar abiertamente el establecimiento de una teocracia. En todo ello se evidencia la tendencia de pervertir el sentido común de la democracia y de la moral, amenazando todo lo que implica la libertad humana.

 

Una verdad poco apreciada y difundida es que las personas religiosas no difieren mucho en sus intuiciones morales de aquellas que se consideran ateas y agnósticas. Sin embargo, entre ambos grupos se han erigido barreras que hacen ver que entre estos y quienes son religiosos (más propensos, aparentemente, a tener una conducta moral mayor que aquellos que no lo son), por lo que es lícito segregar y atacar a los primeros, obligándolos a su conversión, de forma parecida a la lograda en España con judíos y musulmanes y, tiempo más tarde, contra los pueblos originarios en toda la gran extensión geográfica de nuestra América. Bien lo dijo el reformador religioso Martin Lutero: «La razón es el mayor enemigo que tiene la fe; nunca viene en ayuda de las cosas espirituales, aunque más frecuentemente lucha contra la Palabra Divina, tratando con desprecio todo lo que emana de Dios». Quienes se comportan de acuerdo con este tipo de fe imperialista y absolutista -interpretando de forma literal el contenido de sus libros sagrados, sin posibilidad de error- no muestran un ápice de aceptación de pluralismo en la sociedad o país que aspiran dirigir; lo que los empareja, sin duda, con quienes quisieron hacer del fascismo la nueva religión de Europa y, por consiguiente, del mundo conocido.

 

27-F-89: LA RUPTURA DEL CONSENSO PUNTOFIJISTA

 

Homar Garcés

En el corto, pero contundente, lapso que media entre el lunes 27 y el martes 28 de febrero de 1989 tiene lugar en Venezuela un acontecimiento de inusitadas proporciones nacionales. En opinión de muchos historiadores y analistas profesionales (tanto inmediatos como posteriores), hubo una división de la historia contemporánea de este país en un antes y un después que, luego de treinta y cinco años transcurridos, sigue todavía dando de qué hablar. Fue, ciertamente, una explosión social espontánea (el mismo presidente Carlos Andrés Pérez así lo señalaría), sin una clara orientación política (sin que ello niegue la connotación que tal hecho supone en lo político, al representar una seria amenaza para la estabilidad del orden establecido), y multiforme en su composición. Muchas veces catalogada como una reacción visceral contra el neoliberalismo económico que ya comenzaba a abarcar toda la extensión geográfica de nuestra América e implantado a sangre y fuego en Chile por la dictadura fascistoide de Augusto Pinochet, en connivencia con el imperialismo yanqui. Algo que, visto ahora con mayores detalles, no pareciera tener mucha sustentación, sin negarlo del todo; especialmente cuando se determinan cuáles fueron los sectores sobre los cuales se volcara la furia popular y la manera cómo actuaron los sectores populares involucrados. Otro tanto debe afirmarse respecto a que, como consecuencia directa del Caracazo, se producirían tres años después los alzamientos militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre; ignorándose (sin indagar a profundidad) el papel represor-homicida cumplido por las diversas jerarquías de las Fuerzas Armadas Nacionales, culpables -al ejecutar el Plan Ávila- de los crímenes de lesa humanidad, cuyo número aún no ha sido determinado con exactitud. 

En referencia a este acontecimiento, en «Un lunes rojo y negro», el historiador Manuel Caballero desglosa (de una manera que podrá calificarse de sesgada y peyorativa) que «la gente que se echa a la calle el 27 de febrero de 1989 fue la misma que lo hizo el 23 de enero de 1958. La única diferencia es biológica: aquellos son hijos de éstos, y nietos de quienes habían hecho otro tanto el 14 de febrero de 1936. Y procedieron de igual forma: a lo vulgar, a lo plebeyo, a lo pobre». Es lo que sorprende a quienes se ubicaban en lo alto de la pirámide política, social, económica e intelectual, habituados a la mansedumbre y la resignación del pueblo ante sus decisiones y prebendas cupulares. Durante el Caracazo llegará a ocurrir algo semejante a lo definido y hecho por los indígenas zapatistas al insurgir contra el Estado mexicano en 1994; diferenciándose de las categorizaciones habituales, a pesar de la insistencia de varios analistas e historiadores en calificarlo como un enfrentamiento de clases sociales, o lo que es lo mismo, un enfrentamiento de pobres contra ricos (sin que sea algo preponderante del todo). En forma desproporcionada y desconcertante, las calles se vieron sacudidas por la irrupción airada de turbas que rebasan la capacidad de contención de la policía, primero, y de la Guardia Nacional, después; lo que mantiene en ascuas e indecisos a quienes dirigen al país, acostumbrados a lidiar con protestas rutinarias de estudiantes, obreros y residentes marginados. El director general de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de aquel tiempo, Rafael Rivas Vásquez, admitirá que «no había información alguna sobre una acción que simplemente no había sido planificada». Aún así, serán acusadas algunas organizaciones de la extrema izquierda de fomentar la violencia social. 

En su obra «Psicología de masas del fascismo», editada en 1933, el psicoanalista austríaco Wilhelm Reich refiere: «Cuando los trabajadores que pasan hambre, dados sus bajos salarios, hacen una huelga, su acción se deriva directamente de su situación económica. Lo mismo ocurre en el caso del hambriento que roba. Para explicar el robo por el hambre o la huelga por la explotación, no se necesita una explicación psicológica suplementaria. En ambos casos, la ideología y la acción corresponden a la presión económica; situación económica e ideología se corresponden. La psicología burguesa tiene por costumbre en estos casos el querer explicar mediante la psicología por qué motivos, llamados irracionales, se ha ido a la huelga o se ha robado, lo que conduce siempre a explicaciones reaccionarias. Para la psicología materialista dialéctica la cuestión es exactamente lo contrario: lo que es necesario explicar no es que el hambriento robe o que el explotado se declare en huelga, sino por qué la mayoría de los hambrientos no roban y por qué la mayoría de los explotados no van a la huelga». Es una cuestión que amerita un estudio más profundo y detallado.

Lo que poco alarmaba era que, elección tras elección, los índices de abstención demostraban el divorcio existente entre gobernantes y gobernados. Por otra parte, se generalizó el saqueo del patrimonio nacional, lo cual contribuyó al incremento desproporcionado de la deuda externa y de la desconfianza nada disminuida de los venezolanos respecto a la moral de la dirigencia político-partidista del momento, convertida ésta en una casta de empresarios en el poder, cuyo único interés sería asegurar los privilegios económicos logrados gracias a la corrupción administrativa. Mientras esto sucedía, la frustración de las expectativas de parte de los sectores populares -creadas en torno a un tipo de sociedad democrática, igualitaria y redistributiva de la riqueza petrolera- iba en aumento frente a la realidad y al discurso oficial que pretendía presentar esa misma realidad como algo ideal o perfectible. La «ilusión de armonía», basada en la estabilidad e incremento de la bonanza petrolera, no era suficiente. La ola de medidas económicas neoliberales adoptadas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez por exigencia del Fondo Monetario Internacional (liberación de las tasas de interés y de los precios de los productos, incluyendo los de primera necesidad, de la gasolina y de las tarifas de servicios públicos y la eliminación del dólar preferencial) dejaba al salario de los trabajadores, en su mayoría desprovistos de beneficios socioeconómicos garantizados por una contratación colectiva, a merced de los intereses del sector empresarial, afectando su poder adquisitivo. Por muchos años las cúpulas políticas, empresariales, eclesiásticas y militares, pasaron por alto las graves condiciones de pobreza y deterioro de la calidad de vida de numerosas familias venezolanas; socavando su propia base de sustentación, el sistema de democracia representativa, implantada en la psiquis del pueblo venezolano a raíz del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, manteniendo la esperanza en que los diversos problemas sufridos serían solventados por la gestión de un buen gobierno.

De esta forma, por largos años, el pueblo de Venezuela fue acumulando rabia, frustración y desilusión frente a los discursos vacíos de quienes se atribuían representarlo en medio de un cuadro de miseria, derroche consumista, demagogia, nuevoriquismo y corrupción impune, entretanto las expectativas populares se mantenían insatisfechas, a pesar de los altos y constantes ingresos petroleros. Para Enrique Alí González (en su análisis «Estilos de saqueo y cambio cultural»), «si quisiéramos sintetizar en una sola palabra lo que sucedió durante el mes de febrero pasado, la más adecuada sería: saqueo. El término “saqueo” ilustra con precisión en la mentalidad de los venezolanos el “febrero blanco de 1989”. Cantidad de imágenes y de palabras brotan al solo oírla. Pero es adecuado tratar de organizar sus significados con el objeto de realizar un análisis minucioso de sus repercusiones sociales. Se efectuaron cinco tipos de saqueo: “el saqueo a la esperanza, el saqueo a los bolsillos, el saqueo a quienes tienen más (en todas las gradaciones posibles), el saqueo a la vida y el resaqueo a los sectores populares”».

Frente a la incómoda situación padecida por el ministro de relaciones interiores, Alejandro Izaguirre, en cadena nacional de radio y televisión, el gobierno optó por la figura del ministro de la defensa, el general ítalo del Valle Alliegro, quien hará el rol de garante ante el país de la restitución del orden más que el mismo presidente Pérez. Hay que mencionar, además, que los antecedentes represivos del régimen puntofijista, traducidos en desapariciones forzosas y asesinatos selectivos de dirigentes políticos y sociales durante las décadas de los 60 y los 70, cuyo máximo delito fue luchar por hacer de Venezuela una nación verdaderamente democrática y soberana, se renovaron con la represión ordenada contra los sectores populares. Los allanamientos hechos en los barrios caraqueños y de otras poblaciones en búsqueda de los enseres y  productos de primera necesidad saqueados en la fase inicial de la explosión social del 27-F dieron paso a un reciclaje del saqueo cuando funcionarios de distintos niveles se apropiaron de éstos, como botín de guerra, en una clara demostración del tipo de mentalidad que tenían en relación con el respeto al cumplimiento de las leyes y la justicia. 

Al revisar la respuesta punitiva del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el editorial de la revista SIC del mes de mayo de 1989 concluyó que «el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez. Era una acción punitiva contra enemigos, no un acto de disuasión dirigido a conciudadanos». Por su parte, en su obra «27 de febrero de 1989: Interpretaciones y estrategias», el sociólogo Reinaldo Iturriza López afirma: «Había que lograr que los vencidos no tuvieran la experiencia de haber ganado una. Que esa semana se les clavara a fuego; no como el día que se adueñaron de la calle y compraron sin pagar, sino como las noches terribles e interminables en que llovían sin tregua las balas y se vivió agazapado en completa indefensión». 

Como lo reflejó en aquel trágico año un comunicado de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) es tarea «recordar, hacer memoria y enjuiciar a quienes convirtieron al país en una presa codiciada para la depredación es imprescindible para cambiar el orden impuesto al país y establecer como objetivo estratégico fundamental garantizar óptimas condiciones de vida para todos los ciudadanos». En ese sentido, deberíamos deslastrarnos de los lugares comunes al referirnos a la explosión social que hemos denominado el Caracazo o el Sacudón, de manera que su comprensión sirva para escudriñar adecuadamente el presente y anticipar, en todo lo posible, un mejor futuro para todos los venezolanos y no únicamente para un bloque de poder.

 

EL INTERNACIONALISMO DE LA LUCHA GUERRILLERA VENEZOLANA

 

Homar Garcés

El 9 de octubre de 1964, se ejecuta en Venezuela la Operación «Van Troi». Ésta es llevada a cabo por la Unidad Táctica de Combate (UTC) «Iván Barreto Miliani», perteneciente a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), formada por militantes de la Juventud Comunista de Venezuela (JCV), la cual procedió a la detención del Teniente Coronel de la aviación de EEUU, Michael Smolen, quien era el segundo agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) instalada en Venezuela. El propósito que los guiaba era hacer intercambio humanitario por Nguyen Van Troi, quien era parte de la resistencia del pueblo de Vietnam y fue encarcelado y sentenciado a muerte por enfrentarse a la agresión militar del imperialismo gringo, propósito que tuvo un primer efecto positivo al posponerse su fusilamiento por el régimen títere de Estados Unidos en la región asiática. El presidente Raúl Leoni fue presionado por la Casa Blanca, a tal punto que este accedió a que un enviado del Departamento de Estado le diera órdenes directas a su Ministro de Relaciones Interiores, Gonzalo Barrios, conformando un comando unificado con participación de la Dirección General de Relaciones Interiores, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), la Dirección General de Policía (DIGEPOL) y la Policía Técnica Judicial (PTJ), en una clara subordinación de las autoridades al régimen gringo. El despliegue y cerco inmediato de estos cuerpos de seguridad del Estado en las áreas donde podría hallarse el agente de la CIA incidió en la decisión de la Unidad Táctica de Combate (UTC) de liberarlo a las 10:40 de la noche del 12 de octubre, en la Avenida Los Samanes de La Florida de Caracas. Liberado y ya hallándose este en suelo estadounidense, las autoridades yanquis le comunicaron al gobierno de Saigón que procediera a la ejecución de Van Troi, orden que se cumplió el 15 de octubre. 

Este hecho histórico revolucionario pudiera descalificarse como algo sin conexión con la lucha guerrillera emprendida en Venezuela o una acción propagandista sin repercusión alguna. Sin embargo, forma parte de ese espíritu internacionalista que impulsará a tantos patriotas a luchar contra el colonialismo español en nuestra América, entre ellos, dos venezolanos fundamentales como lo son Francisco de Miranda y Simón Bolívar, dispuestos a dirigir ejércitos sin distinción de origen para lograr la independencia de las patrias en que habitamos, como acaeció en la batalla de Ayacucho, con el General en Jefe Antonio José de Sucre y patriotas provenientes de casi todo nuestro hemisferio. Se vincula también con otras experiencias revolucionarias del continente, entre éstas la lucha de resistencia antiimperialista comandada por el General de Hombres Libres, Augusto César Sandino en las montañas de Nicaragua, a la cual se sumaran el salvadoreño Farabundo Martí y el venezolano Gustavo Machado. El precursor del marxismo en Venezuela, José Pío Tamayo, forma parte de los fundadores del primer Partido Comunista de Cuba, junto a Julio Antonio Mella. Otro tanto se destaca al respecto con la participación del argentino Ernesto Guevara de la Serna, quien se integró a la lucha por la defensa del gobierno de Guatemala, presidido por el Coronel Jacobo Arbenz, y también lo hiciera al integrarse a la fuerza expedicionaria organizada por Fidel Castro Ruz en México para liberar a Cuba del despostimo del dictador Fulgencio Batista, sin limitarse al logro de este objetivo sino que se extiende a la lucha africana anticolonialista que tenía lugar en el Congo para, en años posteriores, terminar su vida combatiendo a las fuerzas imperialistas y lacayas en el territorio andino de Bolivia. También cabe mencionar, entre otros, a Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos, quien se integrara al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), a Fernando Soto Rojas, como parte de la lucha de resistencia del Frente Democrático para la Liberación de Palestina y a Máximo Canales (o Paul del Río) y Alí Gómez García como combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); además de otros más que se sumaron a las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador.

La lucha guerrillera venezolana fue objeto de la solidaridad de gobiernos y partidos comunistas de varios continentes como contramedida a la hegemonía de Estados Unidos. No obstante, la mayor referencia que se hace de ésta es la aportada por Cuba, lo que motivó su expulsión de la Organización de Estados Americanos al detectarse un desembarco en playas venezolanas de un grupo de guerrilleros junto con internacionalistas y un lote de armas provenientes de esta isla del Caribe. Otras gestiones se hicieron en China y en algunas naciones de la Europa oriental. Esta solidaridad tuvo momentos en que dependía de con cuál parcialidad ideológica-teórica del socialismo revolucionario a nivel mundial se estuviera identificado, lo que se manifestó, de algún modo negativo, en el debate y la estrategia de las distintas facciones que se atribuían el mérito de conducir, con claridad ideológica, la lucha guerrillera y, en el campo semilegal, la protesta social. 

Está demás afirmar que la historia de la lucha guerrillera en Venezuela aún requiere de una reconstrucción comprensiva, analítica y reflexiva. Esto incluye el contexto internacional en que tiene lugar su auge y decadencia, unida de algún modo a los diversos acontecimientos que se producen en el marco de la llamada Guerra Fría entre los colosos hegemónicos de la URSS y Estados Unidos, sin obviar la pugna que sostienen los partidos comunistas en favor y en contra de las posiciones doctrinarias de Moscú y Beijing; además de la tesis insurreccional que irradia desde Cuba sobre el continente. Sin embargo, a pesar de todos estos elementos, salvo la dirección política y militar de la lucha guerrillera, no parecen tener un mayor impacto aguas abajo. Gran parte de la base guerrillera está más impregnada de un sentido nacionalista y patriótico (como lo ejemplifica la incorporación de militares de carrera) sumado al deseo de ver concretados los ideales democráticos que inspiraron el alzamiento popular del 23 de enero de 1958. De ahí que el Partido Comunista se haya opuesto, sin mucho argumento, a que el Che Guevara se integrara a la lucha armada; a pesar de la presencia de varios combatientes internacionalistas cubanos en algunos de los frentes guerrilleros, entre estos, quien llegara a ser años después el general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Arnaldo Ochoa.

EL TRIUNFO DEL DIABLO, O COMO ESTADOS UNIDOS IMPONE SU FE AL MUNDO

 

Homar Garcés

 

En su libro «El Monstruo y sus Entrañas», Vladimir Acosta nos hace ver que «los Estados Unidos son una sociedad profundamente religiosa en la que la religión se manifiesta en todas partes y a cada paso; una sociedad atada al cristianismo y a la Biblia, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento (y en buena medida, como sociedad dominada por el protestantismo, puede decirse que en ella el peso del Antiguo Testamento es incluso mayor que el del Nuevo, que, por supuesto, no es pequeño). Además, ese protestantismo, activo y creativo, se ha reproducido sin parar y también se ha diversificado en una multitud de iglesias y grupos religiosos, de modo que esa presencia y esa dominación se ejercen por medio de una serie de grandes corrientes y una infinidad de sectas medianas y pequeñas de todo tipo y de variados y curiosos nombres; sectas y corrientes que penetran toda la vida cotidiana de los estadounidenses». Gracias a este fundamentalismo cristiano, Estados Unidos se autoglorifica como el garante del equilibrio internacional, en un combate universal del bien (representado por ellos) contra el mal (representado por el resto del mundo en oposición a sus dictados imperiales); lo que algunos, siguiendo lo expuesto en 1996 por Samuel Huntington, han llegado a calificar como un choque de civilizaciones.

 

Aquí cabe una reflexión, si se quiere, estúpida, dependiendo de quien así la vea: Si «Dios» (en el caso de la cristiandad, Jesucristo; en el de los judíos, Yahvéh; y en el de los musulmanes, Alá, por no incluir los cientos de dioses esparcidos por Asia, África y América) es uno solo y ama a toda la humanidad, ¿por qué debe morir un pueblo a manos de otro para que se crea que su dios es el único y verdadero y quien sí bendice a sus creyentes? Ésta es, en cierta forma, la justificación filosófico-religiosa del destino manifiesto con la cual ha actuado la clase gobernante estadounidense, presentando a Estados Unidos como el segundo pueblo elegido de «Dios», por lo que le es permitido atacar, someter y/o exterminar a cualquier otro pueblo del mundo que no comulgue con sus valores fundamentales. Para lograr implantar esta convicción excepcionalista en el resto de la gente alrededor del planeta, el imperialismo gringo se ha valido, entre otros instrumentos de penetración cultural, de su sofisticada industria cinematográfica, cuyos íconos definen el denominado american way of life, lo que incide en la aculturación presente, en grado creciente, en muchas de nuestras naciones.

 

Por eso, en «El libro de los abrazos», Eduardo Galeano advirtió que «el sistema nos vacía la memoria, o nos llena de basura la memoria, y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla». De ese modo, se crea e impone una historia alternativa donde se invierten los roles, haciendo de los defensores del sistema seres imbuidos siempre de justicia y buenas intenciones frente a sus enemigos, rebeldes y revolucionarios, que encarnan el mal, por lo que es legítimo plantearse y llevar a cabo su eliminación. Sin nada de remordimiento. Esta simpleza ha servido de base para atacar y destruir cualquier tentativa de reclamar los derechos que le asisten a naciones, pueblos, sectores populares y grupos sociales diversos, a pesar de estar plasmados en constituciones y leyes específicas. Tal excepcionalismo lo resumió Jhon Foster Dulles, Secretario de Estado de 1953 a 1959, al expresar: «Para nosotros hay dos clases de personas: los que son cristianos y apoyan la libertad de empresa… y los demás». Para el imperialismo gringo, paladin del sistema capitalista mundial, lo que verdaderamente importa es el funcionamiento y control del mercado y la extracción de plusvalía. Bajo tal esquema, los dictadores tipo Augusto Pinochet serían los de mayor aceptación y respaldo, sin importar mucho los crímenes de lesa humanidad que cometan, en tanto éstos garanticen la protección de los capitales invertidos por sus grandes corporaciones transnacionales.

 

La horizontalidad desorganizada que pudo generar la globalización económica auspiciada por Estados Unidos y las grandes corporaciones transnacionales, especialmente en las áreas financieras y tecnológicas, hizo que surgieran distintos polos de desarrollo capitalista, siendo Rusia y China los más descollantes, seguidos por Bharat (antigüamente, India), Brasil Sudáfrica, conformando el grupo BRICS y haciendo factible una multipolaridad y un multicentrismo que los capitalistas estadounidenses y europeos, al parecer, no habían anticipado dentro de sus planes hegemónicos.

 

Vale la pena recalcar, esta vez con Claudio Katz, quien en su libro «La crisis del sistema imperial» expone que «la primera potencia ha perdido autoridad y capacidad de intervención. Busca contrarrestar la diseminación del poder mundial y la sistemática erosión de su liderazgo. En las últimas décadas ensayó varios cursos infructuosos para revertir su declive y continúa tanteando esa resurrección. Todas sus acciones se cimentan en el uso de la fuerza. Estados Unidos perdió el control de la política internacional que exhibía en el pasado, pero mantiene un gran poder de fuego. Expande un destructivo arsenal para forzar su propia recomposición. Esa conducta confirma la aterradora dinámica del imperialismo como mecanismo de dominación». Del mismo modo que se nos impone vencer la actitud autodegradante que, de una u otra forma, hemos arrastrado a través de toda nuestra historia común y que ha permitido y legitimado el papel tutelar asumido por Estados Unidos respecto a los países de nuestra América, pisoteando su soberanía y subordinándola a sus intereses geopolíticos y económicos; se impone vencer también la exaltación ultranacionalista (o chovinismo) con que se pretende mantener y profundizar la división de nuestros pueblos, expresada en la xenofobia alimentada por las clases dominantes. Es una lucha que debe abarcar, por igual, los factores políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos que han dado fundamento, por más de un siglo, al dominio imperialista de Estados Unidos sobre nuestras naciones, descubriendo sus raíces y sus efectos en nuestro devenir y nuestras psiques.

ESTADOS UNIDOS Y EL PARADIGMA ENGAÑOSO DE LA DEMOCRACIA

 

Homar Garcés

La brutalidad policial y la violencia estructural son acciones legitimadas por el Estado yanqui. Ellas develan los antagonismos de clase y el discurso liberal autoritario que ha privado desde hace más de dos siglos en Estados Unidos. Esto ha tenido su reflejo en la marginalización y la violencia racial histórica aplicadas respecto a los descendientes de los pueblos indígenas, afros, latinos y asiáticos que residen en su suelo, cuya condición de ciudadanos es desconocida por los llamados supremacistas blancos, aun cuando hayan nacido en el mismo territorio que ellos. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, instigado por el presidente Donald Trump, terminó por revelar que el paradigma del cual se jacta Estados Unidos como la más antigua y única democracia existente en el mundo, sólo está orientada a velar por la hegemonía y los intereses de la clase plutocrática que domina dicho país, al mismo tiempo que devela la polarización social, con la tendencia de incrementarse con el tiempo, en un ambiente donde destacan el extremismo, el autoritarismo, la vigilancia gubernamental y la más desvergonzada desinformación.

En resumen hecho por el periodista y comunicólogo uruguayo Aram Aharonian, “la realidad del modelo estadounidense es el enorme poder de los grandes capitales y de sus medios de información dominantes para influir sobre las decisiones políticas e imponer su agenda por encima de la voluntad popular, que en la práctica anula la pretendida igualdad de derechos de los ciudadanos. Y a ello se suma un racismo estructural que mantiene a millones de personas fuera del cuerpo político, condenados a ser carne de cañón para las aventuras imperiales y el negocio de las transnacionales de la guerra y los armamentos”. Estados Unidos le ha presentado al mundo, así, una historia falsamente democrática e igualitaria que busca esconder la realidad de ese racismo estructural que sobresale en su superficie cuando la policía hace uso de una violencia extrema contra aquellas personas que no encajan con el fenotipo del wasp (white, anglo-saxon y protestant — ’blanco, anglosajón y protestante’); lo que, gracias a su gran industria ideológica, repercute en la percepción de muchas personas en relación con su propia realidad y la de su país, ilusionados con disfrutar del bienestar material que allí, en igualdad de condiciones y oportunidades, pareciera existir para todos.

La autoglorificación de Estados Unidos como el garante del equilibrio internacional ha repercutido, además, de una manera negativa en los destinos de muchas naciones alrededor del mundo. Esto se expresa en lo que Claudio Katz define como «sistema imperial» que «es la principal estructura de expropiación, coerción y competencia, que apuntalan los grandes capitalistas para preservar sus privilegios». El aparato de coerción internacional que lidera Estados Unidos se basa, más que todo, en la supremacía militar que aún mantiene, sólo que ya no al mismo nivel que antes cuando desembarcaba sus tropas en cualquier región del mundo y hacía alarde de sus ataques con misiles de un modo impune; no como ahora que requiere de la participación de sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o de algún Estado vasallo como Ucrania para confrontar a las potencias que califica de rivales y enemigas. 

A partir del 11 de septiembre de 2001, la clase dominante de Estados Unidos logró hacer desaparecer -de un modo casi por completo- la ruptura del consenso interno adverso que ocasionó en su momento la guerra emprendida contra Vietnam. Desde entonces, los jerarcas del Pentágono -como factor imprescindible del imperialismo gringo - asumieron la tarea del reposicionamiento de sus fuerzas militares en todo el espectro mundial. En un primer lugar, en el amplio territorio de nuestra América, y, en un segundo lugar, pero no menos importante, la puesta en marcha de un vasto plan de dominación geopolítica caracterizado por el rediseño de las fronteras existentes, con un énfasis especial en aquellas regiones que contengan en abundancia los recursos naturales necesarios para el sostenimiento del «american way of life». Como una mejor justificación para su implementación, se esgrimió la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes y el terrorismo, en lo que otros, siguiendo lo expuesto en 1996 por Samuel Huntington, han terminado por calificar como choque de civilizaciones.

Como aliciente de su política imperial, las acciones de un terrorismo marginal, generalmente atribuido a grupos de inspiración, aparentemente, islámica, pero que son armados y financiados por sus propios órganos militares y de inteligencia, han contribuido a mantener viva la paranoia desatada a raíz del derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York. Es lo que explica la razón por la cual Israel (una subpotencia imperialista en la región de Oriente Medio) ataca inmisericordemente a las poblaciones palestinas ante la mirada impávida (y cómplice) del resto de naciones. Esto también le sirve para mantener a raya a individuos y agrupaciones que tiendan a desestabilizar el orden constituido, cuyos historiales suelen compartirse en una serie de agencias de seguridad e inteligencia de carácter interno, de una manera más detallados que los elaborados por el Buró Federal de Investigaciones (o FBI) cuando personajes como Charles Chaplin, Malcolm X y Martin Luther King ocupaban la primera plana de las preocupaciones de los gobiernos estadounidenses.

No resulta nada inédito que, como lo afirmó el poeta Rafael Alberti, «Estados Unidos planta por la paz sus pabellones y pide por la paz la Tierra entera» La agenda militarista estadounidense -ahora compartida y ejecutada por la OTAN- está dirigida a este propósito, por lo que le es altamente necesario deshacerse de todo otro poder que pueda entrar en competencia con su hegemonía. Así ello cause una hecatombe de proporciones mundiales, tal como se desprende de las conclusiones de algunos analistas que entreven en la conflictividad y las tensiones generadas en la península de Crimea, el mar de China y, más cercana, geográficamente hablando, en el territorio del Esequibo, donde confluirían las tres potencias principales del planeta junto con sus aliados militares; en un escenario semejante al presentado en los días previos al estallido de la Primera Guerra Mundial.

VENEZUELA EN EL CONTEXTO DE LA DOCTRINA IMPERIALISTA DE SEGURIDAD NACIONAL

Homar Garcés

 

Las masacres de Cantaura en 1982, de Yumare en 1986, de El Amparo en 1988 y de el Caracazo en 1989 se producen en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, elaborada por el imperialismo gringo y extendida, desde la época de los años 60 del siglo XX, a Venezuela y a todo el conjunto de naciones de nuestra América, cumpliéndose así con el objetivo de asegurar su hegemonía continental a través del poder detentado por las camarillas políticas y las clases sociales dominantes. Son también una demostración más que evidente de su internalización entre los miembros de los distintos organismos policiales y militares que, respondiendo a la tradición y a la instrucción con que fueran (o son) formados, ven en las demás personas (salvo aquellas que se encuentran encumbradas en posiciones de poder político y económico) a seres que poco importan y, por lo tanto, a quienes se puede inferir cualquier clase de daño, gracias a la autoridad que representan. De ese modo, mediante la aplicación de esta doctrina de seguridad nacional en nuestro país quedaban abolidas de facto las garantías a la inviolabilidad de la libertad personal, la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de las correspondencias personales, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la protesta, en lo que son, indudablemente, delitos de lesa humanidad. Cuando se consideraba necesario, aparte de la detención y de la tortura, se recurrió a la llamada ley de fuga, con la cual los funcionarios quedaban exonerados de cualquier recurso ante las instancias legales competentes; auxiliados, en muchos casos, por los medios de información que divulgaban, como un hecho verdadero y comprobado, la versión oficial, a pesar de sus inconsistencias y el escenario inverosímil en que sucedieron cada uno de estos acontecimientos.

 

 

En el contexto de la Guerra Fría (la modalidad de guerra mundial sostenida por los polos imperialistas de la URSS y Estados Unidos), la hipótesis de conflicto interno que contemplaba la doctrina de seguridad nacional estableció que la existencia y la acción de organizaciones consideradas subversivas por los estrategas militares debía considerarse el enemigo a derrotar y, por tanto, quedaba justificado no solo el uso de la fuerza sino cualesquiera método que permitiera el logro de este propósito. De esa manera, hechos como la huelga iniciada en julio de 1977 en la C.A. Bananera de Venezuela, ubicada en el estado Yaracuy, quedaron insertados en esta categoría, llegándose a suprimir la vigencia de los derechos humanos, incluso de personas ajenas a los mismos. Lo que no sería ninguna novedad para estos ciudadanos venezolanos, dados los antecedentes de represión padecidos durante las décadas de los 60 cuando las fuerzas militares maltrataron y ejecutaron campesinos en su estrategia de exterminio de los frentes guerrilleros que se hallaban en esta zona geográfica.

 

 

El 4 de octubre de 1982, en el sector Los Changurriales, adyacente a la vía entre las poblaciones de El Tigre y Cantaura del estado Anzoátegui, funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (cuya jefatura era ejercida por Remberto Antonio Uzcátegui Bruzual) llevan a cabo la ejecución de veintitrés militantes de la organización Bandera Roja, del Frente Guerrillero Américo Silva, en lo que sería, según la versión oficial, un «encuentro armado» en el cual destaca el uso de aeronaves tipo Canberra y OV-10 Bronco y la participación del tenebrosamente famoso comisario de la DISIP Henry Rafael López Sisco, con un largo historial de asesinatos de diversos luchadores políticos y sociales. Pese a ser capturadas con vida, se evidenció que fueron ajusticiadas sumariamente, sin un debido proceso, con disparos de armas de fuego de alto calibre en la parte posterior de la cabeza; lo que desmiente el relato de las autoridades, difundido ampliamente en los diferentes medios de información del país y el informe del médico forense Guillermo Antonio Solano, adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ). Al igual que en otros sucesos similares, hubo encubrimiento de parte de todas las autoridades involucradas, incluso del Ministerio Público Militar, en lo que constituyó una clara violación de los derechos humanos y el desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano. 

 

 

En la masacre de Yumare, en el sector conocido como La Vaca, del caserío Barlovento, distrito Bolívar, del estado Yaracuy, interviene también el tenebrosamente famoso comisario de la DISIP Henry Rafael López Sisco, director de operaciones de este cuerpo policial, además de jefe de su grupo de comando de acciones especiales. Allí, el 8 de mayo de 1986, se encontraba pernoctando un grupo de luchadores sociales y políticos con la idea de conformar la Corriente Histórico-Social, basada en el ideario revolucionario del Libertador Simón Bolívar, el cual fue infiltrado por cuatro funcionarios de la DISIP, quienes dan parte a López Sisco del lugar y de la cantidad de personas allí concentradas, alevosamente asesinadas, mientras dormían y totalmente indefensos al no poseer armamento alguno. Gracias a que hubo dos sobrevivientes, el país pudo conocer lo que realmente ocurriera, en momentos en que se suponía que la lucha guerrillera estaba en declive y sus últimos combatientes ya habían manifestado su intención de dejar las armas. Dicha masacre comprueba el grado de odio anticomunista (o anti-izquierdista) que, desde los años iniciales de la década de los 60, permeará a todos los grupos de poder existentes en Venezuela, en connivencia con el imperialismo gringo que los asesoró y los apertrechó ideológica y logísticamente para impedir que cualquier idea y movimiento popular contrario a sus designios pudieran prosperar y magnificarse en todo el territorio nacional.

 

 

La masacre de catorce pescadores ocurrida durante el mandato del presidente Jaime Lusinchi (1984-1989) en el caño La Colorada, de la población de El Amparo del municipio Páez del estado Apure (octubre de 1988), a manos de efectivos del Comando Específico Antisecuestro y Antiguerrillero José Antonio Páez (comandado por el general Humberto Camejo Arias y conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, ahora llamada Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, denominado en la actualidad como Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) no sólo constituyó un escándalo por la cantidad de personas abatidas sino por el hecho que el presidente y su ministro de la defensa, general Ítalo del Valle Alliegro, mintieron descaradamente al país al afirmar que éstos eran guerrilleros integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, versión que fue desmentida por dos sobrevivientes, Augusto Arias y Volver Gregorio Pinilla; resultando un falso positivo, del mismo modo que se haría algo común en el territorio colombiano. 

 

Jesús Eduardo Brando, en un artículo publicado en el diario El Nacional, el 10 de julio de 1990, «Redefinición de objetivos de FAN obliga a revisar gasto armamentista», recordó que «personeros militares partícipes en lo que puede considerarse el acto represivo de mayor intensidad y escala de la historia contemporánea de Venezuela, el denominado Caracazo (27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 1989), sin pudor alguno, calificaron a estos sucesos como fuente de inspiración para los fracasados golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992, por cuanto en teoría  rechazaron la acción brutal de la Fuerza Armada, pese a ser ellos, precisamente, los  ejecutores de aquella masiva operación punitiva, para la cual recibieron, sin oponerse cuando debieron en función de los principios alegados posteriormente, la formación táctica necesaria, pues en mayo de 1990, valga la anécdota, fueron entrenados en el denominado Ejercicio Conjunto 01-90, diseñado según sus planificadores para …"evaluar el entrenamiento y capacidad de respuesta de las FAN ante el eventual desencadenamiento de disturbios civiles, bajo coordinación y supervisión permanente y continua de la Jefatura de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas"» . Resaltan entre estos ejecutores, Hernán Grüber Odremán, el contralmirante de la insurrección del 27 de noviembre de 1992, destacado en el Teatro de Operaciones número 3, y Carlos Vethencourt Rojas, coronel que llegó a integrar el Consejo Legislativo del estado Lara en representación del partido MVR, también destacado en el Teatro de Operaciones número 3. No obstante las explicaciones a posteriori, es innegable que la antigua doctrina de seguridad nacional se mantiene vigente en Venezuela, en uno u otro sentido, a pesar de lo establecido constitucionalmente en materia de respeto a los derechos humanos, lo que explica la actitud que algunos funcionarios asumen frente a cualquier ciudadano, sea éste o no un delincuente; lo que impondría la necesidad de una completa revisión legislativa y administrativa que tienda a eliminar este viejo vestigio de la Guerra Fría en este país bolivariano. 

ÉTICA Y POLÍTICA: UN CONFLICTO ENTRE BANDOS OPUESTOS

Homar Garcés

 

A través de la historia no ha habido ningún personaje que haya sido del todo justo y bueno aunque su imagen actual sea la de un santo o la de un héroe digno de emular por todos. En el pasado, los sectores populares solían exigir, generalmente, de quienes les gobiernan (especialmente en regímenes que proclaman la soberanía popular como el eje central de sus actuaciones e intereses) formas ejemplares de ser y de comportarse. Sin embargo, todo eso empezó a relativizarse y relajarse, dependiendo del momento y del tipo de dirigentes o gobernantes cuestionados y hallados culpables de cometer alguna clase de inmoralidad. En Estados Unidos, «paradigma» de la democracia mundial, por citar solo dos ejemplos, el presidente Richard Nixon tuvo que renunciar al cargo luego que se demostrara su responsabilidad al ordenar a funcionarios de seguridad espiar en las oficinas del comando nacional de campaña del Partido Demócrata, en lo que se llamó el escándalo de Watergate; mientras que al presidente Bill Clinton se le eximió de ser condenado por los tribunales que lo investigaron por mantener una relación sexual con Mónica Lewinsky. Otros casos podrían citarse, algunos vinculados con el crimen organizado, como en Colombia con el narcotráfico y el paramilitarismo durante las presidencias de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez. O en la vieja Italia con Silvio Berlusconi. En conjunto, la desafección y la deslegitimación de la actividad política viene aparejada por el relajamiento producido en la conducta de aquellos que acceden a las cúpulas del poder, aprovechándose de la buena fe y de las necesidades de quienes les otorgan, confiados, su voto.

 

Hay que entender que en cualquier latitud del planeta, el fin primordial de la política sigue siendo, sencillamente, la conquista del poder. No entenderlo así sería pecar de ingenuo, creyendo en el paraíso prometido, pero bajo parámetros terrestres. En síntesis, la conquista del poder supone la existencia de un conflicto entre bandos opuestos, ya sean organizaciones político-partidistas o clases sociales, que, normal y aparentemente, se fundamenta en el logro supremo del bien común. Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental europea, al vincular la ética con la política, expresaba que “conducirse éticamente significa querer el bien por sí mismo. El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado”. Una concepción de virtud y vida buena que se ha visto rebasada y, hasta, ridiculizada por la moral imperante en el mundo político contemporáneo, haciéndola ver como algo arcaico e innecesario; todo lo cual incide en el comportamiento observado entre gobernados y gobernantes, tocados todos por el deseo de acceder a una existencia fácil y confortable, al alcance de la mano.

 

Como ya lo anotáramos, la política -entendida como el arte de un buen gobierno republicano- ha sido trastocada por intereses particulares, unidos a intereses comerciales usualmente extranjeros, pero que también pueden asociarse a conglomerados internos; lo que ha hecho de la misma un trampolín seguro para alcanzar un statu de riqueza que, de otra forma, resultaría difícil de disfrutar. Por eso, la justificación de la utilización de medios moralmente dudosos en la política no solo halla espacio en la mentalidad de los gobernantes y demás dirigentes políticos sino también (y es lo más preocupante) entre sus seguidores, soñando emularlos aunque únicamente les toquen algunas migajas. Esto ocasiona la erosión del principio político de isonomía o, lo que es lo mismo, la igualdad de todos ante la ley, respecto a derechos y deberes, en lo que debiera constituir una verdadera democracia. En vez de ello, pululan los políticos que ven al resto de individuos como meros instrumentos para alcanzar y usufructuar el poder, lo que influye, de una u otra manera, en la corrupción extendida de los funcionarios. 

 

No obstante, aún prevalece la convicción sobre el justo empleo de ese poder. Aunque no se pueda esperar una intervención divina en el curso de los acontecimientos humanos, sobre todo en los relacionados con la política. Por eso se requieren ciertas líneas de acción que permitan conjurar los riesgos que provienen de la ambición que corroe el escenario político. Como bien lo expusiera Nicolás de Maquiavelo en su época, la humildad (con el agregado de la inteligencia) no necesariamente le ganará a la soberbia por el mero hecho de que una es buena y la otra mala. Sería lo ideal. «Pero tan exigente empresa -afirmará en su más famoso libro- requiere la generación de ciudadanos virtuosos, políticamente capaces, obedientes a leyes que se dan a sí mismos, servidores del bien público, dispuestos a aprender, participando en política, cuáles son los costes de generar, conservar y desarrollar la libertad que comparten. Ciudadanos entregados a la acción y a la lucha pública por sus libertades». Esto nos obliga a entender y a comprender que la ética y la política se rigen por lógicas que se muestran contrarias entre sí, lo que hace que su estudio y su explicación tengan una complejidad aún mayor de la que pudiera inferirse, dado el sentido común predominante que es, básicamente, aquel que conviene a los intereses de las clases sociales dominantes.