LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

HERMANADOS POR UN MISMO CREDO

El clima ficticio de inestabilidad económica, coreado y auspiciado reiteradamente por representantes de la derecha opositora y respaldado, además, por páginas tipo DolarToday (estableciendo caprichosamente la referencia de un dólar “paralelo”, sin base alguna que lo justifique) creó las condiciones para que se desatara en Venezuela una ola inmoral de acaparamiento, especulación y contrabando de productos de primera necesidad, sin que ésta fuera frenada mediante la aplicación oportuna de controles y sanciones eficaces; lo que colocó al gobierno de Nicolás Maduro en una situación aparentemente sin salida. 

 

Este escenario fue agravado, además, por una variada red de corrupción institucionalizada (de la cual siempre se sospechó su existencia) que se ha visto legitimada, acomodada y ensanchada al amparo de la autoridad ejercida, en distintos niveles, por civiles y militares, sus principales beneficiarios, directos e indirectos, quienes actúan impunemente, sin un atisbo mínimo de vergüenza ni temor a ser castigados.

 

Todo esto, en conjunto, representa un desafío extremo para la mayoría de la población, viéndose ella obligada a sobrevivir de cualquier manera en tanto espera que la situación nacional cambie de un momento a otro, haciendo caso omiso a los cantos de sirena de aquellos que creen necesaria e inminente la caída de Nicolás Maduro; así como al discurso dicotómico del chavismo gobernante. 

 

Dicho de otro modo, la crisis venezolana posee diversas aristas. La burguesía parasitaria responsabiliza al Gobierno chavista de la crisis económica, de modo que esta matriz de opinión repercuta en el ánimo popular y produjera, en consecuencia, un amplio respaldo a la opción opositora, indiferentemente si ésta fuera electoral o abiertamente golpista. Ahora sus representantes parecen olvidarse de las promesas hechas durante los últimos comicios parlamentarios que, entre cosas, contemplaban acabar con el desabastecimiento de productos. Lo mismo valdría decir respecto a la agenda en igual dirección de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual sólo se ha dedicado, básicamente (y no es una acusación banal o gratuita), a un ejercicio retórico diario de autocomplacencia mientras la crisis tiende cada día a agudizarse, obligando a un creciente número de venezolanos a emigrar a otras naciones en búsqueda de un mejor porvenir, algo prácticamente ajeno a la idiosincrasia de este país. Otro tanto habría que achacarle a una parte nada desdeñable de venezolanos que se ha visto arropada por un afán mercantilista desmedido, incrementando irracionalmente los niveles de carestía y de especulación existentes. Tales elementos, en bloque, han precipitado una espiral inflacionaria que desvaloriza vertiginosamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, sin darle chance de sobrellevar con algo de dignidad y de esperanza esta dura y caótica coyuntura; lo que hace suponer a muchos analistas que su solución no es a mediano sino a largo plazo.

 

Esto da pie a discurrir que, desde unos distintos puntos de vista, coincidentes en algunos casos con los dados a conocer por estudiosos del tema, dentro y fuera del país, como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, el marco político, social y económico que rige a Venezuela resulta sumamente contradictorio. Tanto en los discursos pronunciados como en los métodos aplicados. Ello porque los mismos parten -en su conjunto- de diagnósticos que omiten, a su modo, las características que le son substancialmente particulares a la realidad venezolana, desde el período de resistencia armada de los pueblos originarios frente a la irrupción violenta y etnocida de los invasores españoles hasta instaurarse la república. 

 

Esto último -que ha sido escasamente divulgado, profundizado y estudiado, por lo que una mayoría de la población venezolana propende a pasarlo por alto, inconscientemente- debiera constituir el puntal principal para el comienzo de cualquier programa revolucionario que se fije como principal meta estratégica la transformación estructural del modelo de sociedad, del modelo económico y del modelo político reinantes en nuestra nación bolivariana. Ya no serían la visión y las aspiraciones de las élites, las oligarquías o las «vanguardias esclarecidas» sino aquellas que sean propias de los sectores populares largamente invisibilizados, excluidos y explotados. 

 

Lo que supone, indudablemente, el rescate de la memoria histórica de las luchas libradas por éstos a través del tiempo en la reivindicación (muchas veces reprimida y traicionada) de sus derechos democráticos.

 

A este respecto, el desencanto, la impotencia y la desesperanza que tienden a generalizarse de una manera exponencial y hasta delicada entre un gran porcentaje de venezolanos y venezolanas debieran propiciar el debate, la construcción y la difusión de nuevas opciones de carácter colectivo que contribuyan efectivamente a superar el contexto de incertidumbre creado por la crisis económica (inducida o no, pero en todo caso producto de las mismas estructuras políticas, sociales, culturales y económicas existentes desde hace más de medio siglo).

 

Tal objetivo, no obstante, apenas es parte de la agenda de grupos o movimientos sociales y políticos autodenominados revolucionarios, incluso de aquellos que se muestran contrarios a la manera como se conduce la clase gobernante (agregada a ésta la derecha agrupada en la MUD). En el fondo, muchos de ellos, sean de izquierda o de derecha, están hermanados por los mismos credos políticos e ideológicos. Aunque ello parezca mentira, escandaloso e inadmisible.-

 

EL CASO VENEZUELA Y EL OBJETIVO DEL PODER POPULAR SOBERANO

En el mes de febrero de 1922, Alexandra Kollontai, se planteó la siguiente interrogante: “¿Es posible realizar, construir la economía comunista a través de personas que pertenecen a una clase extraña, impregnados por la rutina del pasado? Si razonamos como marxistas y como científicos, contestaremos categóricamente que no, que no es posible. Imaginarse que unos «especialistas», unos técnicos, unos expertos de organización de la industria capitalista, serán capaces de liberarse de golpe de sus métodos y sus puntos de vista, estando aún imbuidos por las ideas recibidas en su educación, adaptadas al sistema capitalista cuando ellos lo servían, y de contribuir a levantar el nuevo aparato económico comunista -porque realmente de lo que se trata es de descubrir esas nuevas formas de producción y de organización del trabajo, esos nuevos estímulos al trabajo-, pensar así significa olvidarse de la verdad, confirmada por la experiencia mundial, de que un sistema económico no puede ser cambiado por unos individuos determinados, sino por las necesidades profundas de toda una clase".

 

Para muchos economistas (instruidos en las diversas universidades y centros académicos existentes, como es notorio, según los intereses y la lógica capitalistas) nada que esté fuera de los cánones o dogmas del capitalismo tiene perspectivas racionales de eficiencia y funcionamiento, por lo que cabría esperar como un acontecimiento inevitable (y hasta preferiblemente) que la economía de los países del mundo se transnacionalice, insertándola en el sistema capitalista global, con todo lo que ello implicaría de negativo en materia de soberanía e inclusión social. Cuestión que, de concretarse, supondrá la instalación de una estructura económico-social carente de derechos democráticos extensivos a todo el conjunto de la población, siendo éstos reservados para goce exclusivo de las minorías dominantes. Ello será factible, además, si ocurre inevitablemente la derrota de los sectores populares en su lucha por lograr una autodeterminación que se exprese, en un primer plano, en lo político y, en otro, en lo económico.

 

En el caso particular de Venezuela, el endeudamiento creciente del gobierno, los compromisos de la deuda externa (incluyendo la correspondiente a PDVSA), la fuga cotidiana de capitales y los exiguos resultados obtenidos con el control de cambios -a todo lo cual habrá que agregar la caída y la lenta recuperación de los precios del petróleo y el paquete de medidas sancionatorias decretadas por el gobierno de Donald Trump, con el deliberado propósito de quebrar la economía nacional- sitúan a Venezuela ante la exigencia y la pertinencia de un programa económico coherente.

 

Desde diversos puntos de vista, el marco político y económico que rige a Venezuela resulta contradictorio. Tanto en los métodos como en el discurso aplicados. Ambos son resultado de concepciones prácticamente deterministas que parten de diagnósticos que esquivan, la mayoría de las veces, las características que le son especialmente particulares a la realidad venezolana.

 

Esto ha impulsado a varios expertos, incluidos los del gobierno, a recomendar la adopción de medidas que reproducen la lógica del capitalismo, como fórmula para afrontar y derrotar el sabotaje económico del cual es víctima, ya no -como algunos piensan- Nicolás Maduro y la cúpula gobernante, sino la población venezolana en general. Frente a ello, sin embargo, habrá que oponer la opción de un poder popular soberano, orientado básicamente a la conformación real de un autogobierno, pero éste no surgirá (como muchos todavía lo creen) de un triunfo electoral.

 

El mismo tiene que auto-organizarse desde abajo como expresión genuina de la democracia participativa y protagónica. No se trataría, por consiguiente, trazarse como máxima meta la sustitución simple de un gobierno por otro. Bajo este parámetro -como lo señala el filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis- la democracia sería “el autogobierno, la autoinstitución, es decir, el hecho de que la sociedad se autoorganiza para cambiar sus instituciones cuando lo juzga necesario, sin tener necesidad de pasar cada vez por revoluciones. En una verdadera democracia, el trabajo legislativo y el gubernamental pertenecen realmente a la gente implicada, a la gente que le concierne, que lo afecta. Lo que implica, desde este punto de vista, no la supresión del poder, sino la supresión del Estado como aparato burocrático separado de la sociedad”. Éste es, realmente, un objetivo fundamental para que exista un poder popular soberano y se logre una emancipación integral del pueblo, creando nuevos paradigmas sociales, políticos, económicos, culturales y, por qué no, también espirituales.-     

LA CRISIS Y LA MISIÓN DUAL DEL PUEBLO VENEZOLANO

 

En Venezuela (dígase lo que se diga en sentido opuesto) se presencia una contradicción histórica innegable. Basta contrastar el discurso oficial -desde el instante en que Hugo Chávez enunciara el inicio del socialismo del siglo 21 bajo su presidencia- con lo realmente existente. Objetivamente. Sin sectarismo alguno.

 

En un primer plano, resalta la persistencia de las estructuras que caracterizan el Estado burgués liberal. Luego (aunque se piense algo exagerado), el desarrollo de las fuerzas productivas siguen manifestándose a favor de la lógica capitalista en vez de apuntar a la construcción de su alternativa, el nuevo socialismo. A ello se suma quizás el factor de mayor incidencia: la carencia de una conciencia colectiva compatible con  los diversos postulados hasta ahora enarbolados, los cuales debieran expresarse -de un modo creciente y amplio- en la hegemonía de un poder popular verdaderamente soberano. Todo esto en medio de los efectos negativos de una crisis económica que, si bien es cierto fuera inducida y patrocinada sin miramientos desde la derecha opositora, no deja de ser responsabilidad de quienes dirigen la nación al no prever y adoptar medidas excepcionales puntuales que la impidieran.

 

En conjunto, esta contradicción histórica innegable ha engendrado, entre otras consecuencias visibles, la percepción errónea que todo ocurre gracias al empeño “desfasado” de construir el socialismo, siendo éste una “ideología fracasada”; haciendo cuenta de lo acontecido en la extinta Unión Soviética después de 70 años vigencia, así como en la evolución de China, Vietnam y Cuba hacia formas abiertamente capitalistas. Esta degradación de lo que sería el socialismo revolucionario sirve de caldo de cultivo para que algunos se desengañen amargamente de esta opción.

 

En síntesis, lo que debió resultar, en una progresión sostenida, una transformación del modelo de sociedad instaurado desde hace más de un siglo atrás, ha desembocado, por distintas vías, en su negación más absoluta. Indudablemente, surgirán y ganarán espacios las voces disidentes que proclamen todo lo contrario y alaben la idoneidad de aquellos que manejan los asuntos del Estado y le endosan toda la culpa al imperialismo gringo y a sus lacayos locales. Ante dicho panorama, surge una importante interrogante sobre qué hacer (y cómo hacer).

 

La posición más cómoda sería achacarle todo a Maduro y a su entorno, y esperar que la oposición (sola o acompañando al gobierno) resuelva. De los militares no se podrá esperar nada diferente. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, podría afirmarse que las penurias económicas que sufre la población venezolana representan (o representarían) la oportunidad de iniciar realmente una revolución popular, esta vez con un grado mayor de conciencia colectiva respecto a la naturaleza de las diversas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales sobre las cuales se erigió el modelo de sociedad vigente.

 

En tal sentido, las metas y la acción histórica que tendrían que trazarse los sectores populares están irrevocablemente predeterminadas por sus mismas condiciones de vida, aun cuando sean, en un primer momento, de carácter meramente reivindicativo. No hay de otra. Les corresponde a los sectores populares, por tanto, una misión dual: una, destructora de todas las estructuras que obstaculizan el desenvolvimiento de su plena soberanía, otra, regenerativa que prefigure el modelo civilizatorio donde se manifieste en toda su dimensión creadora (y re-creadora) esta misma soberanía. La emancipación real y el mejoramiento sustancial de las condiciones materiales de vida del pueblo quedan, en consecuencia, en sus propias manos, lo que debiera incentivarse al máximo en vez de sometérsele al clientelismo político tradicional.

 

Esto, sin duda, supone una ruptura en relación con la concepción y el manejo habituales de la política, siendo éste el factor de mayor impacto en el destino común de venezolanas y venezolanos, tanto la representada por el chavismo gobernante como por la representada por la oposición de derecha; lo que daría origen a la conformación de un nuevo orden político, una nueva moral, una nueva cultura y, por supuesto, una nueva subjetividad histórica. Una ruptura que abarque, además, la resistencia a la continuidad del sistema capitalista por otros medios, habiéndose demostrado que éste sólo beneficia -desde siglos- casi exclusivamente a una minoría privilegiada, independientemente del cariz ideológico con que se revista.-          

LA DESLEGITIMACIÓN INSTITUCIONAL Y LA DEMOCRACIA SOBERANA

Hay en Venezuela (aunque se dude de ello) una deslegitimación institucional en ascenso que es producto de la desconfianza popular en relación con la transparencia y la eficacia del Estado y a quienes conforman su estamento burocrático, en sus distintas categorías. Esto sitúa al pueblo y a aquellos que han optado por trascender el marco referencial representado por la oposición derechista y el chavismo gobernante ante la coyuntura que anticipara en su tiempo León Trotsky: “O el poder constituyente es permanente o se produce la inminente institucionalización burocrática del proceso revolucionario, es decir, su confiscación y su disolución por parte del Estado burgués”.

 

Al pueblo -en sus variadas formas organizativas autónomas- le corresponde asumir y ejercer el poder de un modo constituyente, disolvente e instituyente, dando nacimiento a una nueva gubernamentalidad, que sea, a su vez, expresión y reflejo permanente de la democracia participativa y protagónica que se pretende construir, como condición propiciadora de una democracia directa; eliminando así toda intermediación e influencia estatista y partidista que frustre o amenace su posibilidad.

 

Esto implica no sólo la recuperación de las formas que den vida a la democracia sino su reformulación y/o recreación por parte de los sectores populares, convirtiendo, al mismo tiempo, en acción su voluntad política. Bajo tal orientación, se debe impulsar y lograr que las clásicas estructuras del Estado liberal burgués por eliminar (y aquellas que las reemplazarán) respondan a esa acción y a esa voluntad política de los sectores populares en vez de hacerlo -como ha sucedido siempre- según la visión y los intereses particulares de una minoría; en un proceso dialógico, de interacción y de alteridad de liderazgos. Toca, por consiguiente, definir la naturaleza del poder existente y cómo podrán (y deberán) ejercerlo realmente los sectores populares, de manera que tiendan éstos en hacer desaparecer por completo los rasgos, los procedimientos y la ideología que legitiman las relaciones jerárquicas que de tal poder se originan.

 

No obstante, hay una realidad que no puede pasarse por alto. Desde un punto de vista objetivo y nada sectario, es factible afirmar que en Venezuela -lejos de asentarse la construcción de una hegemonía radical y eminentemente popular, con alta incidencia en los asuntos y en la toma de decisiones del Estado- estaría instaurándose un poder burocrático corporativo, con la anuencia interesada de civiles y militares involucrados, de un modo más efectivo que lo alcanzado por adecos y copeyanos durante el período puntofijista, incluyendo sus altas cuotas de corrupción administrativa; alrededor del cual todo giraría, sin cuestionamientos ni opciones potenciales que se le opongan.

 

Un asunto que pocos perciben y que muchos, aún envueltos por su fe en el discurso oficial, se niegan obtusamente en admitir, lo que apenas pareciera remecerse cuando el mismo gobierno revela la caída de alguno de sus “cuadros revolucionarios” por delitos de corrupción. Esta circunstancia tiende a reforzarse sobre la base de la esperanza de los sectores populares de resultar bendecidos -de una u otra forma- por las dádivas gubernamentales, lo que dificulta, en una primera instancia, que éstos capten dónde se ubica y cuál es el origen de las dificultades para que exista y se consolide, de verdad, un poder popular soberano.

 

En medio de este contexto, todavía cabría plantearse un programa de lucha que se trace como una de sus metas fundamentales rescatar y reconceptualizar el ámbito de aplicación y rasgos esenciales de la democracia participativa y protagónica, convertida ahora (y esa debiera ser la tendencia), por obra y gracia de la acción popular, en democracia directa. En conexión con este planteamiento, se ha de comprender -como lo expone el sociólogo mexicano Pablo González Casanova- “que la lucha popular por una democracia sin justicia y sin independencia nacional no tiene sentido. Por eso no puede lograr nada o durar nada. Mientras tanto, la lucha por una democracia soberana con justicia social tiene altas probabilidades de convertirse en la nueva alternativa histórica, y por eso es perseguida”.

 

Aunque luzca improbable, semejante programa adquirirá forma y contenido de existir un mínimo de voluntad y de audacia teórica de parte de sus promotores. Para hacerlo viable y confiable, no deberá limitarse únicamente al campo político, como es cosa habitual entre muchos reformistas. Las condiciones objetivas (y hasta subjetivas) inducen a pensar -pese a los factores adversos existentes, reales y/o aparentes- que éste es el momento preciso para su puesta en marcha. Sólo bastarían convicción y compromiso.-           

 

LA COMUNA. COMO DEBIERA SER.

La comuna (tal como se proyectara en Venezuela, si hubiera realmente esta convicción) debiera ser una forma de gobierno popular autónomo. No se trata, por ende, según la óptica del estamento gobernante, de tutelarla y/o de integrarla a las diversas instituciones del Estado, coartándole así el ejercicio de la democracia participativa y protagónica que habría de caracterizarla en todo momento. Esto quizás signifique un escándalo y una amenaza para aquellos que usufructúan el poder, sin permitir, como hecho revolucionario la construcción -valga la redundancia- de un nivel más efectivo de participación y de protagonismo por parte del pueblo.

No obstante los buenos deseos de algunos, hay que reconocer que el principal obstáculo por vencerse para la construcción de la comuna -en dicho contexto- es la inexistencia y debilidad de una conciencia revolucionaria que responda a la necesidad de no simplemente producir un cambio superficial o cosmético que termine por dejar todo igual; siendo un enorme contrasentido que se continúe con la reproducción de los mismos criterios, de la misma ideología y de las mismas estructuras burocrático-representativas que han hecho posible las tradicionales relaciones jerarquizadas de poder, legitimadoras, además, del Estado liberal burgués vigente. Dicha conciencia, en consecuencia, debiera convertirse en un instrumento inmediato del cual echar mano para este hecho revolucionario de primer orden se haga una realidad tangible, a pesar de las eventuales conspiraciones en su contra.

En este sentido, vale afirmar y reiterar que los sectores populares tienen que fijarse como su meta estratégica el control directo del Estado, generando al mismo tiempo sus propios espacios organizativos y utilizando (hasta donde sea algo aprovechable) las diferentes leyes del poder popular existentes; sin eludir el cuestionamiento de raíz de las estructuras estatales. Lo ideal, en este caso, es que la comuna fuera una consecuencia del debate y de las aspiraciones de los sectores populares, de acuerdo a la situación específica de cada región, localidad o grupo social, cuyo saldo organizativo se genere desde abajo, apuntando al afianzamiento de una democracia directa.  

De esta forma, la comuna podría perfilar la edificación y la permanencia de un nuevo tipo de sociedad donde los sectores populares, mediante los trabajadores (en su doble papel de productores y de consumidores) controlen directamente los medios de producción, los que -hasta ahora- se han hallado en manos de minorías, planteándose, simultáneamente, la eliminación de todo rasgo de explotación, imposición o desigualdad engendrado, desde muchos siglos, por el sistema capitalista. Pero esto no debe confundirse -como ya ocurriera en la extinta Unión Soviética y las naciones bajo su influencia- con la promulgación de una propiedad estatizada, dirigida y “apropiada” por una burocracia corporativa gubernamental que sólo vela por sus propios intereses. Si los medios de producción -explica Rodolfo Sanz en uno de sus artículos publicados. Son una función del Estado, es decisivo quién, qué clase o capa social detenta realmente el poder y maneja el plusproducto (o plusvalía estatizada). El problema radica en que si el poder no está en manos de la clase obrera, si es la burocracia la que se encarama en él, será esta burocracia la que tenga el Estado y, por ende, a los medios de producción como su ‘propiedad’ y maneje el trabajo excedente”. Por lo tanto, es preciso que los medidas iniciales de empoderamiento y expropiación de estos medios de producción incluyan no únicamente la definición jurídica respecto a la propiedad de los mismos sino también su posesión efectiva por parte de los sectores populares, haciéndose realidad entonces la socialización de la producción, aparte de la superación de la clásica división social del trabajo.

De todo esto se desprende, como conclusión lógica, que la propiedad y posesión efectiva de los medios de producción, el poder político y, por añadidura, la planificación, han de ser elementos constitutivos de la comuna, de modo que la transición -en beneficio de la totalidad de la población- hacia el nuevo modelo civilizatorio en construcción esté completamente asegurado.-   

VENEZUELA Y LA POTENCIALIDAD DE UNA DEMOCRACIA INCLUYENTE

En el actual contexto de incertidumbres creado por la crisis económica -a la cual se agrega el manto de corrupción que parece extenderse sin límites a la totalidad de las instituciones públicas y capas sociales del país- se impone la necesidad inmediata de fraguar, en contrapartida, un proceso colectivo, constituyente y autocreativo que, partiendo de la realidad específica que vive a diario el pueblo de Venezuela, sea lo suficientemente audaz para crear las expectativas y las condiciones requeridas para el surgimiento de un poder popular realmente democrático, pluralista, revolucionario y, por supuesto, soberano.

Dicho proceso (no está por demás enunciarlo) demanda como elementos esenciales de su construcción una democracia ampliamente incluyente y una unidad múltiple en la cual participen, sin afectar sus respectivas autonomías, organizaciones de carácter político y/o social con objetivos y puntos de vista comunes. Además de exigir, como una de sus primeras acciones, el cuestionamiento, la antítesis y el desplazamiento las diferentes modalidades existentes de dominación, exclusión y explotación que pesan sobre los sectores populares, aun aquellas que cierta gente califica de benévolas e inevitables, creyendo en una evolución paulatina y, por tanto, pacífica.

 

Ello implica, como es lógico suponer, impulsar la configuración y la diversificación de nuevas expresiones de poder popular, convertidas en núcleos funcionales independientes de gobiernos locales, comunitarios y/o comunales de tipo horizontal y antiburocráticos; lo que representaría (y sería) una potencialidad constante de cambio.

Todo esto pudiera tener como un punto de partida lo ocurrido en Venezuela durante las dos últimas décadas. Así, el chavismo -con sus errores, contradicciones y atinos- les lega a los venezolanos un conjunto de lecciones que, estudiadas con la seriedad y la objetividad, digamos, científica que pueda aplicársele, contribuirían a la producción de paradigmas alternativos que lleguen a caracterizar esta democracia incluyente y, por demás, directa que habrá de erigirse, de manera que la misma se diferencie -radicalmente- de todo aquello que se ha conocido, hasta ahora, como democracia.

Aun cuando en el día de hoy sea víctima de muchas deserciones, decepciones, descalificativos y reacciones adversas, no se podrá negar que el chavismo sintetiza un tiempo histórico que -con sus aportes y desaciertos, como todo proceso humano-, precisa de un entendimiento desapasionado y, como resultado, de una comprensión cabal y menos parcializada respecto a las causas estructurales, sociológicas y coyunturales que lo hicieron posible; producto, asimismo, de las diferentes políticas, sociales, económicas, culturales y militares, de carácter clasista, que fueron ocurriendo a lo largo de cuarenta años de hegemonía del régimen representativo instaurado bajo el espíritu del Pacto de Punto Fijo.

 

Entender y combatir la naturaleza de las nuevas relaciones de poder surgidas tras el ascenso de Hugo Chávez al poder (y reforzadas bajo la presidencia de Nicolás Maduro), las cuales conjugan el más descarado uso y abuso del oportunismo y del clientelismo políticos, exige crear y recrear una nueva concepción de la democracia, opuesta en todo a la lógica estatista, esto es, a la influencia y la preeminencia burocrática del Estado que se manifiesta sobrepuesta al poder popular.

Para ello hará falta, igualmente, fusionar -en síntesis creativa- los ideales bolivarianos, Robinsonianos y zamoranos (sin que ello se confunda con su utilización retórica por parte del chavismo) para que sean y se conviertan en las claves históricas, teóricas y morales fundamentales que motoricen el proceso que protagonizarán y determinarán ininterrumpidamente los sectores populares, camino de su propia liberación, creando sus particulares formas organizativas; sin que se instituya un principio inamovible que colide con su marcha y consolidación.-

MUD-MADURO Y LA POLÍTICA DE LA INCERTIDUMBRE

Aún con todas las medidas adoptadas por el gobierno nacional y las promesas que indujeron la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (lo mismo que la de gobernadores y, en diciembre, la correspondiente a alcaldes y alcaldesas) han tenido por finalidad mitigar y erradicar los efectos perniciosos de la crisis económica que sufre el país, una gran porción de la población venezolana comienza a ser presa del desencanto y la desesperanza.

Pocos (generalmente aquellos que ostentan cargos de gobierno, lo cual se explica por sí solo) son capaces de conservar algún optimismo respecto al futuro. En la acera de enfrente, los grupos opositores manifiestan una actitud similar, sólo que ésta es producto de su confianza ciega en que el gobierno de Nicolás Maduro caerá algún día y Washington (junto con sus aliados) les meterá la mano para que puedan resolver satisfactoriamente y en un corto plazo todas las dificultades y escaseces que se han prolongado y acentuado en los últimos cuatro años.

Con una reducida diferencia, podría aseverarse, sin exageración, que estas posiciones encontradas fomentan, cada una a su modo, una política de incertidumbres en relación con lo que podría ocurrir en Venezuela en el transcurso de los próximos meses, en medio de una hiperinflación que es más que evidente cada día y amenaza a los venezolanos, sin distinción, a condiciones de sobrevivencia únicamente superadas por las padecidas por el pueblo palestino desde hace más de medio siglo y, en un segundo plano, por los cubanos en un período similar. No obstante, pese al desencanto y la desesperanza que puedan embargar los ánimos de los sectores populares, esta coyuntura podría servir de caldo de cultivo para la elaboración y la puesta en ejecución de un amplio programa de transformación estructural que trascienda lo representado por el chavismo y la oposición, vistos ambos como la expresión de un mismo proceder político, el cual niega y usurpa a su entero favor la soberanía perteneciente al pueblo; apenas diferenciándose en sus respectivos discursos.

Esta posibilidad -percibida y compartida por muchos como necesidad impostergable, dado el estado anómico que amenaza extenderse a todo el conjunto social venezolano, además del estado de corrupción expandido a todas las instituciones públicas- tiene ante sí como principal obstáculo la definición del marco teórico que la comprendería, ya que no existe, por ahora, una unanimidad en cuanto a qué elementos de tipo ideológico deberían incorporársele, haciéndole práctica y, más importante, creíble, sin sofismas que disfracen la realidad que se pretende cambiar. Todo esto, resaltando el rol determinante de un auténtico poder popular soberano que, incluso, haga obsoleta (preferiblemente) la existencia de los partidos políticos tradicionales.

Aunque suene utópico, la realidad contemporánea -con una hegemonía del capitalismo corporativo global, en apariencia indetenible, subyugando a su gusto gobiernos y pueblos en cualquier región del planeta- obliga a plantearse este reto de una forma creativa, con los pies en la tierra, sin dejar de reafirmar los valores autóctonos que nos identifican como nación o pueblo, en un proceso de autoreferencia y de descolonización intelectual

De esta manera, la política de incertidumbres de parte del gobierno y la oposición tendrá que dar paso a una inspirada y sustentada en la democracia entendida y practicada directamente por los sectores populares, con vocerías revocables en cualquier momento, elegidas en asambleas de ciudadanos como instancia superior de todo poder constituido.

Siendo esto cierto -y habilitadas las instancias que harán factible y permanente esta nueva concepción y nueva praxis de la democracia- cabe concluir que Venezuela iniciaría una etapa de su vida republicana con una visión y un compromiso de país mejor definidos y, por consiguiente, de un mayor arraigo entre su gente.- 

 

LA COYUNTURA ACTUAL Y LA POTENCIALIDAD DE LA LUCHA POPULAR EN VENEZUELA

Apartando lo hecho por los grupos de la oposición para tumbar al gobierno, asesorados, financiados y apoyados mediáticamente por el imperialismo gringo y sus aliados -algo que salta a la vista sin tanto detalle-, con todo lo acontecido hasta ahora en Venezuela (o, en la óptica de algunos, muy a pesar de ello) es inobjetable que cada día se percibe que algo no cuadra con el discurso (repetitivo y vacuo, muchas veces) de la dirigencia gobernante y la realidad crítica del país. Que algo, sencillamente, no funciona del todo bien en las diferentes estructuras del Estado, que en el partido mayor del chavismo (y con mayor razón en los partidos políticos de la derecha) siguen vigentes los arcaicos esquemas y vicios adeco-copeyanos, que la cacareada “revolución” únicamente ha servido de oportuno y eficaz trampolín para que un reducido grupo de “vivos” (políticos, empresarios y militares, mimetizados en un común objetivo) sea el beneficiario directo y casi permanente de todo aquello que se derive de la detentación del poder.

 

Esto explicaría -en un sentido general, sin muchos pormenores- el deterioro de la hegemonía chavista, todavía campante, sin duda, pero con unos flancos débiles -producto de todo lo anteriormente señalado- que han permitido el avance (balbuciente) de la derecha y el surgimiento (incipiente) de otras opciones realmente revolucionarias, algunas reivindicando el ideario bolivariano, otras a Hugo Chávez y, en muchos casos, marcando distancia respecto a éste y a sus sucesores en el ejercicio del poder. De ahí que -tanto chavismo como oposición, dueños y señores, en apariencia, del escenario político nacional, se muestren interesados en desviar el foco de atención de los sectores populares en relación con las verdaderas causas estructurales y coyunturales que han propiciado la asfixiante situación actual venezolana.

 

Esto explica (también en parte y sin profundizar) el por qué, ante los mismos problemas y las mismas necesidades, las reacciones y las actitudes de las venezolanas y los venezolanos difieren ostensiblemente entre sí. En ocasiones, de protesta y movilización, activando las alarmas en los operadores políticos del gobierno. Otras veces, de silente resignación (reforzando el estado de pasividad moral y política inducido por los grupos oligárquicos del pasado) cuando lo que debiera elevarse y concretarse es la potencialidad mostrada por los sectores populares para romper con las estructuras de dominación aún imperantes y darle espacio abierto a la práctica creadora de la democracia participativa y protagónica, de manera que ésta se transforme -de manera permanente- en democracia directa.

 

Repitiendo lo dicho en alguna oportunidad por el comandante guerrillero Douglas Bravo, “el desafío es, pues, la ruptura en el plano teórico y práctico con los conceptos que atrapan y domestican a las revoluciones, impidiéndoles trascender el marco de la civilización capitalista; es el de la ruptura con los mecanismos internos de funcionamiento que caracterizan a la vieja organización, los partidos políticos tradicionales y la ruptura con el tipo de relación que establecen éstos con las fuerzas sociales del cambio”.

 

Dicho desafío -haciendo uso de los diferentes mecanismos legales existentes, aun cuando se dude de su posible eficacia- podrá emprenderse y rendir sus frutos, primeramente actuando de modo realista, eludiendo la eventualidad de ser cooptados sus activadores por el sistema vigente. Luego, plasmando en un programa las diferentes propuestas que surjan, reelaborándolo a medida que el mismo se concrete, sin desvirtuar sus objetivos fundamentales. A su favor, se halla la evolución política observada en los mismos sectores populares a los cuales se dirige, un elemento que beneficia las condiciones requeridas para llevarlo a cabo.

 

Innegablemente, cambiar por completo lo que tiene lugar ahora en Venezuela no será una tarea fácil, ni podrá ejecutarse exitosamente en un corto plazo, sin la participación efectiva y soberana del pueblo. Sin embargo, ello amerita su inicio cuanto antes.

 

Hará falta incitar entre el pueblo, de forma sostenida y retroalimentada, la propaganda, la agitación y la organización autónoma que le permita lograr una caracterización mejor definida del papel histórico que le corresponde asumir en la presente coyuntura; elevando la potencialidad de la lucha popular y, por consiguiente, de lo que entendemos por democracia participativa y protagónica.-