NUESTRA AMÉRICA

LA GUERRA JURÍDICA CONTRA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

La guerra jurídica, o lawfare, es la nueva modalidad adoptada por algunos gobiernos para desmoralizar y destruir a sus oponentes políticos, potenciales o declarados. Esto implica, obviamente, un uso indebido de los diferentes instrumentos de carácter legal a su disposición. Todo con la intención de afectar, obstruir y destruir su trayectoria e imagen pública, hasta lograr, al final, su inhabilitación política y posible encarcelamiento. Algo que ya ocurre en Argentina y Brasil con Cristina Fernández y Luis Inácio Lula Da Silva, a quienes se les han imputado delitos de corrupción administrativa, supuestamente cometidos bajo sus respectivos mandatos presidenciales, a fin de impedir que ambos lleguen, en unas próximas elecciones, a recuperar el poder.

 

Otro tanto se le pretende aplicar al expresidente Rafael Correa a instancias de quien sería su sucesor al frente de la Revolución Ciudadana en Ecuador, ahora alineado con Estados Unidos y la derecha latinoamericana. En ello vale incluir a Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Dilma Rousseff, destituidos mediante artilugios orquestados desde los Congresos de sus respectivas naciones, dominados por sus enemigos derechistas, aprovechándose de algunas circunstancias que, en su momento, fueron difundidos y magnificados por los medios informativos a su servicio, creando matrices de opinión favorables a sus fines políticos.

 

Una cuestión que sienta, ciertamente, un grave precedente en cuanto a la aplicación de las leyes, tergiversando su naturaleza y propósitos en beneficio de un interés partidista y/o minoritario que, a la larga, minará la confianza que se tenga respecto a la integridad de aquellos que ejercen los poderes del Estado (más allá del grado en que se halle actualmente). Lo cierto de todo, es que esta práctica deshonesta de las leyes será todo, menos algo legal o legítimo como lo presentan sus promotores.

 

Otro tanto ocurre con la legislación supranacional aplicada desde hace décadas por Estados Unidos y Europa al resto de los países, ya no solo contra aquellos que mantienen una ideología diferente a la suya, sino que se extiende a otros con iguales o parecidos intereses, sin respeto alguno a la soberanía de los pueblos objeto de sus ataques ni al derecho internacional, instituido -vale aclarar- por sus gobiernos a través de la Organización de las Naciones Unidas, luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, lo que constituye una contradicción flagrante con sus principios. También cabe incluir la negativa estadounidense a la aplicación de la justicia a sus soldados en diferentes escenarios bélicos, obligando a algunos gobiernos a reconocerles inmunidad diplomática, aun cuando cometieran crímenes de guerra y de lesa humanidad, justamente cuando han sido desplegados para, supuestamente, resguardar los derechos humanos, la paz y la democracia de otras naciones. En este último caso, el gobierno de Donald Trump amenazó con aplicar sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional si éstos obran con una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.

 

La pretensión a largo plazo (quizás en menor tiempo al que se calcule) es crear las condiciones adecuadas para que exista una “sociedad abierta” regida por un gobierno global, a la cabeza del cual estaría, sin sorpresa alguna, Estados Unidos. De esta manera, las relaciones comerciales, financieras y políticas están siendo insertadas -sin desmayo y a la vista de todos- en un vasto plan de dominación que algunos anticipan como un hecho irreversible, difícil de conjurar, pero que, aun así, sufre grandes tropiezos, gracias a la resistencia mostrada por los diferentes pueblos del mundo.  

LA LUCHA TEÓRICO-CULTURAL POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

 

Quienes controlan el poder del Estado generalmente operan al margen de la opinión de la gente, es decir, sin su consenso y sin tomar en cuenta sus decisiones y sus posibles deliberaciones, a la cual asigna un papel siempre secundario y accesorio, sólo útil a la hora de requerir su legitimación a través del voto. La soberanía popular así “delegada” se convierte en un arma a esgrimir en contra de su depositario originario, no importa cuánto se afirme en constituciones y leyes, y cuán grande resulte la reacción negativa de los ciudadanos ante lo que estiman injusto o, en su defecto, necesario. Esto tiende a agudizarse y a generar mayores contradicciones, a medida que la lógica capitalista supera toda expectativa democrática de los sectores subalternos o subordinados.

En este caso, los gobiernos -como elementos visibles de los Estados- terminan adoptando como suyos los intereses y los lineamientos de las corporaciones capitalistas, sobre todo, transnacionales, gran parte de las cuales se han apoderado de territorios ricos en agua, minerales y biodiversidad, sin atender los reclamos legítimos de los pueblos originarios y campesinos que los habitan desde largo tiempo.

Esta situación, común en una porción creciente de naciones, de la cual no escapan Estados Unidos ni Europa, pone en entredicho la legitimidad de aquellos que ejercen el poder en nombre del pueblo; cosa que se trata de minimizar mediante el uso de las atribuciones y las normativas oficiales vigentes. Si esto último no funciona del todo, entonces se recurre a los métodos represivos acostumbrados.

“La discusión sobre la problemática de los nuevos actores, espacios y discursos en el terreno de lo político -refiere Rigoberto Lanz en su artículo ‘Soberanía del sujeto frente al Estado’, publicado en 1988- pasa por dilucidar la naturaleza del Estado mismo, es decir, el contenido básico de relaciones de poder que no pueden ser leídas objetivamente como simple ‘contexto’ de lo regional, de lo social o cualquier otra figura de análisis sociopolítico”. No se trata de trazar como máxima meta la sustitución simple de un gobierno. En ello habría que incluir las relaciones sociales, el discurso y la movilidad políticos, la distribución interna de funciones del Estado, las relaciones de poder, la base jurídica, los aparatos militar, policíaco, educativo, cultural, religioso y comunicacional; las formas de representación, el rol de los partidos políticos, los valores y, en general, todo aquello que justifique el orden civilizatorio imperante, presentándolo como algo natural, inevitable e inmodificable.

Por esto mismo, la capacidad de los sectores populares para generar y asegurar nuevas fórmulas organizativas que destaquen y refuercen su participación y protagonismo tiene que rebasar la ideología dominante, haciéndola totalmente prescindible. Recurriendo de nuevo a Lanz, “la búsqueda de formas participativas reales en la dirección de los micro-espacios societales (pues ‘La Sociedad’ es una metáfora que designa arbitrariamente relaciones, planos y procesos contradictorios), pasa por una distancia -brutal o sutil- respecto a los aparatos de Estado, las corporaciones y los partidos. Estas instancias reproducen una misma lógica burocrática, la misma racionalidad instrumental. Calibrar una iniciativa de transformaciones -de la envergadura que fuera- es ante todo ponderar su capacidad real para impugnar la lógica burocrática del Estado, las corporaciones y los partidos. Cualquier intención de cambio en la escena política tropieza irreversiblemente con esta lógica”. Toda actitud y proceder estáticos, conservadores y/o convencionales, estarán de antemano en abierta oposición a tal propósito. Ello conlleva, además, la adopción y profundización de una nueva subjetividad -antiautoritaria, antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista y, de manera especial, hondamente ecologista-, producto de la batalla teórico-cultural que ha de acompañar las diversas transformaciones por emprenderse. Todo en un marco de horizontalidad policéntrica, sin prevalencias clasistas o sectarias que lo impida.

La pluralidad de organizaciones y enfoques que se derive de esta nueva realidad debe asegurar la participación y el protagonismo de una ciudadanía activa. Para asegurarla y concretarla son necesarios (valga la redundancia) la participación y el protagonismo de las personas, indistintamente de su condición socioeconómica; la igualdad de su voto en la toma de decisiones -tanto en lo que respecta a las instituciones públicas, gremios y partidos políticos como en relación con sus propias organizaciones autogestionarias; una comprobación adecuada de la información compartida, lo que exige no solamente información sino también educación, crítica y autocrítica, responsabilidad (horizontal, vertical y societal); además de demandas como expresión de las solicitudes institucionales y no institucionales que tengan a bien hacer las personas y movimientos populares. -         

 

ESTADOS MODERNOS Y SOCIEDADES COLONIALES

Tal como lo deja asentado el investigador de origen brasileño Danilo Assis Clímaco en el prólogo de la obra “Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder”, del sociólogo peruano Aníbal Quijano: “Encarnamos la paradoja de ser Estados-nación modernos e independientes y, al mismo tiempo, sociedades coloniales, en donde toda reivindicación de democratización ha sido violentamente resistida por las élites ‘blancas’”. Para cierta gente, algo difícil de digerir, obviando el hecho indiscutible que, desde los primeros tiempos de nuestras naciones (hablando de nuestra América), los estratos sociales subordinados han resistido las pretensiones hegemónicas de quienes detentan el poder político, económico y, hasta, religioso; convertidos, por obra y gracia de dicho poder, en los únicos autorizados y capaces de asumir las riendas de la sociedad.  

 

En cierta forma (visible a veces, en otras no) somos víctimas frecuentes de la eurocéntrica visión unilineal, asimilada e institucionalizada sin cuestionamiento alguno. Quienes comenzaron a regir los destinos de las repúblicas nacientes de Nuestra América lo hicieron generalmente despreciando lo autóctono y glorificando, en su lugar, todo aquello proveniente de Europa, inicialmente, y de Estados Unidos, luego. Simultáneamente, tendemos a ignorar (consciente y/o inconscientemente) que esta situación histórica emergió junto con el advenimiento del capitalismo colonial global. Respecto a esto último, habrá que decir que todo cuestionamiento a uno de estos dos elementos implicaría, forzosamente, el cuestionamiento del otro; estando como están ambos fuertemente entrelazados. Esto -visto en conjunto y, sobre todo, considerando el desarrollo de las fuerzas productivas internas- creó un sistema altamente dependiente, lo que influyó en la condición de subdesarrollo atribuida desde mucho tiempo a nuestras naciones.   

 

Esto nos sitúa frente a lo que en nuestra América se identifica todavía (sin mucho análisis) como burguesía, pero en un contexto diferente a lo determinado por los teóricos del comunismo, dada su singularidad frente a la imagen clásica de la surgida en Europa, a partir de la Revolución Francesa, frente a la cual posee muy escasas semejanzas. Al referirse a esta situación, uno de los principales ideólogos del movimiento de descolonización francés, nacido en Martinica, Frantz Fanon, en su obra «Los condenados de la tierra», expone: «En los países subdesarrollados, hemos visto que no hay verdadera burguesía sino una especie de pequeña casta con dientes afilados, ávida y voraz, dominada por el espíritu de tendero y que se contenta con los dividendos que le asegura la antigua potencia colonial. Esta burguesía caricaturesca es incapaz de grandes ideas, de inventiva. Se acuerda de lo que ha leído en los manuales occidentales e imperceptiblemente se transforma no ya en réplica de Europa sino en su caricatura». 

 

A ello se suma la realidad del modelo de Estado imperante, el cual tiene como rasgo distintivo una estructura oligárquica que responde a esta visión y, por tanto, a los intereses grupales de las clases dominantes, o burguesía terrateniente y comercial, acoplada -desde los albores del siglo 20- a los grandes capitales monopólicos imperiales radicados en el norte del continente; correspondiéndoles -dentro de los esquemas de la división internacional del trabajo- el papel de exportadores de materias primas.

 

Aun teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de los países de este continente (al igual que en otros), se mantiene prácticamente inalterable esta visión eurocéntrica unilineal. Esto explica en gran parte la diversidad de tensiones y de conflictos sociales generados a través de nuestra historia común, especialmente en lo que respecta a la concepción, las garantías y el ejercicio real de la democracia, así como todo aquello que tendría lugar en cada uno de los ámbitos de la vida social, si ésta fuera efectivamente extensiva a toda la población y no únicamente a un sector específico. Explica además el por qué teniendo, en apariencia, Estados modernos, todavía pervivan sociedades coloniales en nuestra América. -  

 

UNA COSA ES INVOCAR AL DIABLO Y OTRA VERLO EN PERSONA

La crisis económica, o como algunos prefieren llamarla, guerra económica, requiere de acciones inaplazables, puntuales y contundentes que frenen la espiral especulativa que ha hecho mella profunda en la capacidad de compra de los venezolanos. Ésta es una situación urgente que exige mucha voluntad política de parte de aquellos que dirigen las diferentes instituciones públicas para emprender un combate de mayores efectos contra quienes se han dedicado a incrementar los precios de diversos productos sin considerar siquiera que están fomentando una salida extrema por parte de los sectores populares, tal como ha acontecido ya en varias partes de Venezuela.

Sin embargo, hay que acotar que es necesario igualmente que se apliquen correctivos enérgicos, quizás excepcionales, que ataquen y reduzcan considerablemente la corrupción presente en muchas instituciones, evitando que sea percibida y aceptada como un hecho normal. Sin la corrupción existente, extensiva por igual al sector estrictamente civil, no se acabará la especulación descontrolada de cualquiera de los productos que requieren todos los venezolanos, en especial los alimenticios, que es donde se manifiesta con mayor crudeza y desesperación la desvalorización del poder adquisitivo.

Ambas operaciones exigen la actuación del poder popular organizado en general. Bajo esta directriz, debieran activarse todas sus organizaciones en función de extirpar este flagelo social, puesto que sus consecuencias funestas podrían darle paso a un clima de total inestabilidad en el cual prevalecería el interés personal antes que el colectivo. Algo de lo cual no podrían sacar provecho los grupos opositores que son los más motivados en que ello ocurra para que caiga el gobierno o se concrete una intervención militar extranjera, tal como la han invocado en numerosas ocasiones.

Respecto a este posible escenario, habrá que sublevarse, independientemente de la opinión que se tenga de la dirigencia política gobernante o de la oposición de derecha, ya que de permitirse, por indolencia e irresponsabilidad nuestra, se creará un estado general de ingobernabilidad, mucho peor al que, en mayor o menor medida, criticamos en el presente. En el caso de quienes animan una intervención militar extranjera, encabezada sin duda por tropas estadounidenses, o, como lo admitió en fecha reciente el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, alientan a las fuerzas armadas para que den un golpe de Estado para salir del gobierno, hay que recordarles, apelando a la filosofía popular, que una cosa es invocar al Diablo y otra verlo en persona. Esta eventualidad hipotética sólo acarrearía males incalculables, incluso sin que llegara a presentarse la fatalidad de una guerra civil, como pasó en otros países del continente.-

 

LA MEJOR MEDIDA CONTRA EL ESTADO DE SITIO ECONÓMICO DE VENEZUELA

El incremento hiperinflacionario y los niveles de desabastecimiento crónico, unidos a la ineficiencia y la corrupción institucional presentes en cuanto a lo que debiera ser la efectividad de los canales de distribución de productos, obligan a plantear como una alternativa necesaria que el pueblo organizado, ya sea a través de los consejos comunales, de las comunas o de los comités de usuarios y consumidores que se lleguen a constituir, tenga una participación real y vinculante en el control de la grave situación económica que está confrontando Venezuela.

Si nos hallamos en una guerra económica, como lo manifiestan a cada rato los personeros del gobierno, lo lógico es pensar que se tomen medidas excepcionales (entendiendo lo que es una economía de guerra) que permitan derrotar al enemigo, en este caso, a los comerciantes inescrupulosos, a los bachaqueros y a los funcionarios públicos que han hecho de la corrupción un negocio muy lucrativo, a tal punto que ninguno de ellos se queja de la crisis en que se halla la generalidad de los venezolanos. En tal caso, debiera activarse una contraloría social de forma permanente, incluso entre los mismos organismos públicos a los cuales se les encomiende esta tarea, puesto que el burocratismo es uno de los principales resguardos de la corrupción y demás delitos que se cometen, al ocultar, obviar e impedir cualquier procedimiento legal que se inicie en su contra.   

Por otra parte, hay que advertir que la extensión del rentismo petrolero y la profundización del extractivismo, sobre todo con la explotación del Arco Minero del Orinoco y la implementación de la criptomoneda del Petro, estarían beneficiando, básicamente, al capital financiero, nacional o extranjero, lo que a la larga significaría desmantelar, de una u otra forma, lo que pudo ser la construcción de un sistema económico distinto en manos de los trabajadores y de los sectores populares, en el cual predominara el valor de uso por encima del habitual valor de cambio del capitalismo. Respecto a ello, se entiende la necesidad de obtener recursos y tratar de levantar la economía nacional, pero debe evitarse, en lo más que se pueda, recurrir a las fórmulas del neoliberalismo capitalista como única y última opción, lo que complacería grandemente a quienes, abierta y encubiertamente, desde adentro y desde afuera, se han opuesto a la alternativa democrática del poder popular soberano, esta vez con mayor empeño que cuando gobernaba Hugo Chávez.

La situación presente de Venezuela, con todo el diagnóstico negativo que se pueda hacer a diario en cualquier parte del territorio nacional, exige la construcción colectiva y democrática inmediata de nuevos espacios de participación, así como de nuevos liderazgos, sin reciclajes, que estén verdaderamente comprometidos con la ampliación y la consolidación efectiva de una democracia participativa que rebase y elimine, al mismo tiempo, los límites impuestos por la demagogia y el clientelismo político.

El bloqueo o estado de sitio económico que padece Venezuela pudiera superarse si se trabajara ciertamente por hacer realidad el poder popular soberano, con suficiente independencia económica y política, lo que podría incidir, siendo optimistas, en la generación de los cambios estructurales que fueron postergados desde los tiempos de Chávez y que ahora son harto necesarios, aún más que antes, puesto que el viejo modelo político implantado por el puntofijismo ya caducó y se requiere uno más ajustado a los nuevos tiempos que vive el país. Esto debiera bastar para unificar a todos los sectores sociales y políticos alternativos en la puesta en marcha de una amplia propuesta de transformación estructural del Estado, como lo plantea, por ejemplo, el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), de modo que exista esa posibilidad no lejana, ni quimérica, de regenerar el país con hombres y mujeres realmente patriotas, dispuestos a defender los intereses nacionales por encima de cualquier interés particular, ya sea éste partidista o económico.-  

ABYA YALA Y LA CONSPIRACIÓN PERMANENTE

Los pueblos de nuestra Abya Yala -desde la época colonial hasta el presente- han estado sometidos a una situación histórica concreta que se manifiesta a través de las diversas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que han prevalecido en medio de golpes de Estado, elecciones representativas, intervencionismo gringo, revueltas y revoluciones, acabando por institucionalizarse. Dicha situación conspira permanentemente contra la posibilidad de alcanzar nuestros pueblos una emancipación integral que les permita acceder a algo más que el mejoramiento de sus actuales condiciones materiales de vida. Trascenderla exige construir una opción auténticamente emancipadora -tanto en lo práctico como en lo teórico-, partiendo de lo existente como realidad en cada uno de ellos aunque concurran similitudes que hagan presuponer que tal opción es aplicable indiferentemente en los mismos, obviando sus peculiaridades; de modo que la estrategia a utilizar para ello cumpla sus objetivos.

 

Con el objetivo de preservar su hegemonía, los sectores (o clases) dominantes -tanto externas como internas- siempre han apelado a los recursos que generen división y confusión entre los sectores (o clases) subordinados. Cuando su eficacia disminuye, originando dudas y protestas entre estos últimos, entonces recurren a las amenazas, la represión y la guerra sucia, de modo que lleguen a aceptar la fatalidad de su destino, es decir, se resignen a no traspasar y, menos, a cambiar el marco de referencia que el que se fundan sus condiciones de vida. En contra de tal situación, quienes promuevan un verdadero cambio revolucionario del modelo civilizatorio vigente tendrán que comprender -aun cuando resulte un proceso lento y, en algunos casos, extenuante, frustrante y prolongado- que la dirección, la organización y la estrategia que apunten a crear el contexto objetivo y subjetivo de la revolución deben contener rasgos inéditos que diferencien sus postulados de todo aquello que se busca transformar.

 

En este caso, siendo la labor de los revolucionarios una labor primordialmente subversiva, orientada a demoler y a sustituir las viejas estructuras del orden establecido, ella debiera ayudar a conseguir que exista una unidad concreta de los diferentes movimientos que los aglutinan -sin perder ninguno de ellos su autonomía, pero todos guiados por planes comunes-, derivada de la claridad teórica y política que tengan sus militantes y/o integrantes para explicarse y explicar el momento histórico que se vive. Con ello, dicha unidad contribuirá a elevar la conciencia y el nivel organizativo de lucha de los sectores populares, pasando a una etapa más avanzada respecto a sus esperanzas y reivindicaciones, plateándose, en consecuencia, la toma del poder.     

 

En palabras de Juan Carlos Scannone, en Filosofía de la Liberación y Sabiduría Popular, «en América Latina son los pobres y empobrecidos -exteriores al sistema de dominación- quienes condensan mejor (junto a quienes, sin ser pobres, optan por los pobres) el éthos cultural, la memoria, la conciencia y el proyecto históricos latinoamericanos, centrados en la solidaridad y la justicia» Algo que supera la voluntad de poder que ha caracterizado (y caracteriza) generalmente el activismo político -sea éste tradicional o insurgente- en nuestra Abya Yala. De ello habrá que extraerse las nociones básicas -sin exclusión ortodoxa de aportes provenientes de luchadores y pensadores de otros lares y tiempos- que le darán forma y contenido a esta opción emancipadora nacida en nuestro continente, venciendo la conspiración permanente del imperialismo gringo, las grandes corporaciones transnacionales y las clases dominantes.-

OTAN-COLOMBIA, ¿UN PELIGRO INMINENTE?

No resulta ninguna novedad el anuncio hecho por el presidente José Manuel Santos respecto al acercamiento o acuerdo que adelantaría oficialmente su gobierno con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ya que tal cosa él lo había dado a conocer tiempo atrás. Según lo afirmado por el ministro de defensa, Colombia no pretendería formar parte de la OTAN, pero sí lograr que sus Fuerzas Armadas sean más modernas, transparentes y entrenadas en tecnologías, en «lucha contra el crimen organizado y acceso a la información». Este es el argumento que se esgrime.

 

Pero, para algunos gobiernos de la región, esta decisión del presidente Santos representa una seria amenaza a la paz continental, a la que se agrega el hecho que las fuerzas armadas de Estados Unidos se hallan presentes -con inmunidad incluida- en territorio colombiano. Al respecto, se debe advertir que la OTAN -como ha sido evidente en los últimos tiempos- tiene como puntos elementales de su agenda de seguridad la lucha contra el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, la piratería y la ciberdefensa; algo que amplía enormemente su teatro de operaciones, más allá de lo que sería, estrictamente, el océano Atlántico norte, abarcando la totalidad del planeta.

 

Como se sabe, ahora el papel de la OTAN se orienta a obviar las diferencias regionales y a establecer vínculos y/o mecanismos de consulta y operaciones combinadas con gobiernos con los que compartan intereses comunes. En el caso del convenio militar suscrito entre Estados Unidos y Colombia muchos analistas anticipan la posibilidad que el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) decida utilizar, por ejemplo, Palanquero –una base colombiana a la que tienen acceso las tropas gringas– como un corredor aéreo de la OTAN para su desplazamiento desde América del Sur a África, considerando que las estructuras militares de un Estado miembro y las de la OTAN estarán siempre interrelacionadas, por lo que una base de EE.UU. en cualquier país del mundo también lo sería de la OTAN.

 

Visto en un amplio espectro de eventuales escenarios, la decisión colombiana le abriría las puertas a una injerencia militar imperialista en cualquier parte de nuestra Abya Yala, convirtiendo el Atlántico Sur en una nueva zona de guerra, en defensa de los intereses capitalistas y geopolíticos de los poderes hegemónicos que integran su comando, tal como ocurrió con la disputa entre Inglaterra y Argentina por la soberanía de las islas Malvinas durante la cual el gobierno gringo desconoció la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), parcializándose con su par inglés. Lo cierto es que la dupla Colombia-OTAN no deja de ser una realidad, justamente en un momento histórico donde los pueblos de nuestra Abya Yala luchan por acceder a niveles democráticos, sociales y económicos que les faciliten vivir de mejor manera.

 

Un momento histórico que también se caracteriza por la reacción victoriosa de la derecha en varias naciones, recuperando el poder constituido. Además, queda pendiente lo que será el nuevo gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump, sin que se descarte la posibilidad que éste continúe la política injerencista de sus antecesores en la Casa Blanca.

 

Ante ello, los movimientos populares y revolucionarios de nuestro continente tendrán que articular acciones en defensa de la soberanía de cada una de nuestras naciones; incluso, independientemente del signo ideológico de sus gobiernos. Esto abarcaría, necesariamente, la constitución de redes informativas alternativas e independientes que revelen la verdadera realidad de los diversos acontecimientos que ocurren en toda la extensión de nuestra Abya Yala, de modo que nuestros pueblos lleguen a entender sus causas y sus consecuencias, creando sus propios discursos y realidades, desechando todo lo impuesto durante siglos por las élites dominantes. Quizás entonces situaciones como la creada por la intención del gobierno colombiano de establecer vínculos con la OTAN dejen de ser decisiones de gobiernos dedicados a preservar los intereses de las clases dominantes y sea posible la realidad de un continente libre de guerra y de hegemonía imperialista.-

UNA DE DOS: O CAPITULAMOS O RECAPITULAMOS

Es necesario que los revolucionarios de nuestra Abya Yala sean capaces de luchar por crear un mundo posible donde quepan muchos otros mundos (al decir de los zapatistas y de otros demandantes de la alteridad) no puramente el que ahora habitamos, donde sólo es permitido y estimulado el ‘american way life’ como muestra avanzada de civilización y de modernidad. Uno de los objetivos que debiera imponerse, por tanto, cualquier proyecto de emancipación revolucionaria es refutar y derrotar la hegemonía euro-yanqui que ha pretendido, desde hace cinco siglos, representar a todo el mundo mediante una universalidad y una modernidad que sólo se ajustan a los patrones emanados de Europa y Estados Unidos, gracias a los cuales a estos les correspondería la misión de civilizar al mundo bárbaro que no conoce lo que es la libertad, la libre economía y la democracia, permitiéndose reconfigurar, incluso, sus fronteras nacionales en función de optimizar sus supremos intereses geopolíticos y económicos. De allí que sea inaplazable fraguar -hasta donde ello sea factible, siendo conscientes, por supuesto, de las múltiples dificultades y de las limitaciones que la misma implicaría- la construcción de una fundamentación teórica de una nueva lógica (anticapitalista y antipatriarcal), de unos nuevos paradigmas y, en general, de una nueva cultura social, económica y política; extraídos de la realidad específica de las naciones nuestraamericanas, pero que no por eso suprimiría completamente la realidad experimentada en común con los demás pueblos periféricos del planeta.    

 

En tal sentido, es fundamental entender que “en América latina nos encontramos -tal como lo describe Juan José Bautista Segalés en su obra ¿Qué significa pensar desde América Latina? Hacia una racionalidad transmoderna y postoccidental- en una coyuntura histórica sin igual en la cual estamos empezando a producir no sólo otra idea de economía, política y sociedad, sino también el conocimiento con el que esta otra idea de vida, distinta de la forma de vida que los modernos nos han impuesto durante 500 años, sea posible. Ya no basta con producir los conceptos y categorías con los cuales hacer inteligible, pensable y posible este otro proyecto. El problema no está en cuestionar solamente el capitalismo, el modelo neoliberal o, si se quiere, el socialismo real del siglo XX, sino en problematizar y criticar la racionalidad que los presupone y les da sentido, para no recaer en lo que siempre criticamos y que queremos superar”.

 

Tal cuestión impone no escasos desafíos conceptuales, además de prácticas que evidencien la posibilidad real de concretarlos. Es importante comprender, además, que una revolución que se plantee reemplazar el sistema capitalista por uno más enfocado hacia los seres humanos y la naturaleza, estableciendo una simbiosis beneficiosa para ambos, lo cual no podría lograrse si aún se apela a la racionalidad que lo engendró y justifica, aun cuando se diga que es parte del cambio sugerido y anhelado por muchos a nivel mundial. Ante tamaño reto no sería extraño que algunos claudicaran mientras otros, quizás, sencillamente recapitulen y retomen la lucha bajo unos nuevos parámetros, esta vez mejor compenetrados con la realidad particular de cada pueblo y/o nación. Ello resulta más urgente cuando se observa la arremetida de los grupos y gobiernos conservadores de derecha, incluyendo triunfos electorales y los denominados golpes blandos -en lo que se considera el final del denominado ciclo progresista, tomando en cuenta lo ocurrido en Argentina y Brasil, buscando extenderse a Bolivia, Ecuador y Venezuela- en contra de las reivindicaciones de los sectores populares, restaurando y reelaborando el esquema neoliberal capitalista que tutelaba, hace tres décadas atrás, la economía mundial, sobre todo en los países de nuestra Abya Yala.

 

Este último escenario (que algunos perciben irreversible) obliga a los revolucionarios a definir posiciones. Una de dos: o capitulamos o recapitulamos. No podría confiarse en algo intermedio al respecto, si no existen criterios precisos que permitan ahondar y darle continuidad a un proyecto de transformación estructural que abarque la totalidad del modelo civilizatorio vigente. Tal cosa exige, obviamente, determinar los cambios que se harán en el campo político y su reflejo inmediato en lo económico, de manera que exista una compatibilidad entre ambos, trascendiendo el marco reformista tradicional. Pero ello requiere en todo momento que los sectores populares adquieran plena conciencia del rol histórico que les tocará cumplir para alcanzar sus aspiraciones de emancipación integral, organizándose de forma independiente en relación al Estado, con sus propias normativas y liderazgos, sin que esto signifique caer en un idealismo que, luego, al no producir resultados tangibles, haga que muchos se decepcionen y abandonen la lucha, reflejándose en la desmovilización social y el abstencionismo electoral que asegurarían -eventualmente- la restauración de las clases oligárquicas y proimperialistas.-