La «otra» democracia y la conflictividad social que se esconde

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Homar Garcés

Las juventudes de Francia, España, Serbia, Portugal, México, Bharat (antigua India), Bélgica, Ecuador, Chile e Italia han sido protagonistas de una oleada de protestas ocurridas de manera simultánea y espontánea. Ellas han reflejado una serie de demandas que, desde hace décadas, fueron desatendidas por sus gobiernos y que, en la generalidad de los casos, son efectos de la implementación de medidas económicas neoliberales que responden a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y locales capitalistas. Todo lo cual obligó a muchos analistas sociales y políticos a plantearse, con la premura que ello amerita, si dichas protestas revelan las grietas y el final del sistema-mundo bajo el cual existimos. Como todos debiéramos saber, a lo largo de la historia contemporánea, la humanidad ha estado regida —a grandes rasgos— por un conjunto de reglas, principios y premisas comunes que se dan por sentados; es decir, que siempre están asociados a la normalidad con que se cree debe vivir toda sociedad «civilizada». Quienes no acatan este conjunto de reglas, principios y premisas son vistos y castigados en su mayoría como delincuentes; en muchos casos, condenados a purgar años de encarcelamiento en condiciones infrahumanas y sin la debida justicia. Mientras que aquellos que se atreven a ejercer el reclamo legítimo de derechos y de proponer alternativas ante el sistema político, económico y social vigente, son etiquetados como rebeldes e insurgentes, siendo reprimidos, perseguidos, encarcelados y, en situaciones extremas, asesinados por los organismos de seguridad del Estado. En ambos casos, los sectores dominantes no sólo buscan defender y conservar su hegemonía sino también enviar un mensaje atemorizante al resto de la sociedad que paralice sus intenciones de cuestionar y alterar el orden establecido. Es, en síntesis, la expresión violenta de una guerra interna, camuflada bajo la etiqueta de seguridad pública.

La ausencia de un consenso sólido sobre qué son y cómo deben abordarse la democracia y los diversos derechos que su ejercicio genera ha permitido que algunas minorías (sobre todo, económicas, es decir, las ricas) impongan a las mayorías populares sus propios criterios, por lo que estas llegan a convencerse de su propia incapacidad para autogobernarse y gestionar la solución a los diversos problemas y necesidades que estarían padeciendo. A pesar de ello, las mayorías populares intuyen que el tipo de democracia que se les presenta no es adecuada a sus intereses y, por lo tanto, debiera incorporar sus propias visiones de lo que llegaría a ser la democracia y el régimen social bajo los cuales transcurren sus existencias. Y esta percepción, junto con las demandas derivadas de ellas, hace que exista un grado de conflictividad social que, lejos de apaciguarse, tiende a hacerse permanente y, en ocasiones, a multiplicarse, creando una conflictividad y una deslegitimación que podrían desembocar en el derribo de las clases y los estamentos que gobiernan; quedando las opciones entre un golpe de Estado -en un extremo- de los sectores dominantes o -en el otro extremo- una revolución de estirpe popular.

La disgregación moral de la sociedad y, junto con ella, la desconexión emocional frente a las necesidades ajenas, son consecuencias directas de la conducta antisocial, corrupta y antidemocrática acostumbrada de las clases preponderantes y de aquellos que les ha correspondido cumplir funciones de gobierno; lo que justifica que las mayorías quieran y puedan plantearse un cambio de régimen, dada la insatisfacción y la desesperanza que estos les generan. La clase obrera, la clase baja y la clase marginada o subclase (que constituyen las mayorías populares) se ven impelidas a entablar así una lucha desigual con las fuerzas del Estado, siendo éste una maquinaria de opresión y represión hecha a la medida de la ideología y de los intereses de las minorías que manejan el poder.

Aquellos que defienden las circunstancias creadas actuales suelen esgrimir razones inmutables, inflexibles e incuestionables que son intrísicamente hostiles al libre y abierto intercambio racional de opiniones, base de lo que tendríamos que entender como democracia. Si dichas razones se imponen, por la fuerza, por omisión o por argucias legalistas, la democracia se convierte en un remedo de libertades ciudadanas, con los rasgos autoritarios, contrarrevolucionarios y xenófobos que ya se observan en Estados Unidos y en otras naciones cuyos gobiernos los han calcado, secundando a la poderosa nación del norte en todas sus acciones, en lo que conforma una renovación de su condición de Estados vasallos al que aquella los sometiera durante todo el siglo XX. Frente a esta realidad, muchas voces de resistencia han sido acalladas, víctimas del silenciamiento digital y mediático, recurriéndose también a los viejos métodos de represión, los que incluyen la prisión y el asesinato selectivo de luchadores sociales, políticos y comunitarios que se oponen a la voracidad del capitalismo transnacional y a la perpetuación en el poder constituido de grupos y subgrupos que se atribuyen la representación popular, utilizando el voto como recurso de legitimación. Cuando esto no ocurre, algunas de estas voces, provenientes del campo revolucionario, asumen posiciones claudicantes en la lucha por construir la sociedad socialista que han pregonado; otros -por no actuar de igual manera- terminan siendo calificados, como en los tiempos oscuros de la vieja iglesia católica, de herejes o de traidores con quienes se debe rehuir cualquier tipo de trato. De este modo, la clase dirigente evita las críticas que ella considera inadmisibles, quedando todo en un revolucionarismo abstracto o retórico que tiene su efecto opiáceo sobre una gruesa capa de movimientos sociales y partidos políticos de muchas formas dependientes de gobiernos y carentes, además, de una visión y de una praxis realmente renovadoras y revolucionarias.