EL CASO VENEZUELA Y EL OBJETIVO DEL PODER POPULAR SOBERANO

En el mes de febrero de 1922, Alexandra Kollontai, se planteó la siguiente interrogante: “¿Es posible realizar, construir la economía comunista a través de personas que pertenecen a una clase extraña, impregnados por la rutina del pasado? Si razonamos como marxistas y como científicos, contestaremos categóricamente que no, que no es posible. Imaginarse que unos «especialistas», unos técnicos, unos expertos de organización de la industria capitalista, serán capaces de liberarse de golpe de sus métodos y sus puntos de vista, estando aún imbuidos por las ideas recibidas en su educación, adaptadas al sistema capitalista cuando ellos lo servían, y de contribuir a levantar el nuevo aparato económico comunista -porque realmente de lo que se trata es de descubrir esas nuevas formas de producción y de organización del trabajo, esos nuevos estímulos al trabajo-, pensar así significa olvidarse de la verdad, confirmada por la experiencia mundial, de que un sistema económico no puede ser cambiado por unos individuos determinados, sino por las necesidades profundas de toda una clase".

 

Para muchos economistas (instruidos en las diversas universidades y centros académicos existentes, como es notorio, según los intereses y la lógica capitalistas) nada que esté fuera de los cánones o dogmas del capitalismo tiene perspectivas racionales de eficiencia y funcionamiento, por lo que cabría esperar como un acontecimiento inevitable (y hasta preferiblemente) que la economía de los países del mundo se transnacionalice, insertándola en el sistema capitalista global, con todo lo que ello implicaría de negativo en materia de soberanía e inclusión social. Cuestión que, de concretarse, supondrá la instalación de una estructura económico-social carente de derechos democráticos extensivos a todo el conjunto de la población, siendo éstos reservados para goce exclusivo de las minorías dominantes. Ello será factible, además, si ocurre inevitablemente la derrota de los sectores populares en su lucha por lograr una autodeterminación que se exprese, en un primer plano, en lo político y, en otro, en lo económico.

 

En el caso particular de Venezuela, el endeudamiento creciente del gobierno, los compromisos de la deuda externa (incluyendo la correspondiente a PDVSA), la fuga cotidiana de capitales y los exiguos resultados obtenidos con el control de cambios -a todo lo cual habrá que agregar la caída y la lenta recuperación de los precios del petróleo y el paquete de medidas sancionatorias decretadas por el gobierno de Donald Trump, con el deliberado propósito de quebrar la economía nacional- sitúan a Venezuela ante la exigencia y la pertinencia de un programa económico coherente.

 

Desde diversos puntos de vista, el marco político y económico que rige a Venezuela resulta contradictorio. Tanto en los métodos como en el discurso aplicados. Ambos son resultado de concepciones prácticamente deterministas que parten de diagnósticos que esquivan, la mayoría de las veces, las características que le son especialmente particulares a la realidad venezolana.

 

Esto ha impulsado a varios expertos, incluidos los del gobierno, a recomendar la adopción de medidas que reproducen la lógica del capitalismo, como fórmula para afrontar y derrotar el sabotaje económico del cual es víctima, ya no -como algunos piensan- Nicolás Maduro y la cúpula gobernante, sino la población venezolana en general. Frente a ello, sin embargo, habrá que oponer la opción de un poder popular soberano, orientado básicamente a la conformación real de un autogobierno, pero éste no surgirá (como muchos todavía lo creen) de un triunfo electoral.

 

El mismo tiene que auto-organizarse desde abajo como expresión genuina de la democracia participativa y protagónica. No se trataría, por consiguiente, trazarse como máxima meta la sustitución simple de un gobierno por otro. Bajo este parámetro -como lo señala el filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis- la democracia sería “el autogobierno, la autoinstitución, es decir, el hecho de que la sociedad se autoorganiza para cambiar sus instituciones cuando lo juzga necesario, sin tener necesidad de pasar cada vez por revoluciones. En una verdadera democracia, el trabajo legislativo y el gubernamental pertenecen realmente a la gente implicada, a la gente que le concierne, que lo afecta. Lo que implica, desde este punto de vista, no la supresión del poder, sino la supresión del Estado como aparato burocrático separado de la sociedad”. Éste es, realmente, un objetivo fundamental para que exista un poder popular soberano y se logre una emancipación integral del pueblo, creando nuevos paradigmas sociales, políticos, económicos, culturales y, por qué no, también espirituales.-     

LA CRISIS Y LA MISIÓN DUAL DEL PUEBLO VENEZOLANO

 

En Venezuela (dígase lo que se diga en sentido opuesto) se presencia una contradicción histórica innegable. Basta contrastar el discurso oficial -desde el instante en que Hugo Chávez enunciara el inicio del socialismo del siglo 21 bajo su presidencia- con lo realmente existente. Objetivamente. Sin sectarismo alguno.

 

En un primer plano, resalta la persistencia de las estructuras que caracterizan el Estado burgués liberal. Luego (aunque se piense algo exagerado), el desarrollo de las fuerzas productivas siguen manifestándose a favor de la lógica capitalista en vez de apuntar a la construcción de su alternativa, el nuevo socialismo. A ello se suma quizás el factor de mayor incidencia: la carencia de una conciencia colectiva compatible con  los diversos postulados hasta ahora enarbolados, los cuales debieran expresarse -de un modo creciente y amplio- en la hegemonía de un poder popular verdaderamente soberano. Todo esto en medio de los efectos negativos de una crisis económica que, si bien es cierto fuera inducida y patrocinada sin miramientos desde la derecha opositora, no deja de ser responsabilidad de quienes dirigen la nación al no prever y adoptar medidas excepcionales puntuales que la impidieran.

 

En conjunto, esta contradicción histórica innegable ha engendrado, entre otras consecuencias visibles, la percepción errónea que todo ocurre gracias al empeño “desfasado” de construir el socialismo, siendo éste una “ideología fracasada”; haciendo cuenta de lo acontecido en la extinta Unión Soviética después de 70 años vigencia, así como en la evolución de China, Vietnam y Cuba hacia formas abiertamente capitalistas. Esta degradación de lo que sería el socialismo revolucionario sirve de caldo de cultivo para que algunos se desengañen amargamente de esta opción.

 

En síntesis, lo que debió resultar, en una progresión sostenida, una transformación del modelo de sociedad instaurado desde hace más de un siglo atrás, ha desembocado, por distintas vías, en su negación más absoluta. Indudablemente, surgirán y ganarán espacios las voces disidentes que proclamen todo lo contrario y alaben la idoneidad de aquellos que manejan los asuntos del Estado y le endosan toda la culpa al imperialismo gringo y a sus lacayos locales. Ante dicho panorama, surge una importante interrogante sobre qué hacer (y cómo hacer).

 

La posición más cómoda sería achacarle todo a Maduro y a su entorno, y esperar que la oposición (sola o acompañando al gobierno) resuelva. De los militares no se podrá esperar nada diferente. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, podría afirmarse que las penurias económicas que sufre la población venezolana representan (o representarían) la oportunidad de iniciar realmente una revolución popular, esta vez con un grado mayor de conciencia colectiva respecto a la naturaleza de las diversas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales sobre las cuales se erigió el modelo de sociedad vigente.

 

En tal sentido, las metas y la acción histórica que tendrían que trazarse los sectores populares están irrevocablemente predeterminadas por sus mismas condiciones de vida, aun cuando sean, en un primer momento, de carácter meramente reivindicativo. No hay de otra. Les corresponde a los sectores populares, por tanto, una misión dual: una, destructora de todas las estructuras que obstaculizan el desenvolvimiento de su plena soberanía, otra, regenerativa que prefigure el modelo civilizatorio donde se manifieste en toda su dimensión creadora (y re-creadora) esta misma soberanía. La emancipación real y el mejoramiento sustancial de las condiciones materiales de vida del pueblo quedan, en consecuencia, en sus propias manos, lo que debiera incentivarse al máximo en vez de sometérsele al clientelismo político tradicional.

 

Esto, sin duda, supone una ruptura en relación con la concepción y el manejo habituales de la política, siendo éste el factor de mayor impacto en el destino común de venezolanas y venezolanos, tanto la representada por el chavismo gobernante como por la representada por la oposición de derecha; lo que daría origen a la conformación de un nuevo orden político, una nueva moral, una nueva cultura y, por supuesto, una nueva subjetividad histórica. Una ruptura que abarque, además, la resistencia a la continuidad del sistema capitalista por otros medios, habiéndose demostrado que éste sólo beneficia -desde siglos- casi exclusivamente a una minoría privilegiada, independientemente del cariz ideológico con que se revista.-          

LA DESLEGITIMACIÓN INSTITUCIONAL Y LA DEMOCRACIA SOBERANA

Hay en Venezuela (aunque se dude de ello) una deslegitimación institucional en ascenso que es producto de la desconfianza popular en relación con la transparencia y la eficacia del Estado y a quienes conforman su estamento burocrático, en sus distintas categorías. Esto sitúa al pueblo y a aquellos que han optado por trascender el marco referencial representado por la oposición derechista y el chavismo gobernante ante la coyuntura que anticipara en su tiempo León Trotsky: “O el poder constituyente es permanente o se produce la inminente institucionalización burocrática del proceso revolucionario, es decir, su confiscación y su disolución por parte del Estado burgués”.

 

Al pueblo -en sus variadas formas organizativas autónomas- le corresponde asumir y ejercer el poder de un modo constituyente, disolvente e instituyente, dando nacimiento a una nueva gubernamentalidad, que sea, a su vez, expresión y reflejo permanente de la democracia participativa y protagónica que se pretende construir, como condición propiciadora de una democracia directa; eliminando así toda intermediación e influencia estatista y partidista que frustre o amenace su posibilidad.

 

Esto implica no sólo la recuperación de las formas que den vida a la democracia sino su reformulación y/o recreación por parte de los sectores populares, convirtiendo, al mismo tiempo, en acción su voluntad política. Bajo tal orientación, se debe impulsar y lograr que las clásicas estructuras del Estado liberal burgués por eliminar (y aquellas que las reemplazarán) respondan a esa acción y a esa voluntad política de los sectores populares en vez de hacerlo -como ha sucedido siempre- según la visión y los intereses particulares de una minoría; en un proceso dialógico, de interacción y de alteridad de liderazgos. Toca, por consiguiente, definir la naturaleza del poder existente y cómo podrán (y deberán) ejercerlo realmente los sectores populares, de manera que tiendan éstos en hacer desaparecer por completo los rasgos, los procedimientos y la ideología que legitiman las relaciones jerárquicas que de tal poder se originan.

 

No obstante, hay una realidad que no puede pasarse por alto. Desde un punto de vista objetivo y nada sectario, es factible afirmar que en Venezuela -lejos de asentarse la construcción de una hegemonía radical y eminentemente popular, con alta incidencia en los asuntos y en la toma de decisiones del Estado- estaría instaurándose un poder burocrático corporativo, con la anuencia interesada de civiles y militares involucrados, de un modo más efectivo que lo alcanzado por adecos y copeyanos durante el período puntofijista, incluyendo sus altas cuotas de corrupción administrativa; alrededor del cual todo giraría, sin cuestionamientos ni opciones potenciales que se le opongan.

 

Un asunto que pocos perciben y que muchos, aún envueltos por su fe en el discurso oficial, se niegan obtusamente en admitir, lo que apenas pareciera remecerse cuando el mismo gobierno revela la caída de alguno de sus “cuadros revolucionarios” por delitos de corrupción. Esta circunstancia tiende a reforzarse sobre la base de la esperanza de los sectores populares de resultar bendecidos -de una u otra forma- por las dádivas gubernamentales, lo que dificulta, en una primera instancia, que éstos capten dónde se ubica y cuál es el origen de las dificultades para que exista y se consolide, de verdad, un poder popular soberano.

 

En medio de este contexto, todavía cabría plantearse un programa de lucha que se trace como una de sus metas fundamentales rescatar y reconceptualizar el ámbito de aplicación y rasgos esenciales de la democracia participativa y protagónica, convertida ahora (y esa debiera ser la tendencia), por obra y gracia de la acción popular, en democracia directa. En conexión con este planteamiento, se ha de comprender -como lo expone el sociólogo mexicano Pablo González Casanova- “que la lucha popular por una democracia sin justicia y sin independencia nacional no tiene sentido. Por eso no puede lograr nada o durar nada. Mientras tanto, la lucha por una democracia soberana con justicia social tiene altas probabilidades de convertirse en la nueva alternativa histórica, y por eso es perseguida”.

 

Aunque luzca improbable, semejante programa adquirirá forma y contenido de existir un mínimo de voluntad y de audacia teórica de parte de sus promotores. Para hacerlo viable y confiable, no deberá limitarse únicamente al campo político, como es cosa habitual entre muchos reformistas. Las condiciones objetivas (y hasta subjetivas) inducen a pensar -pese a los factores adversos existentes, reales y/o aparentes- que éste es el momento preciso para su puesta en marcha. Sólo bastarían convicción y compromiso.-           

 

LA COMUNA. COMO DEBIERA SER.

La comuna (tal como se proyectara en Venezuela, si hubiera realmente esta convicción) debiera ser una forma de gobierno popular autónomo. No se trata, por ende, según la óptica del estamento gobernante, de tutelarla y/o de integrarla a las diversas instituciones del Estado, coartándole así el ejercicio de la democracia participativa y protagónica que habría de caracterizarla en todo momento. Esto quizás signifique un escándalo y una amenaza para aquellos que usufructúan el poder, sin permitir, como hecho revolucionario la construcción -valga la redundancia- de un nivel más efectivo de participación y de protagonismo por parte del pueblo.

No obstante los buenos deseos de algunos, hay que reconocer que el principal obstáculo por vencerse para la construcción de la comuna -en dicho contexto- es la inexistencia y debilidad de una conciencia revolucionaria que responda a la necesidad de no simplemente producir un cambio superficial o cosmético que termine por dejar todo igual; siendo un enorme contrasentido que se continúe con la reproducción de los mismos criterios, de la misma ideología y de las mismas estructuras burocrático-representativas que han hecho posible las tradicionales relaciones jerarquizadas de poder, legitimadoras, además, del Estado liberal burgués vigente. Dicha conciencia, en consecuencia, debiera convertirse en un instrumento inmediato del cual echar mano para este hecho revolucionario de primer orden se haga una realidad tangible, a pesar de las eventuales conspiraciones en su contra.

En este sentido, vale afirmar y reiterar que los sectores populares tienen que fijarse como su meta estratégica el control directo del Estado, generando al mismo tiempo sus propios espacios organizativos y utilizando (hasta donde sea algo aprovechable) las diferentes leyes del poder popular existentes; sin eludir el cuestionamiento de raíz de las estructuras estatales. Lo ideal, en este caso, es que la comuna fuera una consecuencia del debate y de las aspiraciones de los sectores populares, de acuerdo a la situación específica de cada región, localidad o grupo social, cuyo saldo organizativo se genere desde abajo, apuntando al afianzamiento de una democracia directa.  

De esta forma, la comuna podría perfilar la edificación y la permanencia de un nuevo tipo de sociedad donde los sectores populares, mediante los trabajadores (en su doble papel de productores y de consumidores) controlen directamente los medios de producción, los que -hasta ahora- se han hallado en manos de minorías, planteándose, simultáneamente, la eliminación de todo rasgo de explotación, imposición o desigualdad engendrado, desde muchos siglos, por el sistema capitalista. Pero esto no debe confundirse -como ya ocurriera en la extinta Unión Soviética y las naciones bajo su influencia- con la promulgación de una propiedad estatizada, dirigida y “apropiada” por una burocracia corporativa gubernamental que sólo vela por sus propios intereses. Si los medios de producción -explica Rodolfo Sanz en uno de sus artículos publicados. Son una función del Estado, es decisivo quién, qué clase o capa social detenta realmente el poder y maneja el plusproducto (o plusvalía estatizada). El problema radica en que si el poder no está en manos de la clase obrera, si es la burocracia la que se encarama en él, será esta burocracia la que tenga el Estado y, por ende, a los medios de producción como su ‘propiedad’ y maneje el trabajo excedente”. Por lo tanto, es preciso que los medidas iniciales de empoderamiento y expropiación de estos medios de producción incluyan no únicamente la definición jurídica respecto a la propiedad de los mismos sino también su posesión efectiva por parte de los sectores populares, haciéndose realidad entonces la socialización de la producción, aparte de la superación de la clásica división social del trabajo.

De todo esto se desprende, como conclusión lógica, que la propiedad y posesión efectiva de los medios de producción, el poder político y, por añadidura, la planificación, han de ser elementos constitutivos de la comuna, de modo que la transición -en beneficio de la totalidad de la población- hacia el nuevo modelo civilizatorio en construcción esté completamente asegurado.-   

LA FÓRMULA MODERNA DE GUERRA DEL CAPITALISMO GLOBAL

Además de las amenazas y de las agresiones de tipo militar a las que nos tiene acostumbrados desde hace más de un siglo, el imperialismo gringo (con la complicidad de sus socios europeos) recurre a la coacción económica y financiera contra el resto de naciones del mundo, de modo de asegurar su sumisión y el control de sus riquezas naturales.

 

Esta coacción económica y financiera es una nueva forma de guerra, muy especializada, por cierto, ahora llevada a cabo mediante otros medios, lo cual se refleja en la desestabilización de mercados con acciones, bonos, divisas, materias primas y derivados financieros, entre otros elementos utilizados, afectando la economía de aquellas naciones, cuyos gobiernos son catalogados de amenazas inusuales y extraordinarias a la seguridad nacional yanqui.

 

Cuestión que, de concretarse definitivamente, supondrá la instalación en cada país de una estructura económico-social carente de derechos democráticos extensivos a todo el conjunto de la población, siendo éstos reservados para goce exclusivo de las minorías dominantes. Ello será factible, además, si llegara a ocurrir la derrota de los sectores populares en su lucha por lograr una autodeterminación que se exprese, en un primer plano, en su independencia política y, en un segundo plano, en su independencia económica.

 

Según lo explicara Zbigniew Brzezinski, uno de los llamados tanques pensantes de la geopolítica estadounidense, “el caos constructivo sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos, crisis económicas y/o sociales, con la finalidad de impulsar el acoso y derrocamiento de un Gobierno”. Para ello, apela al soft power (poder suave) o al uso de artilugios diplomáticos de presión.

 

En el caso venezolano, ya se ha constatado cómo se ha aplicado todo lo indicado por Gene Sharp  en su obra “De la Dictadura a la democracia”: la generación deliberada de un clima de molestia generalizada contra el gobierno nacional, una permanente cruzada en defensa de “la libre empresa, de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, con denuncias reiteradas de corrupción, totalitarismo y autoritarismo gubernamentales, la lucha por reivindicaciones políticas y sociales, así como la organización de manifestaciones y protestas que culminen en violencia, amenazas a instituciones o personajes políticos, manipulaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, mediante movilizaciones que impulsen la “ingobernabilidad” y forzar la “renuncia” del presidente o jefe de gobierno y la preparación de una intervención militar, a través del aislamiento internacional del país. Todo lo cual ha resultado inútil, contribuyendo más bien -en sentido contrario- a fortalecer el hegemonismo construido por el chavismo en más de una década, viéndose incrementado ahora con la mayoría obtenida en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, de las gobernaciones y, más recientemente, de las 335 alcaldías del país; conformando un sistema ajeno a los postulados esgrimidos originalmente hace 18 años.  

 

Como se podrá colegir de lo anterior, para el capitalismo corporativo global se hace imperativo que hayan regímenes democráticos de excepción con los cuales puedan asegurar sus intereses económicos y controlar y minimizar las diversas luchas sociales (sobre todo, de índole laboral) que socaven el desarrollo de sus iniciativas empresariales y la obtención invariable de ganancias.

 

No obstante, la merma creciente de la supremacía económica euro-estadounidense ante gigantes militares y económicos como China y Rusia (a los cuales eventualmente se adherirían países de diversos continentes) tendrá como uno de sus transcendentales resultados que Europa y Estados Unidos (agrupados en la OTAN, con poder de veto en la Organización de las Naciones Unidas y bastante influencia en el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial) cesarían, en un futuro no lejano, en sus papeles de grandes gendarmes “democráticos” de nuestro planeta, fallando en su propósito de imponerle a la humanidad entera un unilateralismo globalizador, cuyos valores sean los que ellos representan.

 

En la circunstancia definitoria por la que atraviesa gran parte del planeta frente a un capitalismo global neoliberal que subyuga la soberanía de los pueblos, independientemente de las garantías establecidas en las constituciones y el derecho internacional, es hora que los diversos movimientos sociales y políticos revolucionarios que lo confrontan activa y conceptualmente lleguen a comprender que ya no basta con proclamar una unidad revolucionaria que, muchas veces, no pasa de ser un elemento meramente retórico. Hace falta apelar a la construcción orgánica -de manera horizontal, desde abajo y en todos los frentes de lucha posibles- de una estructura de coordinación colectiva, basada en procedimientos y actuaciones de carácter consejista que conlleven al logro efectivo de tal unidad.

 

En función de ello, hay que comprender que, además, bajo la lógica perversa del capitalismo, la estructura social se ha diversificado a tal punto que no resulta ninguna novedad «descubrir» categorías y subcategorías sociales existentes en el mundo contemporáneo. Esto, ya de por sí, representa un alto desafío. Desconocer dicha realidad será continuar manejando los esquemas simplistas y legitimadores que moldearon el actual modelo civilizatorio, o sistema-mundo.-

VENEZUELA Y LA POTENCIALIDAD DE UNA DEMOCRACIA INCLUYENTE

En el actual contexto de incertidumbres creado por la crisis económica -a la cual se agrega el manto de corrupción que parece extenderse sin límites a la totalidad de las instituciones públicas y capas sociales del país- se impone la necesidad inmediata de fraguar, en contrapartida, un proceso colectivo, constituyente y autocreativo que, partiendo de la realidad específica que vive a diario el pueblo de Venezuela, sea lo suficientemente audaz para crear las expectativas y las condiciones requeridas para el surgimiento de un poder popular realmente democrático, pluralista, revolucionario y, por supuesto, soberano.

Dicho proceso (no está por demás enunciarlo) demanda como elementos esenciales de su construcción una democracia ampliamente incluyente y una unidad múltiple en la cual participen, sin afectar sus respectivas autonomías, organizaciones de carácter político y/o social con objetivos y puntos de vista comunes. Además de exigir, como una de sus primeras acciones, el cuestionamiento, la antítesis y el desplazamiento las diferentes modalidades existentes de dominación, exclusión y explotación que pesan sobre los sectores populares, aun aquellas que cierta gente califica de benévolas e inevitables, creyendo en una evolución paulatina y, por tanto, pacífica.

 

Ello implica, como es lógico suponer, impulsar la configuración y la diversificación de nuevas expresiones de poder popular, convertidas en núcleos funcionales independientes de gobiernos locales, comunitarios y/o comunales de tipo horizontal y antiburocráticos; lo que representaría (y sería) una potencialidad constante de cambio.

Todo esto pudiera tener como un punto de partida lo ocurrido en Venezuela durante las dos últimas décadas. Así, el chavismo -con sus errores, contradicciones y atinos- les lega a los venezolanos un conjunto de lecciones que, estudiadas con la seriedad y la objetividad, digamos, científica que pueda aplicársele, contribuirían a la producción de paradigmas alternativos que lleguen a caracterizar esta democracia incluyente y, por demás, directa que habrá de erigirse, de manera que la misma se diferencie -radicalmente- de todo aquello que se ha conocido, hasta ahora, como democracia.

Aun cuando en el día de hoy sea víctima de muchas deserciones, decepciones, descalificativos y reacciones adversas, no se podrá negar que el chavismo sintetiza un tiempo histórico que -con sus aportes y desaciertos, como todo proceso humano-, precisa de un entendimiento desapasionado y, como resultado, de una comprensión cabal y menos parcializada respecto a las causas estructurales, sociológicas y coyunturales que lo hicieron posible; producto, asimismo, de las diferentes políticas, sociales, económicas, culturales y militares, de carácter clasista, que fueron ocurriendo a lo largo de cuarenta años de hegemonía del régimen representativo instaurado bajo el espíritu del Pacto de Punto Fijo.

 

Entender y combatir la naturaleza de las nuevas relaciones de poder surgidas tras el ascenso de Hugo Chávez al poder (y reforzadas bajo la presidencia de Nicolás Maduro), las cuales conjugan el más descarado uso y abuso del oportunismo y del clientelismo políticos, exige crear y recrear una nueva concepción de la democracia, opuesta en todo a la lógica estatista, esto es, a la influencia y la preeminencia burocrática del Estado que se manifiesta sobrepuesta al poder popular.

Para ello hará falta, igualmente, fusionar -en síntesis creativa- los ideales bolivarianos, Robinsonianos y zamoranos (sin que ello se confunda con su utilización retórica por parte del chavismo) para que sean y se conviertan en las claves históricas, teóricas y morales fundamentales que motoricen el proceso que protagonizarán y determinarán ininterrumpidamente los sectores populares, camino de su propia liberación, creando sus particulares formas organizativas; sin que se instituya un principio inamovible que colide con su marcha y consolidación.-

MUD-MADURO Y LA POLÍTICA DE LA INCERTIDUMBRE

Aún con todas las medidas adoptadas por el gobierno nacional y las promesas que indujeron la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (lo mismo que la de gobernadores y, en diciembre, la correspondiente a alcaldes y alcaldesas) han tenido por finalidad mitigar y erradicar los efectos perniciosos de la crisis económica que sufre el país, una gran porción de la población venezolana comienza a ser presa del desencanto y la desesperanza.

Pocos (generalmente aquellos que ostentan cargos de gobierno, lo cual se explica por sí solo) son capaces de conservar algún optimismo respecto al futuro. En la acera de enfrente, los grupos opositores manifiestan una actitud similar, sólo que ésta es producto de su confianza ciega en que el gobierno de Nicolás Maduro caerá algún día y Washington (junto con sus aliados) les meterá la mano para que puedan resolver satisfactoriamente y en un corto plazo todas las dificultades y escaseces que se han prolongado y acentuado en los últimos cuatro años.

Con una reducida diferencia, podría aseverarse, sin exageración, que estas posiciones encontradas fomentan, cada una a su modo, una política de incertidumbres en relación con lo que podría ocurrir en Venezuela en el transcurso de los próximos meses, en medio de una hiperinflación que es más que evidente cada día y amenaza a los venezolanos, sin distinción, a condiciones de sobrevivencia únicamente superadas por las padecidas por el pueblo palestino desde hace más de medio siglo y, en un segundo plano, por los cubanos en un período similar. No obstante, pese al desencanto y la desesperanza que puedan embargar los ánimos de los sectores populares, esta coyuntura podría servir de caldo de cultivo para la elaboración y la puesta en ejecución de un amplio programa de transformación estructural que trascienda lo representado por el chavismo y la oposición, vistos ambos como la expresión de un mismo proceder político, el cual niega y usurpa a su entero favor la soberanía perteneciente al pueblo; apenas diferenciándose en sus respectivos discursos.

Esta posibilidad -percibida y compartida por muchos como necesidad impostergable, dado el estado anómico que amenaza extenderse a todo el conjunto social venezolano, además del estado de corrupción expandido a todas las instituciones públicas- tiene ante sí como principal obstáculo la definición del marco teórico que la comprendería, ya que no existe, por ahora, una unanimidad en cuanto a qué elementos de tipo ideológico deberían incorporársele, haciéndole práctica y, más importante, creíble, sin sofismas que disfracen la realidad que se pretende cambiar. Todo esto, resaltando el rol determinante de un auténtico poder popular soberano que, incluso, haga obsoleta (preferiblemente) la existencia de los partidos políticos tradicionales.

Aunque suene utópico, la realidad contemporánea -con una hegemonía del capitalismo corporativo global, en apariencia indetenible, subyugando a su gusto gobiernos y pueblos en cualquier región del planeta- obliga a plantearse este reto de una forma creativa, con los pies en la tierra, sin dejar de reafirmar los valores autóctonos que nos identifican como nación o pueblo, en un proceso de autoreferencia y de descolonización intelectual

De esta manera, la política de incertidumbres de parte del gobierno y la oposición tendrá que dar paso a una inspirada y sustentada en la democracia entendida y practicada directamente por los sectores populares, con vocerías revocables en cualquier momento, elegidas en asambleas de ciudadanos como instancia superior de todo poder constituido.

Siendo esto cierto -y habilitadas las instancias que harán factible y permanente esta nueva concepción y nueva praxis de la democracia- cabe concluir que Venezuela iniciaría una etapa de su vida republicana con una visión y un compromiso de país mejor definidos y, por consiguiente, de un mayor arraigo entre su gente.- 

 

LA SOCIALIZACIÓN DEL PODER Y LA EMANCIPACIÓN POPULAR

El control absoluto del Estado no garantiza el éxito y la trascendencia (o dimensión) histórica de una revolución. De ello da cuenta una variedad de experiencias suscitadas en el transcurso de la historia humana, olvidando, en muchos casos, lo que determinara el Che Guevara respecto a que “para la Revolución se necesita pasión y audacia en gran dosis”. Pasión y audacia que contribuyan, cuando están guiadas por ideales firmemente establecidos, en hacer realidad la evolución y la consolidación -en gran medida, de manera sostenida- de los propósitos democráticos e igualitarios enarbolados.

Ambos elementos son, por tanto, harto necesarios para que tenga lugar una transformación estructural real del Estado, en un primer y decisivo momento, y posteriormente, el establecimiento de unos nuevos paradigmas sociales y políticos que den nacimiento, a su vez, a una conciencia y a una conducta que resulten efectivamente revolucionarias y nuevas. Ello no sucederá producto del voluntarismo y del pragmatismo, como alguna gente aún lo sigue creyendo, confiando en que esto será suficiente para la conformación de un bloque histórico, integrado básicamente por los sectores populares y que tenga por objetivo, en consecuencia, el reemplazo radical del modelo civilizatorio imperante. Se obvia -por interés o simple ignorancia- la cotidianidad creada entre las clases subordinadas por siglos de alienación, aculturación y dependencia inducida, la cual configura, por así decirlo, el primer elemento conspirativo contra todo cambio revolucionario que se pretenda al responder a la ideología de los sectores dominantes tradicionales.

Por consiguiente, la socialización del poder político entraña conquistar también la democracia en el orden económico. Sin ella, sería trunca la emancipación de los sectores populares. Mientras se viva esta transición entre el viejo modelo de Estado y de sociedad y aquel que lo reemplazará de forma definitiva, será preciso combinar la coacción y el consenso a favor de los intereses, las aspiraciones y las necesidades de las grandes mayorías, sin que esto suponga el aniquilamiento o la restricción de las libertades individuales, ya que instituiría la negación del carácter emancipatorio de cualquier proceso de transformación realmente democrático.

 

De esta forma, la influencia y los intereses populares prevalecerán tanto en lo que atañe al funcionamiento estricto de las diferentes instituciones del Estado que surjan (o se reformen) como en lo que atañe al régimen de propiedad y de producción capitalista se refiere. Algo que no se puede, ni se debe, acometer por separado, del mismo modo como ocurre en la actualidad bajo la hegemonía de los sectores oligárquicos. Es, pues, lógico e inevitable que toda transformación estructural (o radical, como algunos lo prefieren) deba manifestarse en el orden político y en lo económico, sin dejar de lado lo social y lo cultural, alterando -en este último caso- su vigencia, dada su función (o efectos) de disciplinamiento y adoctrinamiento colectivos que se expresa, generalmente, a favor de las clases dominantes.

 

Como lo resume Javier Biardeau en su escrito “Democracia socialista o socialismo burocrático”, publicado en 2010, “pensar la revolución implica revolucionar el pensamiento desde nuevas hipótesis estratégicas, apertura a lo intempestivo en el pensamiento, desorden instituyente contra las falsas seguridades, en fin ruptura de dogmas sacrosantos, de creencias ciegamente establecidas. Se trata de ideas revolucionarias, no de creencias revolucionarias. La revolución no avanza desde un marxismo religioso sino desde la demolición de viejas estructuras y construcción de nuevos espacios de liberación.” Semejante ruptura no debe ser condicionada ni acomodada por una minoría, aun cuando ella se muestre como representante del pueblo.

 

En momentos en que las demandas sociales exceden la capacidad de respuestas por parte del Estado, el esfuerzo creativo, instituyente y constituyente (o soberano) de las personas (colectiva e individualmente) deben orientarse a la búsqueda de caminos propios en materia de organización política y de eficacia social. Tiene que recurrirse, por ejemplo, a lo predicado durante más de diez años en Venezuela en relación con el papel determinante que debe cumplir el poder popular organizado para profundizar el ejercicio de la democracia participativa y producir, en consecuencia, los cambios revolucionarios todavía pendientes; cuestión que exige, además, adjudicarse el compromiso con un proyecto creíble de país y una claridad política para llegar a comprender que se impone la obligación de trascender cuanto antes, gústenos o no, el marco de civilización predominante.-