LA AUTOGESTIÓN OBRERA Y LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DEL CAPITALISMO

Homar Garcés 

 

Ya nadie niega la conexión íntima de las relaciones sociales y el modo de producción generado por el sistema capitalista, lo que incide, en uno u otro modo, en la percepción que se tiene del mundo y, obviamente, del modelo de civilización en que se hallan viviendo las personas. Tampoco se podrá negar la existencia de los antagonismos sociales que dicho sistema produce, lo que se refleja en lo descrito al comienzo, tanto en el orden interno de cada nación como en el orden internacional entre naciones periféricas y centrales, con dominio de estas últimas; sin dejar de mencionar la situación de rivalidad entre éstas mismas por alcanzar la primacía absoluta a nivel global. Nada, al parecer, está bajo control. Las reglas elementales de la economía están siendo sacudidas por la desigualdad social que ésta engendrara, lo que afecta la percepción de los mismos capitalistas respecto al futuro. El desplazamiento de los flujos de capital de la economía productiva a la economía financiera ha incidido en la generación de tensiones sociales y económicas que terminan por expresarse y concretarse en posiciones políticas de carácter decididamente antidemocrático como paliativo ante la crisis sistémica y global que se sufre.

 

En el albor de la transformación económica que hará del capitalismo el sistema económico hegemónico a nivel global, cuando los avances científicos y tecnológicos auguraban una era de felicidad y de satisfacción material universal e infinita para la humanidad, el progreso y el desarrollo se convertirán en parte esencial de la utopía esperada. Algo que, con alguna variación presenta el Manifiesto Comunista, cuando plantea el establecimiento de “una asociación en que el libre desarrollo de cada uno será condición del libre desarrollo de todos”. La modernidad hegemónica que surgió de este episodio histórico en la Europa de hace poco más de trescientos años y que terminó por extenderse al resto de los continentes impuso la separación del ser humano respecto a la naturaleza y respecto a sí mismo mediante una serie de paradigmas jerárquicos, binarios y dicotómicos que han servido para justificar la dominación, la discriminación y la explotación de unos pocos sobre una amplia mayoría. Es lo que hicieron las naciones colonialistas, imperialistas y capitalistas de Europa, luego seguidas por Estados Unidos, en África, Asia y nuestra América; «en esa perspectiva -como lo resalta Ramiro Ávila Santamaría en su libro 'La Utopía del oprimido'- hubo dos enfoques claros: la historia del mundo era única y exclusivamente la historia de Europa (eurocentrismo), y la historia de Europa era la de las clases dominantes». Europa se inventa a sí misma como la “cuna de la civilización”, negando, degradando e invisiblizando la existencia de la historia, la religión y las culturas de los demás pueblos del mundo. Según Ávila Santamaría, en una manera violenta y traumática, «los indígenas acabaron por ser, en unos casos, pueblos que se encontraban en una especie de minoridad, que tendrían que ser mestizos y madurar aprendiendo de los europeos; en otros casos, pueblos sometidos que nunca podrían ser como los europeos». De esta realidad impuesta, emergerán el colonialismo y la colonialidad que, aún sin reconocerse su existencia entre quienes los sufren, tienen una honda influencia en el devenir histórico de nuestros pueblos.

 

La disparidad entre el crecimiento de la productividad (lo que asegura la tasa creciente de ganancias de los grandes grupos capitalistas) y el incremento que pudieran tener los salarios de la masa trabajadora constituye un enorme desafío por resolver para el sistema-mundo capitalista. En el mundo contemporáneo, tener un trabajo ya no equivale necesariamente al disfrute de un estándar de vida decente y/o aceptable, con el cual se puedan satisfacer todas las necesidades de una persona o familia. A estos factores se suma la sobreexplotación de los recursos más allá de la capacidad ecológica regenerativa de nuestro planeta, lo que expone a la humanidad y, con ella, a todo el conjunto de seres vivos, a un panorama de dimensiones catastróficas e inexorables; lo que ya comenzó a surtir sus efectos a nivel ecológico, social e individual, sin mucha preocupación de parte de quienes controlan gobiernos, mercados y capitales. 

 

Para muchos de los revolucionarios actuales, así como en los dos siglos pasados, la viabilidad de la autogestión obrera en las empresas sigue constituyendo un viejo anhelo de quienes proclaman un cambio estructural del modelo civilizatorio burgués-capitalista bajo el socialismo revolucionario. Esta democracia proletaria, de ser profundizada y ejercida al margen de la lógica del capitalismo, sería el germen de la sociedad de nuevo tipo, transformada radicalmente por las nuevas experiencias y organizaciones de poder popular que surgirían, ya con un carácter decididamente revolucionario. Para lograr este nivel, tendrá que diferenciarse sustancialmente de lo que ha sido la actuación clásica de las organizaciones sindicales, dado que su ámbito de acción tiene que apuntar a algo más que el incremento salarial y algunos beneficios socioeconómicos que, si bien ayudan a los trabajadores a sobrellevar su existencia material, no son trascendentes para la construcción de una sociedad de nuevo tipo, de carácter decididamente humanista, socialista o comunista, en vista que tales conquistas no cuestionan, en el fondo, la vigencia del sistema capitalista. No pueden simplemente repetir los mismos principios de la economía capitalista. La eficacia, los costes mínimos, la maximización, la optimización y la racionalidad funcional presentes en toda empresa capitalista (dirigidos al consumismo y no a la satisfacción de necesidades reales) no pueden regir, de la misma manera, lo que sería la autogestión obrera. Esto exige, adicionalmente, que haya una dirección unificada de la economía, que responda a una concepción cooperativa del bien común en lugar de los intereses egoístas de una minoría. Tendrá que resolver el dilema de la justicia distributiva a que se enfrenta todo gobierno, así como el equilibrio que debe existir entre el crecimiento y el consumo social.

 

La cosificación de los productos y relaciones humanas, gracias a la actividad económica del sistema capitalista globalizado, sumada al desarraigo de la democracia como concepción y práctica ideológica orientada a cimentar y ampliar la soberanía de los sectores populares, se ha extendido a la mayor parte de nuestro planeta. Se vive un creciente y alarmante desarraigo entre la gente respecto a los distintos valores que debieran guiar el orden social en general, lo que sería impensable de continuar privando la lógica capitalista en todas nuestras relaciones. Por ello, aunque parezca ilusorio, imposible y difícil, la autogestión obrera, vista como el germen de la transformación revolucionaria del capitalismo, desde una perspectiva absolutamente novedosa y humanista, es una de las opciones con que podría revertirse este proceso de degradación, autoritarismo y crisis que corroe el sistema capitalista mundial. 

 

DESCLASAMIENTO Y REENCLASAMIENTO SOCIAL COMO SUSTENTO DE LA CONTRARREVOLUCIÓN

Homar Garcés

 

Es innegable que, producto del mejoramiento sustancial de las condiciones materiales y económicas de las clases excluidas o empobrecidas que se suscitara en naciones como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela bajo los gobiernos de Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula Da Silva, Rafael Correa y Hugo Chávez, se iniciara un proceso de desclasamiento y reenclasamiento social que, de alguna manera, permitió cierto ascenso social , económico y político de quienes se mantuvieron por largo tiempo excluidos del tipo de sociedad imperante. Consolidado este cambio, ocurre el despunte de algunos grupos políticos reaccionarios, diferentes en apariencia a los grupos políticos tradicionales, lo que explicaría el por qué éstos hayan triunfado electoralmente en tales naciones; a excepción de Bolivia y Venezuela, víctimas, sin embargo, de la violencia y de golpes de Estado fascistoides. En algunos casos, esto ha configurado la democratización del poder económico y político que antes fuera ejercido de modo exclusivo por las clases dominantes. Esto impone el uso de nuevos marcos interpretativos, adaptados a las circunstancias del presente, aún cuando haya todavía la hegemonía político-electoral que facilitó el surgimiento de este tipo distinto de gobiernos. En referencia a esto último, el sociólogo y ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, expresa que «hegemonía no es directamente sinónimo de continuidad de liderazgo», dada la situación que los ejes motivadores de la lucha y la organización populares, una vez alcanzados, ya no son los mismos y tienden más a la concreción de intereses focalizados o particulares. Conscientes o no del efecto de sus acciones, quienes dirigen el Estado en nombre de las clases populares propician una situación mediante la cual éstas se desactivan, desmovilizan y pasivizan, reduciendo de forma contraproducente sus márgenes de autonomía en función del control asumido. De ese modo, se diluirán los orígenes, los objetivos y el desarrollo de las luchas y de la organización populares, allanando la vía para que los sectores reaccionarios (dotados de mayores y efectivos mecanismos de difusión) exploten las deficiencias y los resentimientos existentes, colocándose en una posición ventajosa respecto a sus contrapartes. 

 

La falta de subversivismo o de iniciativa popular resulta ser una realidad antitética al de una revolución; es más, da pie para que haya una restauración del orden jerárquico (como contramovimiento de las clases dominantes, reforzadas por la clase emergente, surgida del nuevo estamento burocrático gobernante) que se pretendía demoler aunque esta vez con un discurso menos conservador y oligárquico. La condición de subalternidad en que se hallaban antes los sectores populares ahora sería de re-subalternización, lo que marca una contradicción abismal frente a los postulados fundamentales que hicieron posible la transición entre el viejo y el nuevo orden. En esta nueva etapa, la que se podría calificar como la clase emergente abandona la línea subversiva inicialmente trazada para enfocarse en retener su control del poder alcanzado, convirtiéndose en una clase reaccionaria, con intereses particulares que defender.

 

En muchos de nuestros países, el impacto negativo de los altos índices de pobreza y de desempleo en las condiciones de vida de millares de familias (generados por una política económica neoliberal), la ausencia de una gestión eficaz en materia de servicios públicos de salud y educación, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores ante el incremento especulativo de los precios de los productos alimenticios y la situación de impunidad de la corrupción que roe la confianza general en los valores y la efectividad de la democracia como sistema político adecuado, han minado el sentido común respecto a cuál sería la mejor forma de acomodar las cosas. Muchos de aquellos que sufren los embates materiales y psicológicos de tal realidad, se inclinan por opciones que, si bien lucen autoritarias y ajenas a cualquier propósito de garantía y de ampliación del ejercicio democrático, ofrecen alguna posible salida; estableciéndose cierto paralelo con épocas pasadas cuando, según su criterio, había orden y progreso. Todo esto sin permitirse descubrir cuáles son sus verdaderas raíces, contentándose con solo atacar los síntomas. El descrédito del estamento político-partidista, por ejemplo, a pesar del descontento de un número estadísticamente significativo de ciudadanos, no impide que éstos continúen eligiendo candidatos que sólo ven escaleras en las elecciones para ascender y mejorar económicamente, con poco o ningún apego al contenido de sus discursos, apenas diferenciados unos de otros. La distancia política, ideológica y/o afectiva que pudo existir en el pasado entre distintas fracciones partidistas (tanto de izquierda como de derecha, en algunos casos, mezclándose) se ha acortado considerablemente, con lo cual el espectro político se halla más expuesto a contradicciones que hace cincuenta o cien años. De ese modo, los marcos discursivos reaccionarios encuentran espacio en la opinión pública y se nutren de las frustraciones de un sector excluido de la población que se siente, en algún modo, amenazado en muchas de sus aspiraciones materiales por aquellos que, cree, no merecen alcanzar ni disfrutar de sus mismos privilegios y derechos, viendo en todo esto una injusticia intolerable.

 

En una entrevista que se le hizo a la autora del libro «Pocos contra muchos», Nadia Urbinati, ésta señaló que «si la democracia solo puede prometerme pobreza, miseria y condiciones humillantes, ¿por qué tengo que ser democrático? Soy democrático porque mi libertad política tiene valor y tiene valor porque a través de ella puedo construir una vida decente. Ahora bien, si la democracia ya no puede hacer esto y deviene solo en las reglas del juego en el que juegan unos pocos que tienen algo propio que defender, resulta evidente que la democracia carece del mismo valor para unos que para otros. Este minimalismo, que habilita que las instituciones sean utilizadas como herramienta de unas elites que no se preocupan por las condiciones sociales de la democracia, le hace un flaco favor al régimen democrático». El repudio a la política tradicional es el basamento principal para que se produzca esta situación. Sin embargo, las dirigencias de las organizaciones con fines político-electorales la pasan por alto, confiadas en la masa de votos cautivos que aún pudieran tener. Ya anteriormente, tras el fracasado intento de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, en su discurso en el Congreso de la República, el ex presidente Rafael Caldera lo enunció de forma certera: «Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad». Tras una larga sucesión de regímenes socialdemócratas y conservadores, así como dictatoriales, apegados a los programas económicos neoliberales, se produce una ruptura revolucionaria, teniendo como epicentro el descontento popular, lo que se concretó en la asunción de gobiernos de tendencia reformista, izquierdista y, en algunos países, derivados de la división de los partidos políticos tradicionales. En la actualidad, la autonomía de los individuos frente al poder del Estado es una demanda generalizada. Por consiguiente, ésta deberá concretarse a través de la participación, haciendo necesario el marco legal propio de un verdadero Estado de derecho, lo que nunca será posible de limitarse dicha participación a una adhesión forzada y no natural o espontánea a un determinado gobierno; además de impedirse las condiciones para que se produzca una profundización de la democracia.

LA UTOPÍA ANDINA Y LA COMUNIDAD DE LA VIDA

Homar Garcés

 

Como se conoce, la modernidad hegemónica (impuesta por Europa occidental, valga la redundancia) está integrada por el racionalismo científico, la colonialidad y el capitalismo, siendo éste su elemento más destacado y, en cierto modo, el más atacado de todos, dadas las consecuencias negativas que ha tenido su implementación en cada una de las naciones periféricas de África, de Asia y de nuestra América. Frente a ella, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, desde nuestra América, se erige la utopía andina, extraida del Sumak Kawsay y la Pachamama de los pueblos originarios que han hecho resistencia por largos siglos a la colonialidad eurocentrista iniciada con Cristóbal Colón y que, a pesar de las independencias proclamadas formalmente en el siglo XIX, continúa afectando la identidad cultural e histórica de todos nuestros países. Esta utopía andina representa una alternativa emancipatoria desafiante y radical que excede lo habitualmente establecido en lo que respecta a la teoría del Derecho y al sistema de conocimiento vigente, pues se basa en tradiciones, concepciones y prácticas ancestrales que han sido negadas, degradadas e invisibilizadas por los Estados nacionales actuales, del mismo modo que sucediera durante la época colonial. Dicha alternativa emancipatoria supone una ruptura con todo lo que ha significado hasta ahora el modelo de civilización en que vivimos. Plantea la interrelación armónica entre los seres humanos y la naturaleza que los sustenta, sin que se siga viendo a esta como simple proveedora de recursos que generan ganancias; el senti-pensar, diferente en muchos aspectos a lo que es el racionalismo científico; el valor de uso, completamente contrario al exclusivo valor de cambio que prevalece en el capitalismo y, finalmente, la concepción de la naturaleza como sujeto de derechos, siendo una reivindicación indígena de la Pachamama y un verdadero cambio revolucionario, como ya señaláramos, en cuanto a los principios del Derecho.

 

El trastorno que supuso para los pueblos originarios la concepción europea de la tierra como mercancía y heredad otorgada por el dios bíblico representó, en palabras de Carlos Rivas, profesor de la Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida Kléber Ramírez (De la Cultura Comunera al Movimiento Comunero. Los Andes Venezolanos en su largo proceso histórico), «un proceso de re-ordenamiento, territorial, de un re-planteamiento cultural» que conducirá al despojo del territorio ocupado y a la desaparición de sus creencias y demás elementos que conformaban su cultura ancestral. Como reseña Rivas, «la propiedad de la tierra era una concepción absolutamente desconocida por las poblaciones indígenas en los Andes venezolanos, lo común formaba parte del devenir cotidiano, por tanto, el proceso posterior a la llegada del europeo, va a consistir, no sólo en desarrollar la noción de propiedad sobre la tierra y sobre los cuerpos, sino en implementar una cultura del robo y apropiación de la fuerza de trabajo del individuo en resguardo». Con este objetivo, una gran porción de pueblos originarios son desalojados de sus tierras, acusándolos de salvajes e idólatras que no aportan nada para el progreso de la nación, como ocurre con los mapuches en Chile y Argentina; continuándose la tradición etnocida y genocida de los conquistadores europeos.

 

El liberalismo (y con él, el sistema económico capitalista) ha hecho creer a mucha gente que existen leyes absolutas de evolución del orden, las cuales siempre existirían, independientemente de los distintos eventos que hacen la historia humana. Así, en lo que corresponde a esta realidad, Sally Burch explica que «el neoliberalismo, en lo que tiene de ideología, ha podido presentarse negando precisamente su condición ideológica. De ahí su eficacia, puesto que se trata de un proyecto de dominación que tiene serias dificultades para legitimarse por sí mismo, en razón de que uno de sus componentes intrínsecos es la exclusión. Y de hecho es fácil constatar que su accionar le aleja cada vez más de los objetivos que pretende alcanzar: la modernización y la democracia». Al respecto, solo basta constatar los bajos niveles de participación política de los sectores populares, condenados a ser simple comparsa de quienes se disputan el poder y a ser severamente reprimidos cuando reclaman sus derechos. Otro tanto sucede con el bienestar material, disfrutado a plenitud por aquellos que controlan el poder y la economía mientras que los generadores de sus riquezas se ahogan en problemas y necesidades que no pueden solventar con el exigüo salario que devengan. Con eso a cuestas, se le hace creer a muchos que no existen más alternativas y, por lo tanto, que es herético, irracional e inútil cualquier esfuerzo por alterar el orden establecido. 

 

Con José Carlos Mariátegui de precursor, en nuestra América nació lo que se conoce como socialismo indigenista, uniendo los aportes teóricos generados por Karl Marx y Friedrich Engels y los principios que guiaron la vida en comunidad de los pueblos originarios de Bolivia y Perú. Este tipo de conjugación de aportes teóricos diversos es lo que caracteriza en la actualidad a la mayoría de las luchas y propuestas emancipatorias generadas en el amplio territorio de nuestra América, con una pluralidad de valores que hace prevalecer al pueblo como sujeto capaz de organizar y de transformar estructuralmente todo lo existente hasta ahora, cambiando las reglas del juego para que el poder del Estado esté orientado a proteger los bienes comunes en vez de concentrarse (como lo ha hecho casi de manera exclusiva) en amparar los bienes particulares. Esto daría comienzo a las acciones de un nuevo constitucionalismo transformador donde, entre otras cosas importantes, se le daría rango constitucional a los derechos de la naturaleza como un ser vivo, en una vasta comprensión humanista, que merece igual respeto y defensa que las personas y los animales; en lo que es una exigencia histórica que no puede pasarse más tiempo por alto. 

 

En oposición a estas propuestas y luchas emancipatorias, la lógica de propiedad privada individual nos ha conducido, desde el arribo a estas tierras de los conquistadores europeos, a un determinismo pesimista que nos hace pensar que la especificidad histórica de nuestros países es la de ser una pieza subordinada a los intereses de los grandes consorcios capitalistas internacionales. Ante ello, será preciso generar una propuesta de sociedad donde no se reproduzcan las desigualdades sociales ni las desigualdades económicas que caracterizan el sistema-mundo actual, lo que equivale a darle prioridad a los más preciados valores del ser humano, como lo son la afectividad y la espiritualidad en la organización social y económica, reemplazando, en consecuencia, el consumismo alienante, el individualismo, el egoísmo, la competencia desleal entre las personas, la corrupción y la violencia que son promovidos, en uno u otro sentido, por el capitalismo dominante; lo que supone la tarea de desmercantilizar la vida y producir, por tanto, lo que sería una opción bio-comunitarista, definida por René Ramírez («Socialismo del sumak kawsay o biosocialismo republicano») como «un nuevo pacto de convivencia post-antropocéntrico y trans-estatal». En síntesis: el logro de un cambio cultural revolucionario y profundo; además del establecimiento de una relación armoniosa y de reciprocidad con la tierra.

“GUERRA” Y GENOCIDIO SIN DOLOR DE NADIE

Homar Garcés

 

 

Palestina es, como alguien la definió alguna vez, una astilla de tierra que desaparece. Holocausto, diáspora, persecuciones, estigmatización, destrucción de sus hogares, torturas y muerte (incluyendo a niños) son los signos visibles que han marcado la precaria existencia del pueblo de Palestina desde el momento que las potencias occidentales y el sionismo decidieron que su tierra ya no les pertenecía. Aparte de ello, el obstinado silencio y la tergiversación a que son reducidos estos hechos de forma reiterada en la prensa libre occidental, ha logrado calar en la mente de mucha gente la idea de que son bárbaros y, en consecuencia, no se hacen merecedores de ningún gesto de humanidad. En referencia a este tema, en su ensayo “Sionismo y antisemitismo, dos corrientes que se alimentan mutuamente”, Pierre Stambul expone que “tanto los de izquierda como los de derecha propagan la misma fábula sobre la historia del judaísmo, olvidando incluso decir que una buena parte de las víctimas del genocidio (durante la Segunda Guerra Mundial) no tenían nada que ver con su ideología y eran, a menudo, no creyentes. Para los sionistas, los judíos han sido, son y serán víctimas. Como resultado, son totalmente insensibles al dolor del otro o a la situación en la que se encuentra”. El costo de ello, ha convertido a los palestinos en los parias de la humanidad o, en el peor de los casos, en subhumanos despojados de todo derecho legítimo que pudieran reclamar; satanizados, además, por los escrúpulos racistas y supersticiosos de los cuales hace gala la cristiandad en general. 

 

 

Los prejuicios divulgados y explotados de manera sistemática por el sionismo, a través de la gran industria cinematográfica e informativa que los replica y legitima, contribuyen a crear la imagen de un pueblo judío que solo aspira a vivir en paz, en la tierra de sus ancestros, aunque la historia revele que el Estado de Israel no era, precisamente, una aspiración común ni generalizada entre quienes profesan la religión del judaísmo, gran parte de los cuales eran y se sentían ciudadanos europeos, a pesar de los pogromos que sufrían cada cierto tiempo en sus países de origen, no únicamente bajo la Alemania nazi, como habitualmente se piensa. El Estado de Israel representa un sistema de poder económico planetario antes que a un pueblo profundamente religioso; lo que marca una profunda diferencia que muchos, llevados por sus credos particulares, no notan en modo alguno y prefieren acogerse a la matriz de opinión establecida respecto a que este libra una guerra santa contra los infieles por la recuperación total de su tierra usurpada. 

 

 

De acuerdo a esa matriz de opinión (quien la niegue o se oponga a ella, es inmediatamente señalado de antisemita, lo que beneficia ampliamente al sionismo), para muchos, Israel es el único Estado democrático laico en una región dominada por el fanatismo islámico. Sin embargo, esta aseveración queda desmentida al observar el ancho campo de exterminio, o apartheid, instaurado por los cuerpos de seguridad y los colonos israelíes en el territorio de lo que queda de Palestina, sin que haya una acción contundente de la comunidad internacional que lo impida. Esto se hace más manifiesto con la intención de los judíos ortodoxos, colonos y seguidores del Likud mizrahi (judíos orientales) de consolidar a Israel como una nación más apegada a sus preceptos religiosos, más nacionalista y más expansionista, lo que compromete seriamente la delicada estabilidad de la región de Medio Oriente, al sentirse autorizados para ocupar todo el espacio geográfico sobre el cual gobernaran David y su hijo Salomón, entre otros reyes ungidos por el Dios bíblico.

 

 

En medio de este panorama, cuando los palestinos ejercitan su derecho a la resistencia no violenta, el interés internacional se hace completamente nulo o inexistente. Sólo se da cuenta de su existencia cuando los grandes grupos informativos (de mayoría accionaria de estirpe judía) resaltan la violencia, los cohetes y los enfrentamientos armados (como ahora) con que reaccionan los palestinos frente a las arbitrariedades y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Defensa y los colonos israelíes. Todo con el deliberado propósito de contribuir a su completa deshumanización y, así, conseguir su definitiva erradicación de los territorios que han ocupado desde siempre. Gracias a las frecuentes campañas de desinformación sobre tal realidad, el asedio total ordenado por las autoridades israelíes contra la población palestina de la Franja de Gaza -a pesar de constituir una flagrante violación de todas las disposiciones del derecho internacional en relación con la preservación de la vida de civiles en cualquier conflicto militar- ha provocado una reacción en cadena favorable de mucha gente, respondiendo más al adoctrinamiento religioso que a cualquiera rasgo de imparcialidad y de comprensión objetiva de los acontecimientos; lo que, justamente, requiere el Estado sionista de Israel para proceder impunemente con su estrategia genocida. 

 

 

Por otra parte, las líneas estratégicas de control político, económico y social a nivel global que trazó la clase gobernante estadounidense, una vez que implosionara la Unión Soviética, coinciden en muchos aspectos con aquellas que, desde hace décadas, está desarrollando el Estado de Israel en su entorno, apuntando al estallido de un hipotético enfrentamiento militar con Irán que le otorgaría el status de máxima potencia en la región de Oriente Medio y, quizá más allá, secundando al sistema imperial global liderado por Estados Unidos. De hecho, la iniciativa de guerra preventiva impulsada por George W. Bush luego de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York es la misma que el Estado de Israel ha descargado sobre sus vecinos árabes, como pasó con los ataques al Líbano (siendo el más agredido), Libia, Siria e Irak cada vez que sintió que su poder militar podría ser rebasado por éstos. No sorprende, por ende, la respuesta de los gobiernos estadounidense y europeos de apoyar a Israel en su guerra asimétrica contra las organizaciones de resistencia palestinas, interesados como están en obtener el control directo de las fuentes de petróleo que se hallan en dichos países, repitiendo la historia de saqueos y de colonialismo a que fueron sometidos. Esto ha hecho concluir a muchos expertos geopolíticos y militares en que, a la par del conflicto bélico iniciado en Ucrania contra Rusia, Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte impulsan la generación de un caos global que les permita el despliegue de sus tropas o, al menos, la dirección de las tropas de cualquier país bajo su órbita, como ya se ve con la fuerza de intervención en Haití autorizada por la Organización de las Naciones Unidas para contener y repeler las bandas armadas que impiden su estabilización. Cosa similar se percibe en el océano Pacífico, aumentando las tensiones con China, contando esta vez con el concurso del gobierno de Australia. O con Venezuela, a propósito del otorgamiento de concesiones a empresas transnacionales estadounidenses por parte del gobierno de Guyana para la extracción de petróleo en el Esequibo. En todo esto no habría ninguna coincidencia ni hecho fortuito sino la comprobación de que el sistema imperialista global mueve sus fichas, siendo el ataque desproporcionado a la población de Gaza quizás el inicio de una estrategia hegemónica de mayores niveles.

TODAVÍA LOS LLAMAMOS INDIOS

Homar Garcés

 

El trastorno que supuso para los pueblos originarios la concepción europea de la tierra como mercancía y heredad otorgada por el Dios bíblico representó, en palabras de Carlos Rivas, profesor de la Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida “Kléber Ramírez” (De la Cultura Comunera al Movimiento Comunero. Los Andes Venezolanos en su largo proceso histórico), “un proceso de re-ordenamiento, territorial, de un re-planteamiento cultural” que conducirá al despojo del territorio ocupado y a la desaparición de sus creencias y demás elementos que conformaban su cultura ancestral. Como reseña Rivas, “la propiedad de la tierra era una concepción absolutamente desconocida por las poblaciones indígenas en los Andes venezolanos, lo común formaba parte del devenir cotidiano, por tanto, el proceso posterior a la llegada del europeo, va a consistir, no sólo en desarrollar la noción de propiedad sobre la tierra y sobre los cuerpos, sino en implementar una cultura del robo y apropiación de la fuerza de trabajo del individuo en resguardo”. Por eso, a los ojos de los europeos y de quienes en el presente defienden esta postura, la tierra no debería ser una posesión colectiva o comunitaria ni, menos, estar ocupada por seres inferiores y poco interesados en explotarla a gran escala, contentos con una exigüa producción agrícola.

 

El nuevo modo de producción surgido en el amplio territorio de nuestra América gracias al saqueo y al robo, legitimado luego por la usurpación formalizada de la soberanía de los pueblos originarios, implicó la puesta en práctica de conceptos que eran, en gran parte, ajenos a su idiosincrasia, por lo que opusieron resistencia a los conquistadores europeos, ya de una forma activa, ya de una forma pasiva. Aferrándose a su creencia católica o protestante, muchos conquistadores europeos estaban convencidos de estar ejecutando los dictámenes de su dios al combatir y sojuzgar a quienes consideraron, indiferentemente, adoradores del diablo e infieles y, por tanto, merecedores de cualquier castigo o tortura que decidieran hasta producirles una muerte atroz, indistintamente de su edad o condición. Con el paso de los tiempos, esta concepción o visión racista respecto a las poblaciones indígenas apenas ha sufrido algún cambio, como lo demuestra el uso despectivo de la palabra indio para referirse a una persona inferior, de poco lustre o ignorante, en una clara demostración de endoracismo. Así, aún cuando se reconozca que han habido avances significativos en materia legislativa en pro del abordaje de la diversidad étnico-cultural que benefician a los pueblos originarios de nuestra América, también debe reconocerse que esto no ha sido obstáculo alguno para que subsista, de distintos modos, el racismo heredado de la sociedad colonial hispana; lo que obliga a preguntarse si realmente hay un cambio relevante, dada la desigualdad social estructural y la pobreza en que éstos se encuentran todavía. El racismo también se pone de manifiesto en la negación que se le hace a la historia de ciertos pueblos, desconociendo sus contribuciones al progreso general de la humanidad. Resulta algo común que se haga -en palabras de Gabriel García Márquez- «la interpretación de nuestra realidad con ojos ajenos», en este caso, pertenecientes a quienes, al otro lado del océano Atlántico, llegaron a dudar sobre si a los indígenas podrían considerárseles seres humanos, con alma incluida, por lo que sería razonable y legítimo que España y Portugal, en una primera etapa, y el resto de Europa, en una etapa posterior, emprendieran la conquista y la colonización del amplio territorio recién «descubierto», ignorándose adrede los derechos de aquellos pueblos que lo habitaban desde hacía miles de años.

 

Prueba de lo anterior, es la negativa sostenida de las autoridades de los países del continente en admitir como válidas las demandas indígenas de autonomía y de defensa de los recursos naturales existentes en el espacio geográfico que ocupan desde tiempos inmemoriales, lo que representa el colofón de la historia de despojo y desposesión que nuestros pueblos originarios han sufrido desde el momento que los conquistadores europeos plantaron sus banderas en este continente; hallándose interesados los Estados en atraer inversiones, tanto de origen nacional como extranjero, en una actitud de desprecio y superioridad semejante a la seguida hace dos siglos por sus antecesores hispanos, portugueses y anglosajones en el poder. Es lo que ocurre con el pueblo mapuche, cuyos derechos le son negados sistemáticamente por los diversos gobiernos de Chile, aplicándosele con arbitrariedad una legislación antiterrorista para hacerlo desistir de sus luchas. Igual pasa en Chiapas con los indígenas que conforman el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyo enfrentamiento con las élites políticas y económicas de México ha representado un replanteamiento serio de la lucha social y política, cuyos efectos han sido adoptados por otros movimientos en contra del neoliberalismo económico. En igual sentido, podría incluirse al pueblo yukpa de la sierra de Perijá, en Venezuela, acosado por terratenientes en complicidad con autoridades regionales y nacionales hasta el punto de sufrir el asesinato de algunos de sus defensores más destacados, en completa impunidad. 

 

Quizás entre estas demandas, las de mayor trascendencia hayan sido las llevadas a cabo en Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales, gran parte de las cuales fueron plasmadas en la Constitución, dando nacimiento al Estado Plurinacional que, a pesar de la oposición de los grupos oligárquicos, rige dicha nación. Esto no obvia el hecho que se continúe hostigando a los indígenas de ese país, al igual que en Perú, padeciendo golpizas, humillaciones e insultos de parte de aquellos que pretenden secesionar la nación, escudándose con el pretexto de querer vivir bajo un régimen democrático y asumiendo una conducta y un lenguaje abiertamente supremacistas. Como bien lo refleja Ricardo Virhuez, "lo que empezó el siglo XVI continúa en el XXI. Todavía los llamamos indios, indígenas, amerindios y no reconocemos sus nombres propios. Todavía les arrebatamos las tierras para beneficio de mineras y petroleras. Todavía insultamos su rica cultura llamándola mitos, cosmovisión, rituales, sagrados. Todavía creemos que sus fiestas y alegrías son folclore, y su arte que viene desde el nacimiento de la humanidad es artesanía. Todavía no comprendemos su equilibrada visión y relación con la naturaleza y les inventamos religiones y dioses. Están ahí y no los vemos. Ellos son nosotros y no podemos vernos". Sin embargo, hay una realidad que no podrá ocultarse: los pueblos indígenas han irrumpido con voz propia en los escenarios políticos de nuestros países, apoyándose para ello en su cosmovisión y sus costumbres ancestrales, lo que ha permitido imprimirle un sello de originalidad a las propuestas de transformación estructural en oposición al actual modelo civilizatorio. Esto, por otra parte, incide en la percepción tradicional que se tiene respecto a la naturaleza y las demás personas, en lo que será, sin duda, una sucesión de cambios en el modo de entender la vida en sociedad, al margen de cuál sea la denominación que le demos.

 

A 200 AÑOS DE LA INFAME «DOCTRINA» MONROE

Homar Garcés

El 3 de diciembre se cumplieron 200 años de la proclamación de la llamada doctrina Monroe, en medio de una realidad latinoamericana y caribeña cada día cambiante donde resaltan la resistencia protagonizada por los movimientos populares y el surgimiento de gobiernos progresistas y/o de tendencia de «izquierda», los cuales han delineado las posibilidades de acceder a una independencia definitiva y a la construcción de un modelo de sociedad de nuevo tipo, con la incorporación práctica de elementos culturales de nuestros pueblos nativos y afrodescendientes que lo harán algo original y único en la historia humana. El rechazo al «Consenso de Washington» y la descolonización del pensamiento son los rasgos comunes de estos gobiernos y movimientos populares y que los entroncan con las luchas antiimperialistas representadas por Simón Bolívar, José Martí, Augusto César Sandino, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, entre otros no menos renombrados luchadores y pensadores latinoamericanos y caribeños que vieron en las apetencias hegemónicas del coloso del Norte la mayor amenaza al destino de libertades y de soberanía nacional de cada uno de nuestros países. Bajo ninguna circunstancia, se puede negar, menos justificar, que el accionar geopolítico de Estados Unidos sobre el amplio territorio continental e insular de la América hispana y caribeña comenzó a perfilarse, con escaso disimulo, desde los primeros años de su constitución como nueva nación del mundo; lo que sirve, además, para extender esta visión imperial sobre el resto de la humanidad.

En el transcurso de estos dos siglos, los pueblos de nuestra América han sido víctimas constantes del injerecismo imperialista de Estados Unidos. Dicha realidad ha incidido (aunque otros pretendan imponer lo contrario) de un modo determinante en el atraso político, social y, sobre todo, económico de las naciones situadas al sur del rio Bravo, dando forma a un estado de subdesarrollo que pareciera eternizarse, sin opciones concretas que permitan superarlo según los estándares en vigencia. Como base de sus acciones, los distintos gobiernos estadounidenses echaron mano a la obsoleta Doctrina Monroe (a la que se agregó el llamado corolario Roosevelt) para lograr, bajo su amparo, un nuevo género de dominación hemisférica, asumiendo al mar Caribe como su Mare Nostrum, a la usanza de los antiguos romanos en relación con el mar Mediterráneo, y a toda nuestra América como su patio trasero. En este tiempo, Washington implementó diversas medidas para asegurar su hegemonía. En muchos casos, respaldando regímenes abiertamente reaccionarios y vulnerando ampliamente la soberanía y el derecho a la autodeterminación de nuestras naciones mediante el despliegue de sus tropas en sus territorios y el derrocamiento de presidentes que se mostraron reacios a admitir el tutelaje yanqui. Mientras en otros, ha aplicado la imposición de sanciones y de bloqueos económicos unilaterales con el propósito de desestabilizar a los gobiernos que considera sus enemigos. En esta historia, en «defensa de la libertad y la democracia», resaltan el desmembramiento de la mitad del territorio de México; la ocupación colonial de Cuba, Puerto Rico y Nicaragua; la «independencia» de Panamá (lo que, en compensación, le valió terminar la construcción y control del canal interoceánico allí proyectado y la apropiación a perpetuidad de una amplia franja a ambas orillas del mismo); las invasiones a México, Haití, República Dominicana y Grenada; el apoyo brindado a Inglaterra en contra de Argentina durante la guerra de las islas Malvinas de 1982; los diferentes golpes de Estado propiciados en una gran parte de los países del centro y del sur del continente (siendo una práctica habitual, como lo demostraron, en años más recientes, los producidos en Haití, Paraguay, Honduras, Venezuela, Brasil y Bolivia); además de los bloqueos a Cuba, Nicaragua y Venezuela, obstaculizándoseles a sus ciudadanos el acceso garantizado de alimentos, productos farmacéuticos, combustible y suministros sanitarios, en lo que constituirían crímenes de lesa humanidad, al condenárseles a sufrir muertes masivas, necesidades de toda índole, emigración forzosa y sustracción de miles de millones de dólares por funcionarios corruptos.

Así, todos los asuntos internos de las naciones de este hemisferio son considerados por los jerarcas estadounidenses como asuntos del «supremo interés nacional de Estados Unidos». A fin de que ello esté asegurado, el Pentágono posee bases militares convenientemente situadas a lo ancho y extenso de nuestra América, en una especie de extraterritorialidad que convierte al continente en la gran isla estadounidense. Todas estas medidas intervencionistas y expansionistas de Estados Unidos son las causas directas de las crisis políticas, económicas y productivas que padece cada uno de nuestros países y son del todo ilegales, según el derecho internacional y humanitario, ya que violan los derechos humanos al interrumpir los esfuerzos de los gobiernos electos por proporcionar a los ciudadanos acceso oportuno a servicios públicos eficientes, a una alimentación adecuada, a una educación completa garantizada y a una paz que no se halle jamás bajo amenaza de ningún tipo. De ahí que sea necesario y pronto adoptar una estrategia común de nuestros pueblos en contra de las sanciones y la intervención unilateral de Estados Unidos, sea cual sea la razón esgrimida; contrarrestar el militarismo (interno y externo) con acciones de paz y cooperación; forjar un modelo económico independiente; y desenterrar las causas fundamentales que ocasionan la inmigración, lo que implica la suma de todo lo anteriormente indicado. Aunque no se quiera, hay que entender que, en palabras de Claudio Katz, «el sistema imperial es la principal estructura de expropiación, coerción y competencia, que apuntalan los grandes capitalistas para preservar sus privilegios». En consecuencia, es algo totalmente ilusorio creer en las posibilidades de una nivelación bajo el sistema capitalista entre las economías disímiles de Estados Unidos y sus asociados y las economías dependientes y semi-industrializadas de las naciones periféricas, en especial, las de nuestra América, como lo han predicado los apologistas del capitalismo neoliberal al recomendar tratados bilaterales, similares en esencia al fallido ALCA. Ejemplo de ello es lo ocurrido con la economía de México.

En las dos últimas décadas y en respuesta al papel servil de la OEA frente a Washington, se han formado nuevas asociaciones, como la CELAC, el ALBA, la UNASUR y PETROCARIBE, todas ellas inspiradas en el ideal de integración regional, regidas por principios ecológicos, democráticos plurinacionales y basadas en el respeto a la igualdad y a la soberanía entre las naciones. Con todas estas iniciativas, nuestra región busca desprenderse de ese pasado de invasiones, intervenciones y cambios de regímenes que impusieron las diversas administraciones de la Casa Blanca, inspiradas en el supuesto «destino manifiesto» que le reservó la providencia a Estados Unidos. Esto hace que Estados Unidos tenga en mira, por otra parte, impedir la disposición soberana de los gobiernos de nuestra América (sean progresistas liberales, socialdemócratas o de izquierda), de acordar convenios bilaterales de colaboración de amplio espectro con Rusia y China, en lo que califica como una intromisión inaceptable de estas grandes potencias en los asuntos internos de los países que conforman, para tragedia suya, su «patio trasero».

Los gobiernos de Washington de las décadas finales del siglo 20 e inicios del presente siglo han exhibido una innegable incapacidad para comprender esta nueva realidad, adaptándose a ella a través del establecimiento de una nueva política exterior que le permita a Estados Unidos mantener una relación constructiva y cooperativa con las diversas naciones de la región; de una manera totalmente diferente a la que se proponía imponer con la Alternativa de Libre Comercio de las Américas (ALCA), según el modelo económico neoliberal. Esta tendencia se mantiene intacta, haciendo uso de algunos de los postulados del Documento de Santa Fe y el Nuevo Siglo (Norte) Americano cuando todos los países marchan, de uno u otro modo, en dirección hacia la construcción de un mundo pluralista, multicéntrico y multipolar, respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional. El pretexto de la Doctrina Monroe para enfrentar la recolonización europea resulta fuera de lugar, siendo ella parte esencial de la base ideológica con que se defienden los intereses corporativos transnacionales yanquis, como se evidenció en Guatemala con el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz al nacionalizar las grandes extensiones de tierra pertenecientes a la United Fruit Company. Coincidencialmente, en el mismo año que esta «doctrina» se proclamara, el Tribunal Supremo estadounidense legitimó la «Doctrina del Descubrimiento» que permitió legalizar el robo de tierras del oeste, la expansión de los colonos, la limpieza étnica y el genocidio de los pueblos indígenas, lo que ha sido exaltado por la industria ideológica de Hollywood como una hazaña de la civilización sobre la barbarie.

Frente a todo ello, Ramón Grosofoguel, sociólogo y Profesor en la Universidad de Berkeley, California, señala que «tenemos que pensar en un anti-imperialismo que no puede tener una sola epistemología o visión de mundo como punto de partida. El anti-imperialismo del siglo XXI tiene que ser epistémicamente y espiritualmente pluriversal, diverso y plural. La paz, la solidaridad y el derecho soberano a la autodeterminación de los pueblos tienen que ser los principios de unidad anti-imperialistas respetando las espiritualidades y epistemologías diversas. Y tiene que tener como tema central la defensa de la VIDA porque el sistema imperialista con su destrucción ecológica del planeta está llevándonos a la muerte». En contraposición a los designios de Washington, las naciones de nuestra América (lo mismo que las demás naciones subyugadas por éste y sus aliados en todo el planeta) están obligadas a asumir una posición radical que reivindique su rol ante la historia, llamada a cumplir con los ideales que guiaron su lucha por la independencia, en un marco de crecimiento armónico, de justicia social y, sobre todo, de respeto a la naturaleza y a la autodeterminación de los pueblos. En síntesis, todo lo opuesto a lo representado y hecho por el imperialismo gringo hasta el día presente.

 

BOLÍVAR Y SU FALSA PATERNIDAD DEL PANAMERICANISMO

 

Homar Garcés

Quienes dirigen el proceso de liberación de nuestra América de la corona española orientan sus primeras acciones -como lo señala Ricardo A. Martínez en su obra «De Bolívar a Dulles. El panamericanismo, doctrina y práctica imperialista» al establecimiento de «primero, los tratados de ayuda mutua para mejor conducir la guerra y para la consolidación de las libertades logradas; después las actividades tendientes a constituir un cuerpo federal político hispano americano que les permitiera a dichas naciones enfrentarse a los planes de reconquista española, a las ambiciones colonialistas de las demás monarquías europeas y a los deseos manifiestos de los Estados Unidos de apoderarse de Cuba». Esta actividad diplomática adquiere un nivel de suma importancia en la estrategia de Simón Bolívar para conseguir la independencia absoluta del continente, por lo que idea la convocatoria para el Congreso Anfictiónico de Panamá a realizarse en 1826, al cual sólo asistirían las delegaciones de los gobiernos recién constituidos de las antiguas colonias españolas, con la expresa excepción de Haití, Brasil y Estados Unidos. Más que divergencias se hallan convergencias entre aquellos próceres que, como Francisco de Miranda, José de San Martín, Bernardo O’Higgins, Bernardo Monteagudo o Victoria José Cecilio del Valle (prócer de la independencia centroamericana), entienden la necesidad de la unión para enfrentar exitosamente cualquier tipo de pretensión extranjera de subyugar a los nuevos Estados.

Bolívar no deja de articular acciones tendientes al logro de la “unidad de la América meridional”. Con esto en miras, desde Lima, extiende su Invitación a los gobiernos de Colombia, México, Río dela Plata, Chile y Guatemala a formar el Congreso de Panamá. El pacto de unión, liga y confederación perpetua que allí se originaría tendría como objetivo principal asegurar la independencia conquistada por los ejércitos patriotas frente a la tentativa de reconquista por parte de la corona española, entonces respaldada por las principales potencias europeas agrupadas en la llamada Santa Alianza; como también frente a las apetencias colonialistas e imperialistas poco disimuladas de Inglaterra y Estados Unidos. La gran confederación de repúblicas de nuestra América -en la cual la integración de los Estados independientes no anularía su autodeterminación- no excluía, por otra parte, la posibilidad utópica de crear entre todos ellos una sola gran nación, incrementando sus potencialidades de desarrollo económico, cultural, social y tecno-científico. No obstante, aún habría que superar los prejuicios localistas sembrados por la fragmentación impuesta por el régimen colonial ibérico mediante sus virreinatos, gobernaciones, audiencias y capitanías generales (a los que habrá que agregarse la miopía política, la falta de perspectiva histórica y las ambiciones personales de los estamentos gobernantes, de antes y de ahora), muchos de los cuales se mantienen todavía vigentes, entorpeciendo todo intento de integración y de solidaridad continental.

En carta remitida al general Francisco de Paula Santander, desde Ibarra el 23 de diciembre de 1822, Bolívar al referirse a la situación de nuestra América, le advierte que se halla «a la cabeza de su gran continente una poderosísima nación muy rica, muy belicosa y capaz de todo.» El Libertador no ignoraba la tendencia expansionista y hegemónica de los círculos gobernantes de Estados Unidos (como tampoco los planes de Inglaterra por monopolizar el comercio continental), quienes aspiraban -mucho antes de alcanzarse la independencia hispanoamericana- al control directo de las islas de Cuba y Puerto Rico y de los territorios pertenecientes a México como complemento de la extensión que conformaban, inicialmente, las trece ex colonias británicas. Sin embargo, Santander desconoce dicha advertencia y las instrucciones de Bolívar para no invitar al gobierno estadounidense a la cumbre de plenipotenciarios en Panamá. Contrariamente al proyecto integracionista bolivariano, Henry Clay, a nombre de la Cámara de Representantes, expresaba que «deberíamos convertirnos (Estados Unidos) en el centro de un sistema que constituye el foco de reunión de la sabiduría humana contra el despotismo del Viejo Mundo. Seamos real y verdaderamente americanos, y situémonos a la cabeza del sistema americano». De esa manera, quedó establecida la estrategia, gracias a la «doctrina» Monroe, que daría por fruto el surgimiento del panamericanismo, al gusto de los intereses geopolíticos y económicos yanquis, manteniendo y azuzando las divisiones de las naciones de nuestra América bajo su hegemonía imperial. Además de lo antes señalado, flotaba en el ambiente el tema de la esclavitud que se vería seriamente afectado por la resolución de Bolívar y de los nuevos Estados independientes de acabar, definitivamente, con ese flagelo, lo que se reflejaría, de forma «negativa», según sus sostenedores, principalmente, en el sur estadounidense.

En su siempre citada frase, contenida en la correspondencia dirigida el 5 de agosto de 1829 al coronel Patricio Campbell, encargado de negocios de Gran Bretaña, Bolívar no hace más que ratificar sus aprensiones respecto a la actitud egoísta, hegemónica y economicista de quienes integran el poder constituido en Estados Unidos, demostrada durante todo el proceso de liberación que él encabezara cuando dicha nación se proclamara neutral ante los acontecimientos que tenían lugar al sur de su frontera, beneficiando con ello los esfuerzos de la corona española por revertirlos en su favor, recuperando el dominio perdido. En el cruce de cartas con el agente diplomático J. B. Irvine, entre el 29 de julio y el 1° de octubre de 1818, en ocasión del reclamo de éste al procederse a la confiscación de las goletas norteamericanas Tigre y Libertad al haber éstas violado el bloqueo ordenado por el gobierno colombiano, el Libertador le expectorará: «protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”. Una posición totalmente diferente a la observada entre las clases dirigentes y acaudaladas criollas en relación con la «doctrina» Monroe, la cual les eximiría de ejecutar cualquier acción en el dado caso que España y, con ella, las potencias europeas coaligadas en la Santa Alianza, dirigiera su fuerza militar contra sus antiguas posesiones, dejando todo en manos del entonces incipiente imperialismo gringo; rasgo que se ha mantenido servilmente a lo largo de estos últimos doscientos años de historia.

Venciendo los pormenores de índole geográfica, económica o histórica que pudieran oponerse a su gran propuesta de solidaridad y de complementariedad de nuestra América, Bolívar se apoya en la convicción de que todos los participantes en la lucha por la independencia mantienen un mismo criterio revolucionario sobre lo que deben ser y hacer las nuevas repúblicas, es decir, que habría una homogeneidad de principios políticos y de organización social. La fragmentación que estas sufrirían durante los años siguientes favorecerá a Inglaterra, primero, y a Estados Unidos, después, mientras que el subdesarrollo será la marca distintiva de nuestro destino como periferia dependiente del sistema capitalista global. «Es con ocasión del Congreso de Panamá -refiere en su libro ’Idea y experiencia de América’ el jurista mejicano Antonio Gómez Robledo- cuando la Doctrina Monroe, que acababa, como quien dice, de ser promulgada, irrumpe en la vida de relación interamericana [...] Es entonces cuando se afrontan por primera vez el bolivarismo y el monroísmo, y se inicia un diálogo patético, que habrá de durar por tantos años, entre el Norte y el Sur». A fin de aclarar, la declaración del presidente estadounidense nunca representó, según lo expuso en «Bolivarismo y Monroísmo» el escritor colombiano Indalecio Liévano Aguirre, «un acto de altruismo o de particular amistad para con las repúblicas vecinas del Sur -como lo creerían candorosamente los gobernantes de Latinoamérica-, ni menos aún que ella implicara para los Estados Unidos la obligación de intervenir en defensa de cualquier país del continente que fuera víctima de una agresión externa. Para los estadistas norteamericanos, la Doctrina Monroe se limitaba a anunciar la eventual intervención de la república del norte sólo en aquellos casos y en aquellas zonas del continente en lo que un interés específicamente nacional de los Estados Unidos lo exigiera». Como demostración de ello, habría que recordar el papel cumplido por Estados Unidos en el conflicto de Inglaterra y Argentina por las islas Malvinas en 1982 al apoyar a la potencia anglosajona e incumplir con lo dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (también llamado Tratado de Río) firmado en Brasil el 2 de septiembre de 1947. En ésta, no hay contenida alguna consigna de libertad e independencia a semejanza de las emitidas por Bolívar, muy distintas y distantes de los propósitos que guían a Washington, por lo que no existe nada que sirva para presentar a Bolívar como el padre del panamericanismo y, menos, si se toma en cuenta lo hecho por la Organización de Estados Americanos desde el momento de su constitución.

LAS MINORÍAS EXCLUIDAS Y LA «NUEVA» IDEOLOGÍA DE LO SOCIALMENTE «CORRECTO»

Homar Garcés 

Como se ha definido, la disforia de género es el término utilizado para denotar una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando las personas perciben y manifiestan que su sexo biológico no coincide con su identidad de género. En el pasado, esto también se denominaba trastorno de identidad de género. En nuestro mundo contemporáneo, a la par de otras reivindicaciones, desde hace algunos años, se han reconocido los derechos que dichas personas reclaman, en lo que atañe, por ejemplo, al lenguaje y el matrimonio igualitario, obligando así a redefinir muchos aspectos de la vida social, al mismo tiempo que generan una serie de polémicas que, de momento, no parecen tener fin.

La inclusión forzada, discriminación positiva o diversidad forzada, como igualmente es conocida, ha tenido un fuerte impacto en lo que concierne -especialmente- a la producción de medios audiovisuales del entretenimiento y, hasta cierto punto, en la difusión de obras literarias clásicas, cuyos personajes y tramas estarían revestidos de una ideología heterosexual dominante que segrega, estigmatiza e invisibiliza a quienes difieren, en uno u otro sentido, de los convencionalismos sociales tradicionalmente establecidos. En tal sentido, gran parte de lo socialmente «correcto» en cuanto al sexo o la «raza» está siendo sacudido por el cuestionamiento y las exigencias de quienes se han señalado como minorías excluidas, lo que ha configurado la factibilidad de una sociedad más diversa e inclusiva que la existente en siglos pasados. Pero, a la par de ello, se hallan aquellos que se muestran en contra, apegados a los valores, las costumbres, las creencias y los estándares de un modelo de sociedad altamente jerarquizado que, producto de los cambios generados por los derechos logrados bajo el amparo de la democracia, el modelo económico predominante y las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y la informática, ahora son percibidos como elementos opresivos, obsoletos y retrógrados. 

En un artículo publicado en 2020, «‘Generación Woke’: las raíces de un nuevo puritanismo», Argemino Barro hace referencia a que las acciones y protestas de quienes promueven la inclusión forzada, discriminación positiva o diversidad forzada apuntan al establecimiento de «un paisaje tenso e hipersensible, sin baches ni ofensas, sin dobles sentidos, donde cada palabra es mirada con lupa, a las opiniones discordantes se las traga la autocensura y todo tiene que ser planchado para quedar perfecto: igualitario, diverso, politicamente correcto, justo». No obstante, lo que debiera apuntar al desmontaje de los mecanismos ideológicos de la desigualdad y al logro efectivo de una convivencia democrática entre personas realmente libres y reflexivas, es utilizado por algunos como herramienta para difundir y asentar lo contrario, estableciendo, de hecho, lo que podrá considerarse como una dictadura perfecta, sin disenso alguno, cuando muchos prefieren callar sus verdaderas opiniones para evitar que se les etiquete de una forma negativa, sufriendo, en consecuencia, otro tipo de discriminación. 

Sin embargo, otras muchas personas, ciegas o indiferentes ante las muestras de racismo, xenofobia, sexismo y misoginia que se producen en su sociedad, dan por sentado que éstas forman parte de la cotidianidad que deben vivir y, por lo tanto, que no podrían censurarse, al ser algo “normal” dentro de su cultura. Defienden, en este caso, un statu quo conservador, ajeno a cualquier cosa que llegue a alterar el modo de vivir establecido, lo que hace de ellas seres que no se atreverán a acompañar ningún cambio revolucionario, por muy pequeño o positivo que luzca, ya que hará tambalear la seguridad de sus convicciones y del papel que creen deben cumplir, sea por el lugar de origen, predestinación, tradición familiar o voluntad propia. La universalidad de la cultura y de la socialización generada por el modelo civilizatorio, de raíz eurocéntrica, bajo el cual mora el mayor porcentaje de la humanidad -sin incluir o reconocer la pertinencia de los valores y la cultura de los pueblos indígenas o nativos, presentes en cada continente- propicia la transmisión de estereotipos que legitiman la discriminación en todos los aspectos, a pesar de las denuncias y de las legislaciones en su contra. 

«En los últimos años -señala el periodista y ensayista español Pascual Serrano en la reseña que hace del libro «#Cancelado. El nuevo macartismo», de Carmen Domingo- han aparecido determinados movimientos muy loables, justos y necesarios. Desde el Metoo denunciando las agresiones sexuales y el acoso, al Black Lives Matter en defensa de la vida de la población afrodescendiente en Estados Unidos y contra la violencia que sufría. Se fueron sumando movimientos: de apoyo al colectivo LGTB, ambientalistas, anticolonialistas… Todo bien. El problema surge cuando, en un determinado momento, y en nombre de esas buenas causas, comienza la caza de brujas, la persecución de los que no las comparten, los que no ajustan a esas bienintencionadas cruzadas. Y digo problema porque ha resultado que no se sabe dónde está el límite de la intolerancia. Es evidente que debemos ser intolerantes al racismo, al sexismo, a la injusticia, pero ¿hasta dónde debe llegar esa intolerancia?, ¿cuál es el límite de lo que no debemos aceptar?». Vista la transnacionalización de la xenofobia contra los inmigrantes y la marginación de las minorías étnicas y sexuales, replicadas ambas actitudes por medio de las redes sociales, a veces con respaldo gubernamental, surge la necesidad de contrarrestarlas mediante la profundización de lo que éstas representan en el desencadenamiento de situaciones conflictivas que merman los valores que debieran sostener la sociedad humana, sin que ello signifique que haya sólo un cambio de una ideología heterosexual dominante por una «nueva» ideología de lo socialmente «correcto» que, en vez de eliminarla, incrementaría una mayor jerarquización de la misma.