EL TRIUNFO DEL DIABLO, O COMO ESTADOS UNIDOS IMPONE SU FE AL MUNDO

 

Homar Garcés

 

En su libro «El Monstruo y sus Entrañas», Vladimir Acosta nos hace ver que «los Estados Unidos son una sociedad profundamente religiosa en la que la religión se manifiesta en todas partes y a cada paso; una sociedad atada al cristianismo y a la Biblia, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento (y en buena medida, como sociedad dominada por el protestantismo, puede decirse que en ella el peso del Antiguo Testamento es incluso mayor que el del Nuevo, que, por supuesto, no es pequeño). Además, ese protestantismo, activo y creativo, se ha reproducido sin parar y también se ha diversificado en una multitud de iglesias y grupos religiosos, de modo que esa presencia y esa dominación se ejercen por medio de una serie de grandes corrientes y una infinidad de sectas medianas y pequeñas de todo tipo y de variados y curiosos nombres; sectas y corrientes que penetran toda la vida cotidiana de los estadounidenses». Gracias a este fundamentalismo cristiano, Estados Unidos se autoglorifica como el garante del equilibrio internacional, en un combate universal del bien (representado por ellos) contra el mal (representado por el resto del mundo en oposición a sus dictados imperiales); lo que algunos, siguiendo lo expuesto en 1996 por Samuel Huntington, han llegado a calificar como un choque de civilizaciones.

 

Aquí cabe una reflexión, si se quiere, estúpida, dependiendo de quien así la vea: Si «Dios» (en el caso de la cristiandad, Jesucristo; en el de los judíos, Yahvéh; y en el de los musulmanes, Alá, por no incluir los cientos de dioses esparcidos por Asia, África y América) es uno solo y ama a toda la humanidad, ¿por qué debe morir un pueblo a manos de otro para que se crea que su dios es el único y verdadero y quien sí bendice a sus creyentes? Ésta es, en cierta forma, la justificación filosófico-religiosa del destino manifiesto con la cual ha actuado la clase gobernante estadounidense, presentando a Estados Unidos como el segundo pueblo elegido de «Dios», por lo que le es permitido atacar, someter y/o exterminar a cualquier otro pueblo del mundo que no comulgue con sus valores fundamentales. Para lograr implantar esta convicción excepcionalista en el resto de la gente alrededor del planeta, el imperialismo gringo se ha valido, entre otros instrumentos de penetración cultural, de su sofisticada industria cinematográfica, cuyos íconos definen el denominado american way of life, lo que incide en la aculturación presente, en grado creciente, en muchas de nuestras naciones.

 

Por eso, en «El libro de los abrazos», Eduardo Galeano advirtió que «el sistema nos vacía la memoria, o nos llena de basura la memoria, y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla». De ese modo, se crea e impone una historia alternativa donde se invierten los roles, haciendo de los defensores del sistema seres imbuidos siempre de justicia y buenas intenciones frente a sus enemigos, rebeldes y revolucionarios, que encarnan el mal, por lo que es legítimo plantearse y llevar a cabo su eliminación. Sin nada de remordimiento. Esta simpleza ha servido de base para atacar y destruir cualquier tentativa de reclamar los derechos que le asisten a naciones, pueblos, sectores populares y grupos sociales diversos, a pesar de estar plasmados en constituciones y leyes específicas. Tal excepcionalismo lo resumió Jhon Foster Dulles, Secretario de Estado de 1953 a 1959, al expresar: «Para nosotros hay dos clases de personas: los que son cristianos y apoyan la libertad de empresa… y los demás». Para el imperialismo gringo, paladin del sistema capitalista mundial, lo que verdaderamente importa es el funcionamiento y control del mercado y la extracción de plusvalía. Bajo tal esquema, los dictadores tipo Augusto Pinochet serían los de mayor aceptación y respaldo, sin importar mucho los crímenes de lesa humanidad que cometan, en tanto éstos garanticen la protección de los capitales invertidos por sus grandes corporaciones transnacionales.

 

La horizontalidad desorganizada que pudo generar la globalización económica auspiciada por Estados Unidos y las grandes corporaciones transnacionales, especialmente en las áreas financieras y tecnológicas, hizo que surgieran distintos polos de desarrollo capitalista, siendo Rusia y China los más descollantes, seguidos por Bharat (antigüamente, India), Brasil Sudáfrica, conformando el grupo BRICS y haciendo factible una multipolaridad y un multicentrismo que los capitalistas estadounidenses y europeos, al parecer, no habían anticipado dentro de sus planes hegemónicos.

 

Vale la pena recalcar, esta vez con Claudio Katz, quien en su libro «La crisis del sistema imperial» expone que «la primera potencia ha perdido autoridad y capacidad de intervención. Busca contrarrestar la diseminación del poder mundial y la sistemática erosión de su liderazgo. En las últimas décadas ensayó varios cursos infructuosos para revertir su declive y continúa tanteando esa resurrección. Todas sus acciones se cimentan en el uso de la fuerza. Estados Unidos perdió el control de la política internacional que exhibía en el pasado, pero mantiene un gran poder de fuego. Expande un destructivo arsenal para forzar su propia recomposición. Esa conducta confirma la aterradora dinámica del imperialismo como mecanismo de dominación». Del mismo modo que se nos impone vencer la actitud autodegradante que, de una u otra forma, hemos arrastrado a través de toda nuestra historia común y que ha permitido y legitimado el papel tutelar asumido por Estados Unidos respecto a los países de nuestra América, pisoteando su soberanía y subordinándola a sus intereses geopolíticos y económicos; se impone vencer también la exaltación ultranacionalista (o chovinismo) con que se pretende mantener y profundizar la división de nuestros pueblos, expresada en la xenofobia alimentada por las clases dominantes. Es una lucha que debe abarcar, por igual, los factores políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos que han dado fundamento, por más de un siglo, al dominio imperialista de Estados Unidos sobre nuestras naciones, descubriendo sus raíces y sus efectos en nuestro devenir y nuestras psiques.

ESTADOS UNIDOS Y EL PARADIGMA ENGAÑOSO DE LA DEMOCRACIA

 

Homar Garcés

La brutalidad policial y la violencia estructural son acciones legitimadas por el Estado yanqui. Ellas develan los antagonismos de clase y el discurso liberal autoritario que ha privado desde hace más de dos siglos en Estados Unidos. Esto ha tenido su reflejo en la marginalización y la violencia racial histórica aplicadas respecto a los descendientes de los pueblos indígenas, afros, latinos y asiáticos que residen en su suelo, cuya condición de ciudadanos es desconocida por los llamados supremacistas blancos, aun cuando hayan nacido en el mismo territorio que ellos. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, instigado por el presidente Donald Trump, terminó por revelar que el paradigma del cual se jacta Estados Unidos como la más antigua y única democracia existente en el mundo, sólo está orientada a velar por la hegemonía y los intereses de la clase plutocrática que domina dicho país, al mismo tiempo que devela la polarización social, con la tendencia de incrementarse con el tiempo, en un ambiente donde destacan el extremismo, el autoritarismo, la vigilancia gubernamental y la más desvergonzada desinformación.

En resumen hecho por el periodista y comunicólogo uruguayo Aram Aharonian, “la realidad del modelo estadounidense es el enorme poder de los grandes capitales y de sus medios de información dominantes para influir sobre las decisiones políticas e imponer su agenda por encima de la voluntad popular, que en la práctica anula la pretendida igualdad de derechos de los ciudadanos. Y a ello se suma un racismo estructural que mantiene a millones de personas fuera del cuerpo político, condenados a ser carne de cañón para las aventuras imperiales y el negocio de las transnacionales de la guerra y los armamentos”. Estados Unidos le ha presentado al mundo, así, una historia falsamente democrática e igualitaria que busca esconder la realidad de ese racismo estructural que sobresale en su superficie cuando la policía hace uso de una violencia extrema contra aquellas personas que no encajan con el fenotipo del wasp (white, anglo-saxon y protestant — ’blanco, anglosajón y protestante’); lo que, gracias a su gran industria ideológica, repercute en la percepción de muchas personas en relación con su propia realidad y la de su país, ilusionados con disfrutar del bienestar material que allí, en igualdad de condiciones y oportunidades, pareciera existir para todos.

La autoglorificación de Estados Unidos como el garante del equilibrio internacional ha repercutido, además, de una manera negativa en los destinos de muchas naciones alrededor del mundo. Esto se expresa en lo que Claudio Katz define como «sistema imperial» que «es la principal estructura de expropiación, coerción y competencia, que apuntalan los grandes capitalistas para preservar sus privilegios». El aparato de coerción internacional que lidera Estados Unidos se basa, más que todo, en la supremacía militar que aún mantiene, sólo que ya no al mismo nivel que antes cuando desembarcaba sus tropas en cualquier región del mundo y hacía alarde de sus ataques con misiles de un modo impune; no como ahora que requiere de la participación de sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o de algún Estado vasallo como Ucrania para confrontar a las potencias que califica de rivales y enemigas. 

A partir del 11 de septiembre de 2001, la clase dominante de Estados Unidos logró hacer desaparecer -de un modo casi por completo- la ruptura del consenso interno adverso que ocasionó en su momento la guerra emprendida contra Vietnam. Desde entonces, los jerarcas del Pentágono -como factor imprescindible del imperialismo gringo - asumieron la tarea del reposicionamiento de sus fuerzas militares en todo el espectro mundial. En un primer lugar, en el amplio territorio de nuestra América, y, en un segundo lugar, pero no menos importante, la puesta en marcha de un vasto plan de dominación geopolítica caracterizado por el rediseño de las fronteras existentes, con un énfasis especial en aquellas regiones que contengan en abundancia los recursos naturales necesarios para el sostenimiento del «american way of life». Como una mejor justificación para su implementación, se esgrimió la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes y el terrorismo, en lo que otros, siguiendo lo expuesto en 1996 por Samuel Huntington, han terminado por calificar como choque de civilizaciones.

Como aliciente de su política imperial, las acciones de un terrorismo marginal, generalmente atribuido a grupos de inspiración, aparentemente, islámica, pero que son armados y financiados por sus propios órganos militares y de inteligencia, han contribuido a mantener viva la paranoia desatada a raíz del derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York. Es lo que explica la razón por la cual Israel (una subpotencia imperialista en la región de Oriente Medio) ataca inmisericordemente a las poblaciones palestinas ante la mirada impávida (y cómplice) del resto de naciones. Esto también le sirve para mantener a raya a individuos y agrupaciones que tiendan a desestabilizar el orden constituido, cuyos historiales suelen compartirse en una serie de agencias de seguridad e inteligencia de carácter interno, de una manera más detallados que los elaborados por el Buró Federal de Investigaciones (o FBI) cuando personajes como Charles Chaplin, Malcolm X y Martin Luther King ocupaban la primera plana de las preocupaciones de los gobiernos estadounidenses.

No resulta nada inédito que, como lo afirmó el poeta Rafael Alberti, «Estados Unidos planta por la paz sus pabellones y pide por la paz la Tierra entera» La agenda militarista estadounidense -ahora compartida y ejecutada por la OTAN- está dirigida a este propósito, por lo que le es altamente necesario deshacerse de todo otro poder que pueda entrar en competencia con su hegemonía. Así ello cause una hecatombe de proporciones mundiales, tal como se desprende de las conclusiones de algunos analistas que entreven en la conflictividad y las tensiones generadas en la península de Crimea, el mar de China y, más cercana, geográficamente hablando, en el territorio del Esequibo, donde confluirían las tres potencias principales del planeta junto con sus aliados militares; en un escenario semejante al presentado en los días previos al estallido de la Primera Guerra Mundial.

VENEZUELA EN EL CONTEXTO DE LA DOCTRINA IMPERIALISTA DE SEGURIDAD NACIONAL

Homar Garcés

 

Las masacres de Cantaura en 1982, de Yumare en 1986, de El Amparo en 1988 y de el Caracazo en 1989 se producen en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, elaborada por el imperialismo gringo y extendida, desde la época de los años 60 del siglo XX, a Venezuela y a todo el conjunto de naciones de nuestra América, cumpliéndose así con el objetivo de asegurar su hegemonía continental a través del poder detentado por las camarillas políticas y las clases sociales dominantes. Son también una demostración más que evidente de su internalización entre los miembros de los distintos organismos policiales y militares que, respondiendo a la tradición y a la instrucción con que fueran (o son) formados, ven en las demás personas (salvo aquellas que se encuentran encumbradas en posiciones de poder político y económico) a seres que poco importan y, por lo tanto, a quienes se puede inferir cualquier clase de daño, gracias a la autoridad que representan. De ese modo, mediante la aplicación de esta doctrina de seguridad nacional en nuestro país quedaban abolidas de facto las garantías a la inviolabilidad de la libertad personal, la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de las correspondencias personales, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la protesta, en lo que son, indudablemente, delitos de lesa humanidad. Cuando se consideraba necesario, aparte de la detención y de la tortura, se recurrió a la llamada ley de fuga, con la cual los funcionarios quedaban exonerados de cualquier recurso ante las instancias legales competentes; auxiliados, en muchos casos, por los medios de información que divulgaban, como un hecho verdadero y comprobado, la versión oficial, a pesar de sus inconsistencias y el escenario inverosímil en que sucedieron cada uno de estos acontecimientos.

 

 

En el contexto de la Guerra Fría (la modalidad de guerra mundial sostenida por los polos imperialistas de la URSS y Estados Unidos), la hipótesis de conflicto interno que contemplaba la doctrina de seguridad nacional estableció que la existencia y la acción de organizaciones consideradas subversivas por los estrategas militares debía considerarse el enemigo a derrotar y, por tanto, quedaba justificado no solo el uso de la fuerza sino cualesquiera método que permitiera el logro de este propósito. De esa manera, hechos como la huelga iniciada en julio de 1977 en la C.A. Bananera de Venezuela, ubicada en el estado Yaracuy, quedaron insertados en esta categoría, llegándose a suprimir la vigencia de los derechos humanos, incluso de personas ajenas a los mismos. Lo que no sería ninguna novedad para estos ciudadanos venezolanos, dados los antecedentes de represión padecidos durante las décadas de los 60 cuando las fuerzas militares maltrataron y ejecutaron campesinos en su estrategia de exterminio de los frentes guerrilleros que se hallaban en esta zona geográfica.

 

 

El 4 de octubre de 1982, en el sector Los Changurriales, adyacente a la vía entre las poblaciones de El Tigre y Cantaura del estado Anzoátegui, funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (cuya jefatura era ejercida por Remberto Antonio Uzcátegui Bruzual) llevan a cabo la ejecución de veintitrés militantes de la organización Bandera Roja, del Frente Guerrillero Américo Silva, en lo que sería, según la versión oficial, un «encuentro armado» en el cual destaca el uso de aeronaves tipo Canberra y OV-10 Bronco y la participación del tenebrosamente famoso comisario de la DISIP Henry Rafael López Sisco, con un largo historial de asesinatos de diversos luchadores políticos y sociales. Pese a ser capturadas con vida, se evidenció que fueron ajusticiadas sumariamente, sin un debido proceso, con disparos de armas de fuego de alto calibre en la parte posterior de la cabeza; lo que desmiente el relato de las autoridades, difundido ampliamente en los diferentes medios de información del país y el informe del médico forense Guillermo Antonio Solano, adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ). Al igual que en otros sucesos similares, hubo encubrimiento de parte de todas las autoridades involucradas, incluso del Ministerio Público Militar, en lo que constituyó una clara violación de los derechos humanos y el desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano. 

 

 

En la masacre de Yumare, en el sector conocido como La Vaca, del caserío Barlovento, distrito Bolívar, del estado Yaracuy, interviene también el tenebrosamente famoso comisario de la DISIP Henry Rafael López Sisco, director de operaciones de este cuerpo policial, además de jefe de su grupo de comando de acciones especiales. Allí, el 8 de mayo de 1986, se encontraba pernoctando un grupo de luchadores sociales y políticos con la idea de conformar la Corriente Histórico-Social, basada en el ideario revolucionario del Libertador Simón Bolívar, el cual fue infiltrado por cuatro funcionarios de la DISIP, quienes dan parte a López Sisco del lugar y de la cantidad de personas allí concentradas, alevosamente asesinadas, mientras dormían y totalmente indefensos al no poseer armamento alguno. Gracias a que hubo dos sobrevivientes, el país pudo conocer lo que realmente ocurriera, en momentos en que se suponía que la lucha guerrillera estaba en declive y sus últimos combatientes ya habían manifestado su intención de dejar las armas. Dicha masacre comprueba el grado de odio anticomunista (o anti-izquierdista) que, desde los años iniciales de la década de los 60, permeará a todos los grupos de poder existentes en Venezuela, en connivencia con el imperialismo gringo que los asesoró y los apertrechó ideológica y logísticamente para impedir que cualquier idea y movimiento popular contrario a sus designios pudieran prosperar y magnificarse en todo el territorio nacional.

 

 

La masacre de catorce pescadores ocurrida durante el mandato del presidente Jaime Lusinchi (1984-1989) en el caño La Colorada, de la población de El Amparo del municipio Páez del estado Apure (octubre de 1988), a manos de efectivos del Comando Específico Antisecuestro y Antiguerrillero José Antonio Páez (comandado por el general Humberto Camejo Arias y conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, ahora llamada Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, denominado en la actualidad como Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) no sólo constituyó un escándalo por la cantidad de personas abatidas sino por el hecho que el presidente y su ministro de la defensa, general Ítalo del Valle Alliegro, mintieron descaradamente al país al afirmar que éstos eran guerrilleros integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, versión que fue desmentida por dos sobrevivientes, Augusto Arias y Volver Gregorio Pinilla; resultando un falso positivo, del mismo modo que se haría algo común en el territorio colombiano. 

 

Jesús Eduardo Brando, en un artículo publicado en el diario El Nacional, el 10 de julio de 1990, «Redefinición de objetivos de FAN obliga a revisar gasto armamentista», recordó que «personeros militares partícipes en lo que puede considerarse el acto represivo de mayor intensidad y escala de la historia contemporánea de Venezuela, el denominado Caracazo (27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 1989), sin pudor alguno, calificaron a estos sucesos como fuente de inspiración para los fracasados golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992, por cuanto en teoría  rechazaron la acción brutal de la Fuerza Armada, pese a ser ellos, precisamente, los  ejecutores de aquella masiva operación punitiva, para la cual recibieron, sin oponerse cuando debieron en función de los principios alegados posteriormente, la formación táctica necesaria, pues en mayo de 1990, valga la anécdota, fueron entrenados en el denominado Ejercicio Conjunto 01-90, diseñado según sus planificadores para …"evaluar el entrenamiento y capacidad de respuesta de las FAN ante el eventual desencadenamiento de disturbios civiles, bajo coordinación y supervisión permanente y continua de la Jefatura de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas"» . Resaltan entre estos ejecutores, Hernán Grüber Odremán, el contralmirante de la insurrección del 27 de noviembre de 1992, destacado en el Teatro de Operaciones número 3, y Carlos Vethencourt Rojas, coronel que llegó a integrar el Consejo Legislativo del estado Lara en representación del partido MVR, también destacado en el Teatro de Operaciones número 3. No obstante las explicaciones a posteriori, es innegable que la antigua doctrina de seguridad nacional se mantiene vigente en Venezuela, en uno u otro sentido, a pesar de lo establecido constitucionalmente en materia de respeto a los derechos humanos, lo que explica la actitud que algunos funcionarios asumen frente a cualquier ciudadano, sea éste o no un delincuente; lo que impondría la necesidad de una completa revisión legislativa y administrativa que tienda a eliminar este viejo vestigio de la Guerra Fría en este país bolivariano. 

ÉTICA Y POLÍTICA: UN CONFLICTO ENTRE BANDOS OPUESTOS

Homar Garcés

 

A través de la historia no ha habido ningún personaje que haya sido del todo justo y bueno aunque su imagen actual sea la de un santo o la de un héroe digno de emular por todos. En el pasado, los sectores populares solían exigir, generalmente, de quienes les gobiernan (especialmente en regímenes que proclaman la soberanía popular como el eje central de sus actuaciones e intereses) formas ejemplares de ser y de comportarse. Sin embargo, todo eso empezó a relativizarse y relajarse, dependiendo del momento y del tipo de dirigentes o gobernantes cuestionados y hallados culpables de cometer alguna clase de inmoralidad. En Estados Unidos, «paradigma» de la democracia mundial, por citar solo dos ejemplos, el presidente Richard Nixon tuvo que renunciar al cargo luego que se demostrara su responsabilidad al ordenar a funcionarios de seguridad espiar en las oficinas del comando nacional de campaña del Partido Demócrata, en lo que se llamó el escándalo de Watergate; mientras que al presidente Bill Clinton se le eximió de ser condenado por los tribunales que lo investigaron por mantener una relación sexual con Mónica Lewinsky. Otros casos podrían citarse, algunos vinculados con el crimen organizado, como en Colombia con el narcotráfico y el paramilitarismo durante las presidencias de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez. O en la vieja Italia con Silvio Berlusconi. En conjunto, la desafección y la deslegitimación de la actividad política viene aparejada por el relajamiento producido en la conducta de aquellos que acceden a las cúpulas del poder, aprovechándose de la buena fe y de las necesidades de quienes les otorgan, confiados, su voto.

 

Hay que entender que en cualquier latitud del planeta, el fin primordial de la política sigue siendo, sencillamente, la conquista del poder. No entenderlo así sería pecar de ingenuo, creyendo en el paraíso prometido, pero bajo parámetros terrestres. En síntesis, la conquista del poder supone la existencia de un conflicto entre bandos opuestos, ya sean organizaciones político-partidistas o clases sociales, que, normal y aparentemente, se fundamenta en el logro supremo del bien común. Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental europea, al vincular la ética con la política, expresaba que “conducirse éticamente significa querer el bien por sí mismo. El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado”. Una concepción de virtud y vida buena que se ha visto rebasada y, hasta, ridiculizada por la moral imperante en el mundo político contemporáneo, haciéndola ver como algo arcaico e innecesario; todo lo cual incide en el comportamiento observado entre gobernados y gobernantes, tocados todos por el deseo de acceder a una existencia fácil y confortable, al alcance de la mano.

 

Como ya lo anotáramos, la política -entendida como el arte de un buen gobierno republicano- ha sido trastocada por intereses particulares, unidos a intereses comerciales usualmente extranjeros, pero que también pueden asociarse a conglomerados internos; lo que ha hecho de la misma un trampolín seguro para alcanzar un statu de riqueza que, de otra forma, resultaría difícil de disfrutar. Por eso, la justificación de la utilización de medios moralmente dudosos en la política no solo halla espacio en la mentalidad de los gobernantes y demás dirigentes políticos sino también (y es lo más preocupante) entre sus seguidores, soñando emularlos aunque únicamente les toquen algunas migajas. Esto ocasiona la erosión del principio político de isonomía o, lo que es lo mismo, la igualdad de todos ante la ley, respecto a derechos y deberes, en lo que debiera constituir una verdadera democracia. En vez de ello, pululan los políticos que ven al resto de individuos como meros instrumentos para alcanzar y usufructuar el poder, lo que influye, de una u otra manera, en la corrupción extendida de los funcionarios. 

 

No obstante, aún prevalece la convicción sobre el justo empleo de ese poder. Aunque no se pueda esperar una intervención divina en el curso de los acontecimientos humanos, sobre todo en los relacionados con la política. Por eso se requieren ciertas líneas de acción que permitan conjurar los riesgos que provienen de la ambición que corroe el escenario político. Como bien lo expusiera Nicolás de Maquiavelo en su época, la humildad (con el agregado de la inteligencia) no necesariamente le ganará a la soberbia por el mero hecho de que una es buena y la otra mala. Sería lo ideal. «Pero tan exigente empresa -afirmará en su más famoso libro- requiere la generación de ciudadanos virtuosos, políticamente capaces, obedientes a leyes que se dan a sí mismos, servidores del bien público, dispuestos a aprender, participando en política, cuáles son los costes de generar, conservar y desarrollar la libertad que comparten. Ciudadanos entregados a la acción y a la lucha pública por sus libertades». Esto nos obliga a entender y a comprender que la ética y la política se rigen por lógicas que se muestran contrarias entre sí, lo que hace que su estudio y su explicación tengan una complejidad aún mayor de la que pudiera inferirse, dado el sentido común predominante que es, básicamente, aquel que conviene a los intereses de las clases sociales dominantes.

SIMÓN BOLÍVAR, CARNE Y LECCIÓN DE UNA INSURGENCIA PERMANENTE

Homar Garcés

 

Pocos años después de su fallecimiento, en torno al Libertador Simón Bolívar se trazó una línea divisoria que buscó separar por siempre sus ideales, sus luchas y su personalidad de todo aquello que representara la historia de luchas e intereses redentores de los sectores populares. De esta manera, hubo una apropiación interesada de la figura de Bolívar por parte de los sectores dominantes, ubicándose a sí mismos como sus únicos y legítimos herederos, por lo que cualquier disidencia en su contra constituiría una herejía imperdonable, merecedora de excomunión y de todo castigo (encarcelamiento, expatriación o muerte). Toda referencia al Libertador tendría que hacerse según el canon establecido por la historia oficial, en lo que será el culto a su personalidad, convertido, para el caso de los sectores populares, en una deidad inalcanzable y en una dádiva celestial inmerecida, dada su rebeldía constante en oposición a los designios de dios y de sus insignes gobernantes, los «burgueses» criollos.

 

«Al analizar el pasado -según refiere Néstor Kohan en su libro "Simón Bolívar y nuestra independencia”- se descubren las fuentes de los sufrimientos actuales (que poco tienen que ver con “la ira de Dios” o algún “pecado original” y mucho con los robos, saqueos, matanzas y genocidios terrenales). Los poderosos prefieren una visión discontinua y entrecortada de la historia donde cada generación rebelde, sin conocer las experiencias anteriores, debe comenzar de cero. Así, ellos terminan siendo los propietarios del pasado como son propietarios de todo lo demás. Por eso intentan esconder los orígenes y borrar la historia. Eludirla, ocultarla o convertirla, como propone la filosofía del posmodernismo, en un videoclip esquizofrénico, una secuencia azarosa de hechos sin ninguna racionalidad ni sentido global. Cuando no pueden borrar, tergiversan y deforman, construyendo 'historias oficiales'». De ahí que, pese al esfuerzo continuo de quienes buscan que se vea la historia de nuestros pueblos como una cuestión marginal y de poca trascendencia, se imponga la recomendación del mismo Kohan, al exponer que «conocer la historia nos permite crear conciencia y consolidar la identidad personal, comunitaria, de clase y nacional enriqueciendo la autoestima popular para la lucha». Esto requiere revolucionar las distintas concepciones que se tengan de la historia, comenzando por rescatar y resaltar la historia local, aquella que comprende la historia de nuestras comunidades y regiones, e integrarla a la que define el pasado común de nuestras naciones; evitando en todo lo posible la reproducción ideológica del eurocentrismo, lo que es decir, de la colonialidad.

 

Con Simón Bolívar, se debe evitar la visión simplista del proceso independentista que se ha transmitido tradicionalmente, haciéndolo el Libertador único, predestinado por la providencia, del mismo modo que la imagen de crueldad sádica que buscan imponerle algunos resentidos (como ocurre actualmente en el reino de España); sin ahondar mucho en las diferentes circunstancias que propiciaron su liderazgo y los cambios revolucionarios que asegurarían la soberanía y la prosperidad de cada uno de los países bajo su mando y sin olvidar su labor en pro de la integración federada de las antiguas colonias españolas. En esta orientación, es necesario enmarcar la independencia más allá de un simple deseo de desprenderse del dominio español, entendiéndola como un enfrentamiento entre opresores y oprimidos que trastocó, de raíz, el orden jerárquico que regía el tipo de sociedad existente entonces y que, aún, tras dos siglos, se mantiene irresoluto.

 

La insurgencia de los sectores populares tuvo, en consecuencia, una connotación más integral de lo que se ha divulgado a través de la historia oficial. No sólo motivada por razones económicas o de sobrevivencia sino también por su propia liberación y en contra de la explotación y de todas las injusticias  sufridas. Se puede aseverar, sin mucha exageración, que el proceso independentista incluye múltiples rebeldías, no solo la protagonizada por los representantes de la clase pudiente o dominante ( lo que fue un rasgo común en todo el imperio español en la América meridional), lo que amplía los factores, los propósitos y las motivaciones que concurrieron en este proceso. Por eso, la insurgencia postergada de los sectores populares de nuestra América, producto de la ambición de sus nuevos gobernantes, en connivencia con los factores imperialistas de Europa y Estados Unidos, adquiere ahora un carácter anticapitalista y antiimperialista a nivel continental. En ésta, Bolívar es un referente imprescindible, lo que incomoda grandemente a quienes detentan el poder, dentro y fuera de nuestras naciones. La negación de Bolívar sería, por tanto, la negación de esa insurgencia postergada de nuestra América que es preciso desarrollar, con la misma visión internacionalista que caracterizara la acción estratégica de cada uno de los libertadores; sin obviar los aportes innovadores de nuestros grandes maestros Simón Rodríguez y José Martí, entre otros no menos destacados.

 

La historia de sometimiento, expolio, esclavitud, servidumbre, robos de tierras y de recursos naturales, asesinatos de dirigentes sociales y políticos, violaciones, masacres y marginalidad sistemáticas que algunos insisten en minimizar e ignorar en beneficio de sus mezquinos intereses es una parte fundamental del tipo de formación económico-social que conocemos como el sistema capitalista mundial. El cambio de élites (y de imperio) no produjo, prácticamente, ningún cambio significativo para el pueblo, lo cual le condujo a movilizarse y a emprender luchas, rebeliones y protestas de diferentes niveles para ampliar y conseguir sus derechos, garantizados constitucionalmente, pero pisoteados y desechados por todos aquellos que usufructúan el poder, en cualquiera de sus denominaciones. Todos estos elementos no podrán pasarse por alto si se aspira a lograr una verdadera transformación estructural del modelo civilizatorio imperante en toda nuestra América. La insurgencia postergada de nuestros pueblos, representada no únicamente por Simón Bolívar sino igualmente por otros próceres de la época independentista (hombres y mujeres de todo color de piel y condición económica), así también de épocas posteriores, debe asumirse como un amplio y profundo proyecto de liberación que se extiende más allá de nuestras fronteras locales. «Bolívar -escribe Néstor Kohan en su libro sobre el Libertador- vuelve a inspirar nuevas rebeldías, las antiguas y otras nuevas que resignifican sus antiguas proclamas de liberación continental incorporando nuevas demandas, derechos y exigencias populares». En el presente siglo, su legado se nutre de fuentes diversas y se expresa por medio de las acciones de múltiples tipos de organizaciones sociales, culturales y políticas que enfrentan, por igual, a los grupos oligárquicos criollos, al imperialismo gringo y al capitalismo neoliberal que este defiende; lo cual establece un nexo con las primeras luchas iniciadas y protagonizadas por indígenas, negros esclavizados, mulatos, zambos, mestizos y blancos criollos empobrecidos que desembocarían, posteriormente, en la liberación política del dominio hispano. Para finalizar, habrá que recordar las palabras de Bolívar al general José Antonio Páez en 1819: “¡Lo imposible es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de lo posible se encargan los demás todos los días!”. Tal convicción deberá hacerse carne y lección de la insurgencia permanente que le tocará asumir, tarde o temprano, a los sectores populares, si aspiran al logro de una emancipación integral, sin desmayo ni vacilaciones.

EL FACTOR IDEOLÓGICO DE LA LUCHA GUERRILLERA EN VENEZUELA

DESAPARECIDOS: LA HISTORIA NO CONCLUIDA DE LA DEMOCRACIA PUNTOFIJISTA

Homar Garcés

 

Como lo testimonia Pedro Pablo Linares en su libro «La lucha armada en Venezuela», existe «una memoria clandestina y perseguida» que escasamente ha despertado el interés de la mayoría de nuestra población, haciendo que la misma sólo cuente para sus sobrevivientes y para quienes se empeñan en re-descubrir objetivamente el pasado, sin concesión alguna a las versiones oficiales que suelen ocultar lo ocurrido. En nuestra nación, las desapariciones de incontables seres humanos por causas políticas llevadas a cabo de modo sistemático por los cuerpos de represión del Estado durante las décadas de los 60, 70 y 80 (sin incluir los miles de asesinatos perpetrados en 1989 al ocurrir el Caracazo) siguen siendo un capítulo oscuro de la historia de la democracia representativa en Venezuela; todo lo cual impone la necesidad histórica y revolucionaria de indagar exhaustivamente sobre quiénes fueron los responsables y quiénes los ejecutores de semejante barbarie, exigiendo la justicia que se merecen las víctimas de la doctrina de seguridad nacional que le impusiera Washington a los regímenes bajo su control en nuestra América. Desde aquella aciaga época hasta la presente, las diferentes diligencias hechas con este objetivo han tropezado generalmente con un muro de silencio y de complicidades diversas con que se busca inutilizar el reclamo de familiares, amigos y compañeros de lucha, aun bajo un régimen que, en apariencia, reivindica sus banderas e ideales de liberación nacional y socialismo.

 

Como lo explicó el entonces diputado José Vicente Rangel: «La figura de los desaparecidos surge en Venezuela a fines de 1964. En realidad, el término quizás no sea muy correcto, ya que de lo que se trata es de un simple secuestro de ciudadanos por parte de un organismo policial. Producida la detención, ésta nunca llega a ser reconocida por las autoridades, provocando en consecuencia una intensa búsqueda del detenido por sus familiares con la consiguiente desesperación a medida que las gestiones resultan negativas. Este método despiadado ni siquiera fue empleado por Rómulo Betancourt, quien se prodigó en el ensayo de una variada gama de recursos represivos orientados a eliminar al adversario político, segregar ideológicamente y quebrantar la organización de las fuerzas revolucionarias. La desaparición corresponde, en propiedad, al régimen de Raúl Leoni; su gestación hay que buscarla en el progresivo debilitamiento del poder civil y en la hipertrofia de la actividad militar durante esta etapa. El vacío que se crea en la conducción de la política interior durante el ejercicio ministerial de Gonzalo Barrios, fue llenada por una actividad oscura y marginal, al comienzo reñida con toda norma civilizada, consagrada luego por la práctica como expresión regular. Muchas de las personas que se mencionan como desaparecidas se las ha ‘tragado la tierra’, como se dice en lenguaje popular. Sus familiares ya perdieron la esperanza de encontrarlas». Una práctica que fue continuada por el gobierno de Rafael Caldera, a quien se le creó una aureola de pacificador de las guerrillas venezolanas, olvidando lo realizado por las Fuerzas Armadas, las policías regionales, la Policía Técnica Judicial (PTJ) y la Dirección General de Policía (DIGEPOL), transformada luego en la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), con similares objetivos, en contra de luchadores sociales y revolucionarios, principalmente de estudiantes y campesinos. 

 

Como fórmulas para contener la disidencia y las olas de luchas sociales, manifestaciones callejeras y rebeliones armadas, en las instituciones militares y policiales del país fueron una práctica común los asesinatos selectivos contra dirigentes políticos y sociales acusados de ser guerrilleros o militantes comunistas, la aplicación de formas sádicas y tecnificadas de torturas y la desaparición forzada de hombres y mujeres, cuyo delito fue soñar y luchar por una mejor Venezuela. Todo esto bajo la supervisión de oficiales de la Misión Militar estadounidense (con oficinas en Fuerte Tiuna), del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia (mejor identificada por sus siglas en inglés, CIA), en beneficio de los grupos oligárquicos nacionales, las grandes corporaciones transnacionales (especialmente, las dedicadas a la explotación petrolera) y, por supuesto, del imperialismo gringo. Hubo, además, la imposición anticonstitucional del Código de Justicia Militar, sin derecho al debido proceso, a personas que no integraban ningún cuerpo militar, convertido en instrumento de represión política; así como el control militar de diferentes territorios, bajo la presunción de hallarse grupos subversivos en ellos y con el deliberado propósito de causar terror en la población (sobre todo, de origen campesino), lo que constituyó una violación a los preceptos legales vigentes en esa época. En los llamados Teatros de Operaciones Antiguerrilleros, situados en diversas regiones, tales como Cabure (estado Falcón), Boconó (estado Trujillo), La Marqueseña (estado Barinas), El Tocuyo (estado Lara), Yumare (estado Yaracuy), Cachipo (estado Monagas), El Guapo (estado Miranda), Cocollar (estado Sucre) y Cumanacoa (estado Sucre), se aplicaron todos estos métodos, muchos de ellos aprendidos en la tétricamente famosa Escuela de las Américas, situada en la Zona del Canal de Panamá en manos de Estados Unidos y ahora convertida en Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, en Fort Benning, en el estado de Georgia. Como complemento, hubo grupos parapoliciales y paramilitares organizados por el partido Acción Democrática, conocidos como la Cobra Negra, la Sotopol (capitaneada por Hugo Soto Socorro) y la Manzopol (liderada por José Manzo González, ministro del presidente Jaime Lusinchi). Para tener una más detallada idea de lo que sucedió en estos Teatros de Operaciones, se puede recurrir al libro «TO3 - Campo antiguerrillero» de Efraín Labana Cordero, en el cual narra al periodista Freddy Balzán, en presencia de José Vicente Rangel, la detención, las acusaciones y las torturas padecidas a manos de funcionarios de la DIGEPOL y de las Fuerzas Armadas de Cooperación (FAC), comúnmente conocidas como Guardia Nacional (GN). De esta manera, Venezuela estuvo regida por una democracia burguesa militarizada. 

 

En búsqueda de esa justicia postergada se elaboró la Ley para sancionar crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas durante el periodo 1958-1998, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional bajo la presidencia del diputado y ex combatiente guerrillero Fernando Soto Rojas y promulgada por el presidente Hugo Chávez el 15 de noviembre de 2011. En esta materia, se debe reconocer la labor cumplida por la ahora repudiada Luisa Ortega Díaz (ex militante del Movimiento Político Ruptura) en su condición de Fiscal General de la República y presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, lo que dió pie para que se conformara un equipo multidisciplinario encargado de imvestigar los miles de casos de violaciones de derechos humanos -haciendo caso omiso a lo establecido constitucionalmente como Estado de derecho- perpetradas durante las cuatro décadas de hegemonía de los factores políticos, sociales y económicos de lo que históricamente se denomina pacto de Punto Fijo. También es de resaltar el rol cumplido por el antropólogo Pedro Pablo Linares y el equipo técnico al rescatar los restos muchas de las víctimas de la represión puntofijista, entre ellos, los del Teniente Nicolás Hurtado en Ospino, estado Portuguesa. Como complemento de todos los esfuerzos hechos para darle un justo lugar a estos acontecimientos en la historia venezolana se puede mencionar al Museo Memoria Histórica de la Lucha Armada del Siglo XX en Venezuela 1969-1992, representado por los combatientes guerrilleros Teófilo Ramón Caro y Octavio Beaumont Rodríguez, dedicado a escudriñar y a sacar a la luz pública esa «memoria clandestina y perseguida» que conforma la historia no concluida de la democracia puntofijista que es necesario rescatar y difundir para una mejor comprensión de la historia contemporánea venezolana.

LA LUCHA GUERRILLERA EN LA COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE VENEZUELA